“No importa cuánto tardemos, la meta es llegar y plantarnos frente al Congreso Nacional para que se anule la reciente Ley de Minería aprobada por los diputados”, expresó Firmo Matute, indígena de una de las tribus de Cuyamapa, Yoro.
Al igual que él, un aproximado de 300 personas entre representantes de organizaciones ambientalistas y dirigentes de diferentes comunidades de El Progreso y otros municipios de Yoro partieron ayer a pie hacia la capital con el fin de hacer ese y otros reclamos al Gobierno.
En el grupo que tiene programado llegar a Tegucigalpa a mediados de la otra semana, también van dirigentes de grupos campesinos del departamento de Colón que exigirán a los entes encargados de aplicar la justicia la liberación de su compañero Isabel Morales, preso por problemas de tierras en el Bajo Aguán.
La caminata, en la cual participan hombres y mujeres, comenzó a las 8:00 am en el desvío de La Barca en la carretera del norte, eso con el fin de llamar la atención de las autoridades y funcionarios que normalmente circulan por esa vía.
Estos llevan pancartas y mantas de rechazo a las mineras que ya se anuncia llegarán a varios municipios de Yoro.
La Ley
El Congreso Nacional aprobó el 23 de enero la nueva Ley de Minería casi a la medianoche, luego de un largo debate y que finalmente obtuvo el visto bueno de la mayoría de los diputados.
Honduras ya tenía siete años de tener una Ley Minera incompleta, ya que en el año 2005 la Corte Suprema de Justicia derogó 13 artículos de dicha legislación, entre los cuales se encontraban los referentes a la recaudación de impuestos a las empresas mineras.
La nueva ley ha causado polémica en diferentes sectores de la sociedad, que han señalado que tiene modificaciones que solo perjudican al país.
Entre los puntos negativos que se especifican es que por lo indicado en el artículo 47 se afectaría la soberanía nacional, ya que se le permite, además de a las empresas mineras, también a otros Estados ser beneficiados con una concesión.
Además en el artículo 49 se pone en riesgo el derecho privado de territorios y además en la nueva legislación no se establecen responsabilidades penales o administrativas contra quien incumpla las leyes ambientales.
Luego de conocer todos esos aspectos y ante la eminente instalación de empresas mineras para explotar los minerales en las montañas yoreñas, donde ya realizaron estudios, es que las diferentes organizaciones han comenzado a exigir que se anule. Víctor Manuel Peña, miembro de los grupos ambientalistas de El Progreso, dijo que no pueden permitir la instalaciones de mineras en la montaña Mico Quemado porque estarían destruyendo las fuentes de agua y a la vez se terminará con la tranquilidad de las comunidades que han existido en esa zona por décadas.
“También nos estamos oponiendo a las ciudades modelo”, apuntó.
