Tegucigalpa, Honduras.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se quedarán sin protección del Estado.
El Gobierno y el Congreso Nacional determinaron que los magistrados no merecen contar con protección especial.
El Congreso Nacional aprobó el Decreto 323-2013, contentivo de la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario. Dicho decreto se publicó el 1 de julio de 2014 en el diario oficial La Gaceta 33,467.
“La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico que regula la implementación de las medidas de protección especial para las personas naturales que presten o hayan prestado servicios al Estado y que como consecuencia directa de decisiones y actuaciones inherentes a su cargo estén expuestos a riesgos extraordinarios y amenazas reales contra su integridad o la de su núcleo familiar”, cita el primer artículo.
En la ley se definen tres categorías de funcionarios y exfuncionarios. En la categoría uno se incluye a los presidentes y expresidentes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En la dos, el fiscal general y fiscal general adjunto, exfiscales generales, secretarios y exsecretarios de Estado de Seguridad y Defensa Nacional, presidentes y expresidentes de las comisiones de seguridad y defensa del CN y, cuando así lo requiera el caso, los miembros de dichas comisiones, previo análisis de riesgo.
En la categoría tres, la ley dispone también brindar protección al director y exdirectores de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, jefe y exjefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, director y exdirectores de la Policía Nacional, jueces con competencia nacional y otros constituidos para el tratamiento de casos de crimen organizado, fiscales especiales en esta materia.
La ley no incluye en ninguna de las tres categorías a magistrados ni exmagistrados de la CSJ como meritorios de gozar de una protección especial del Estado.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se quedarán sin protección del Estado.
El Gobierno y el Congreso Nacional determinaron que los magistrados no merecen contar con protección especial.
El Congreso Nacional aprobó el Decreto 323-2013, contentivo de la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario. Dicho decreto se publicó el 1 de julio de 2014 en el diario oficial La Gaceta 33,467.
“La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico que regula la implementación de las medidas de protección especial para las personas naturales que presten o hayan prestado servicios al Estado y que como consecuencia directa de decisiones y actuaciones inherentes a su cargo estén expuestos a riesgos extraordinarios y amenazas reales contra su integridad o la de su núcleo familiar”, cita el primer artículo.
En la ley se definen tres categorías de funcionarios y exfuncionarios. En la categoría uno se incluye a los presidentes y expresidentes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En la dos, el fiscal general y fiscal general adjunto, exfiscales generales, secretarios y exsecretarios de Estado de Seguridad y Defensa Nacional, presidentes y expresidentes de las comisiones de seguridad y defensa del CN y, cuando así lo requiera el caso, los miembros de dichas comisiones, previo análisis de riesgo.
En la categoría tres, la ley dispone también brindar protección al director y exdirectores de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, jefe y exjefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, director y exdirectores de la Policía Nacional, jueces con competencia nacional y otros constituidos para el tratamiento de casos de crimen organizado, fiscales especiales en esta materia.
La ley no incluye en ninguna de las tres categorías a magistrados ni exmagistrados de la CSJ como meritorios de gozar de una protección especial del Estado.
