Tegucigalpa, Honduras.
La próxima semana entra en plena vigencia la legislación que da potestades al presidente de la República para ordenar la aplicación de pruebas de confianza a los altos funcionarios del Estado.
Se trata de la publicación en el diario La Gaceta del Reglamento de la Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza, contenida en el decreto 254-2013.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, Tomás Zambrano, explicó que con esta ley se faculta al presidente de la República ordenar la aplicación de pruebas a sus funcionarios, incluso a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y funcionarios que por ley o reglamento deban ser sujetos a dichas pruebas.
Amplió que la Superintendencia es un órgano desconcentrado del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional, con independencia técnica, funcional, administrativa y presupuestaria.
Ámbito de la Ley
Zambrano indicó que la función de esta Superintendencia será aplicar las pruebas de evaluación de confianza a los servidores públicos de la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Fuerzas Armadas y los funcionarios que por ley, reglamento o mandato están sujetos a dichas pruebas, a fin de garantizar la confiabilidad de dichos servidores públicos en sus cargos.
Las pruebas de confianza son los instrumentos que se aplican para cuantificar la confiabilidad del servidor público en el cargo que desempeña.
Se aplica a investigaciones de campo, evaluaciones, estadísticas y demás herramientas que faciliten la medición.
El congresista dijo además que la ley también será aplicable a funcionarios de alto nivel del Gobierno, de instituciones descentralizadas a solicitud del presidente de la República.
La Superintendencia contará con una base de datos que contenga toda la información del personal que labore en los entes a los que les es aplicable la presente ley y, para efectos de control y seguimiento, la información se actualizará una vez al año.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad verificará que la información se administre de forma reservada y con criterio de seguridad nacional.
La Superintendencia estará a cargo de un superintendente y las unidades de Análisis Toxicológico, Psicométrico, Socioeconómico, Patrimonial, Poligráfico y cualquier otra que se estime pertinente para el cumplimiento de sus objetivos.
El superintendente será nombrado por simple mayoría de los miembros que integren el Consejo de Defensa y Seguridad.
El diputado Zambrano expuso que esta ley no viola ninguna garantía constitucional con la aplicación de estas pruebas.
Todos los funcionarios de la Superintendencia, previo al ejercicio de sus funciones, serán sometidos a la práctica de las Pruebas de Evaluación y Confianza, para garantizar la estabilidad laboral, profesionalismo e independencia de dichos funcionarios.
