Tegucigalpa, Honduras.
La depuración en el Poder Judicial tiene el aval del Ministerio Público, pues así lo oficializó el órgano acusador del Estado en un dictamen que remitió a la Sala de lo Constitucional.
Dicha opinión está incluida en el expediente del recurso de amparo que interpuso el juez Rosman Pineda Mendoza contra la resolución que adoptó el Consejo de la Judicatura de suspenderlo del cargo de coordinador del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo.
Desde que asumió funciones, el Consejo de la Judicatura se resolvió separar del cargo a 76 funcionarios y empleados judiciales. Según estadísticas, 32 fueron destituidos, 34 suspensiones provisionales y 10 fueron reintegrados.
La mayoría de los separados son jueces, quienes interpusieron recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional, argumentando violación de derechos. Tanto Rosman Pineda como otros jueces suspendidos argumentaron una violación al debido proceso.
Para dictar sentencia en el recurso de Rosman Pineda, la Sala de lo Constitucional solicitó al MP que emitiera un dictamen ilustrativo.
En su dictamen, la Fiscalía de Defensa de la Constitución recomendó a la Sala denegar el amparo; sin embargo, los cinco magistrados hicieron caso omiso a la opinión ilustrativa y otorgaron el recurso, que instruye revocar la suspensión y proceder al reintegro.
El amparo fue otorgado porque en la resolución de la suspensión del cargo el Consejo expone que la misma no es recurrible, es decir, que no se puede impugnar.
A juicio del juez Pineda, esto es una violación al debido proceso, específicamente al derecho de defensa. Así lo valoró la Sala Constitucional en su fallo.
En su dictamen, la Fiscalía de Defensa de la Constitución sostiene que el Consejo de la Judicatura resuelve suspender de forma provisional a un servidor judicial, sin que la misma constituya una sanción para el investigado.
La depuración en el Poder Judicial tiene el aval del Ministerio Público, pues así lo oficializó el órgano acusador del Estado en un dictamen que remitió a la Sala de lo Constitucional.
Dicha opinión está incluida en el expediente del recurso de amparo que interpuso el juez Rosman Pineda Mendoza contra la resolución que adoptó el Consejo de la Judicatura de suspenderlo del cargo de coordinador del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo.
Desde que asumió funciones, el Consejo de la Judicatura se resolvió separar del cargo a 76 funcionarios y empleados judiciales. Según estadísticas, 32 fueron destituidos, 34 suspensiones provisionales y 10 fueron reintegrados.
La mayoría de los separados son jueces, quienes interpusieron recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional, argumentando violación de derechos. Tanto Rosman Pineda como otros jueces suspendidos argumentaron una violación al debido proceso.
Para dictar sentencia en el recurso de Rosman Pineda, la Sala de lo Constitucional solicitó al MP que emitiera un dictamen ilustrativo.
En su dictamen, la Fiscalía de Defensa de la Constitución recomendó a la Sala denegar el amparo; sin embargo, los cinco magistrados hicieron caso omiso a la opinión ilustrativa y otorgaron el recurso, que instruye revocar la suspensión y proceder al reintegro.
El amparo fue otorgado porque en la resolución de la suspensión del cargo el Consejo expone que la misma no es recurrible, es decir, que no se puede impugnar.
A juicio del juez Pineda, esto es una violación al debido proceso, específicamente al derecho de defensa. Así lo valoró la Sala Constitucional en su fallo.
En su dictamen, la Fiscalía de Defensa de la Constitución sostiene que el Consejo de la Judicatura resuelve suspender de forma provisional a un servidor judicial, sin que la misma constituya una sanción para el investigado.
