A raíz de las irregularidades detectadas en el proyecto residencial Ciudad Tecnológica Rosa Elena de Lobo, la actual junta directiva del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), resolvió suspender todos los trámites de préstamos para esta urbanización, mientras se emite un informe de ingeniería a fin de determinar la continuidad de los financiamientos o el resarcimiento de daños por parte de la empresa constructora.
La directora del Injupemp, Martha Doblado, informó ayer que la decisión se adoptó en la sesión de junta directiva del pasado 26 de febrero del presente año en base a las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría Interna y de la División de Ingeniería, cuyo contenido dio a conocer en exclusiva LA PRENSA en su edición del lunes de la presente semana.
Lo controversial es que la decisión de suspender los financiamientos se adoptó 10 meses después de que se emitiese un revelador informe en el que se ponían de manifiesto las graves anomalías detectadas en el referido proyecto habitacional y del enorme riesgo que el mismo implicaba para los beneficiarios del sistema que adquirieron las casas y para las finanzas del Injupemp.
El informe fue entregado el 11 de junio de 2013 a la entonces junta directiva del Injupemp, presidida por el exviceministro de Trabajo, Carlos Montes Rodríguez, y el director de la institución, Andrés Torres Rodríguez, pero en ese momento no se hizo nada al respecto a pesar de las graves irregularidades que ahí se detallaban.
La Unidad de Auditoría advirtió que la “construcción de dicho proyecto con materiales de baja calidad, sin supervisión adecuada y con la violación de los estándares de construcción, constituían riesgos ciertos para el adquiriente de la vivienda porque se podría desmoronar fácilmente y en segundo lugar para el Injupemp constituía un riesgo de recuperabilidad del crédito”.
La auditora interna Belky Aguilar indicaba en el documento que la mala calidad de las habitaciones constituían un “riesgo muy alto financieramente hablando” y en el futuro (las casas) se volverían activos eventuales sin ningún valor y podría generar responsabilidad civil, administrativa y penal a las autoridades que aprobaron el proyecto por los perjuicios ocasionados a las finanzas del instituto. En ese sentido, sugirió reestructurar el proyecto solicitando un estudio de factibilidad a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) para determinar la recuperación de las viviendas, o en su defecto negociar el resarcimiento de daños y perjuicios a la institución o entablar las acciones legales correspondientes contra la constructora.
De acuerdo con las investigaciones, las viviendas adquiridas por Injupemp a la constructora Solvisa presentaban graves fallas infraestructurales, inadecuado diseño, pésima calidad de los materiales utilizados, mala mano de obra, falta de servicios básicos como agua y alcantarillado, puertas desniveladas y techos sin solera inferior, superior ni intermedia, entre otras fallas.
La inversión efectuada
Doblado aclaró que el Injupemp no construyó directamente las viviendas en Ciudad Tecnológica, sino que se limitó a financiar la adquisición de las mismas a sus beneficiarios, ya que existe una disposición legal que prohíbe invertir en proyectos habitacionales para evitar precisamente lo que ocurrió con Ciudad Mateo.
Indicó que hasta principios del año pasado el Injupemp había aprobado la adquisición de 23 viviendas en esa urbanización para hacer una inversión total de 10 millones de lempiras, por lo que no supo explicar la cifra de 100 millones de lempiras que, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se mal invirtieron en dicha obra.
“No sé de dónde sacó el CNA esa cifra, pero puede traer el auditor que quiera y lo que va encontrar aquí son 23 casas aprobadas que suman un total de 10,084,800 lempiras y la primera casa fue aprobada el 23 de noviembre de 2012 y la última el 18 de enero de 2013 en la administración de don Andrés Torres, porque mi gestión comenzó el 6 de febrero”, precisó la funcionaria. De acuerdo con fuentes del Injupemp, las anteriores autoridades habían acordado la compra de al menos 300 viviendas en Ciudad Tecnológica. Según revela el informe, entre marzo y abril de 2013 se desembolsaron 17 préstamos por la cantidad de 7.5 millones de lempiras y 13 más se encontraban en proceso. Posteriormente, entre los meses de abril y mayo de ese mismo año se tramitaron otras 123 solicitudes con la modalidad de adquisición de terreno y construcción simultánea.
De acuerdo con los datos proporcionados, cada inmueble tuvo un valor de 438,900 lempiras para cada uno de los 23 adjudicatarios, para hacer un total de 10 millones desembolsados en préstamos hipotecarios.
Por otro lado, Doblado confirmó que los informes de Auditoría e Ingeniería contenían serias inconsistencias y debilidades en la construcción del proyecto; pero adujo que ella no conoció dichos documentos porque su cargo estaba limitado como asistente de la Dirección Ejecutiva.
Consultada del porqué el informe de auditoría fue aplicado tan tardíamente a sabiendas que el proyecto no reunía las condiciones técnicas y legales, la titular del Injupemp se limitó a decir que “no sabría decirle porque no se acató, porque yo desconocía de ese informe y Auditoría Interna no me mandó copia a mí y es hasta que asumo la dirección que llego a conocerlo”.
