Tegucigalpa. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aún no resuelve un recurso de amparo interpuesto contra el auto acordado que define el proceso para extraditar a hondureños.
Dicho auto acordado fue aprobado en el pleno de la Corte Suprema y su vigencia inició el 11 de junio de 2013, cuando fue publicado en el diario oficial La Gaceta.
El 27 de junio de ese año, Raúl Suazo, apoderado legal de Carlos Arnoldo Lobo, conocido como el Negro, interpuso un recurso de amparo en contra de dicho instrumento en el que solicitó la suspensión del acto reclamado y posterior derogación al considerarlo ilegal por atentar derechos y garantías.
La Sala Constitucional inició el trámite para su resolución, pero no lo ha resuelto tras cumplirse 10 meses de haberse interpuesto.
Por consiguiente, Suazo interpuso en la tarde del viernes una denuncia en la Sala Constitucional para que resuelva la demanda. Asimismo, un notario levantó un acta.
