Tegucigalpa. El punto toral que sostiene la división y la discusión de distintos sectores sobre la legalización o no de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), o Levonorgestrel, es determinar el efecto que tiene el fármaco dentro del útero.
En octubre de 2009 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo 154-2009, que prohibió el uso y la comercialización de la PAE.
Este decreto, que pasó a ser parte de las leyes del Estado, se basó en un dictamen del Colegio Médico de Honduras, que señalaba que la pastilla tenía efectos abortivos.
Este mismo estudio fue utilizado para que el 1 de febrero de 2012 la Corte Suprema de Justicia emitiera un dictamen que prohibía el uso de esta píldora por considerarla abortiva.
Estas determinaciones fueron aplaudidas por distintos sectores de la sociedad civil, organización provida y líderes religiosos de las iglesias Católica y Evangélica.
Las posturas y aprobaciones de las autoridades del país han sido contrarias a las diseminadas por la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, el Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que afirman que la PAE no es abortiva.
