Tegucigalpa, Honduras.
Armados con fusiles, cientos de militares y policías se desplegaron este martes en las unidades del transporte público de la capital de Honduras para detener la violencia contra conductores y pasajeros de criminales que asaltan, matan y cobran extorsiones.
Policías y militares se subían de dos en dos en los buses y se instalaban en las estaciones y paradas a lo largo de las calles y avenidas que cruzan la accidentada topografía de Tegucigalpa, de un millón de habitantes.
'Yo no iba a salir a trabajar pero ahora ya con el ejército nacional nos sentimos seguros', dijo a la AFP el chofer de un bus que cubre la ruta desde la marginal colonia Flor del Campo (suroeste) hasta el centro de la capital.
'Este año nos han matado a tres compañeros. Uno el 4 de enero y dos en febrero; sólo llegaron y les dispararon; gente muy humilde que andaba ganándose el pan de cada día para él y su familia', lamentó el hombre, quien se identificó como 'un perjudicado' al pedir el anonimato por temor a represalias.
Matan como perro
Pero en Tegucigalpa no todos sienten el mismo alivio que ese chofer. 'Eso es pura falacia. A los días ya no andan (los militares y policías en los buses) y lo matan a uno como un perro', afirmó un vecino de la colonia mientras transitaba por la calle y observaba a los militares subidos en las unidades de transporte.
Los militares y policías 'deberían andar permanentes' en los buses, dijo otro vecino de la zona que vende verduras en la acera de un barrio obrero, de casas de concreto y amuralladas con barrotes en puertas y ventanas, feudo de las pandillas.
'Esperamos que estas acciones sean permanentes, que se sostengan para que vengan a beneficiar a los usuarios y trabajadores del transporte público', coincidió el dirigente de los transportistas, Jorge Lanza.
Un despachador de buses en el mismo barrio dijo a la AFP que diariamente cada transportista debe pagar a los pandilleros 200 lempiras (10 dólares) por extorsiones, conocidas como 'impuesto de guerra'.
Explicó que si los transportistas no pagan, secuestran a alguno de ellos. Si persisten en no pagar, aparece muerto. En otros casos, los pandilleros no avisan, sino que matan a tiros al que se rehúsa a pagar, frente a los aterrados pasajeros.
Según las autoridades, los miembros de las pandillas utilizan menores de edad para hacer los cobros, pues si son detenidos van a centros correccionales y no a prisión.
Del 'impuesto de guerra' son víctimas también dueños de negocios y en algunos casos hasta particulares tienen que pagarlo para poder vivir en sus casas en los llamados barrios calientes, controlados por pandillas y donde la presencia policial es esporádica.
Plan integral de seguridad
El presidente, Juan Orlando Hernández, anunció el lunes 'un plan integral' que 'garantice al pueblo hondureño un servicio con condiciones de seguridad aceptables, en el que el transportista y el trabajador también sientan que es un trabajo digno el que tienen'.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en el 2013 fueron asesinados 113 transportistas, la mayoría conductores de buses y taxis, en asaltos y extorsiones.
Cerca de 2.000 buses cubren unas ochenta rutas en la capital hondureña, donde también prestan el servicio unos 8.000 taxis.
Desde que asumió el pasado 27 de enero como presidente, Hernández ha emprendido una ofensiva contra la criminalidad en Honduras, país que tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, de 79 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Universidad Nacional.
En una de las medidas de mayor impacto, el presidente ordenó el bloqueo de señales de teléfonos móviles en las 24 cárceles y media docena de correcionales de menores, desde donde operan las bandas de narcotraficantes, secuestradores, roba carro y extorsionadores.
Según la Fiscalía, en los últimos tres meses han sido denunciados 1.300 extorsionadores, 60 de los cuales están presos, al ser capturados in fraganti por la Unidad antiextorsión creada en el gobierno anterior de Porfirio Lobo.
