Tegucigalpa. La creciente actividad delictiva desbordó la capacidad de los fiscales del Ministerio Público (MP).
Las cifras así lo reflejan, cerca de 20,000 expedientes de denuncias sin completar la investigación son parte de la mora en el órgano acusador del Estado.
Es una herencia que reciben los fiscales generales, Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuéllar.
En el MP laboran 430 fiscales, pero en las circunstancias actuales debería tener el doble, es decir, más de 800 en todo el país.
“Esta situación ha ahogado el actuar de cada uno de nuestros compañeros a lo largo del país”, expresó Roberto Ramírez Aldana, director de fiscales.
Los fiscales tienen que hacer de investigadores, citadores y todo el trabajo jurisdiccional que la función les impone.
Por tal situación, el fiscal general, Óscar Chinchilla, determinó de manera inmediata proceder a juramentar a un equipo de nuevos fiscales.
Existe una planilla de 60 abogados ya capacitados y evaluados en un proceso de selección; de estos, el lunes se juramentará a 32 nuevos agentes que se distribuirán en todo el país, “para hacer respirar un poco a los compañeros fatigados por las cargas laborales que les han impuesto”. Admitió que existe un mal enfoque en la contratación de personal, ya que los 430 fiscales constituyen la columna vertebral del MP para ejercer la acción penal; sin embargo, están contratados unos 2,500 empleados. Existe personal supernumerario en relación con la contratación de fiscales.
La Fiscalía General y Dirección de Fiscalías conformarán un equipo para definir una ruta de deducción de responsabilidades en el caso de encontrar fiscales corruptos.
