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Con L55,000 millones se contratarían 200,000 docentes

  • 08 junio 2012 /

Con la exagerada suma reclamada por el magisterio también se podrían reparar, en tres veces, los 19,000 centros educativos del país.

Unos 200,000 nuevos profesores se podrían contratar con los 55,000 millones de lempiras que reclama el sector magisterial al Estado por concepto de aumento correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012.

Con esos fondos se podría desarrollar, en tres ocasiones, el Plan Maestro de Infraestructura Escolar que impulsa la Secretaría de Educación y Seplan (Secretaría de Planificación y Cooperación Externa).

Y qué decir de las maravillas que se podrían hacer en Salud con la contratación de más médicos, construcción de centros de salud, adquisición de más insumos y medicamentos, compras de equipos, entre muchas otras.

Igualmente con la adquisición de granos básicos para reducir la desnutrición en la niñez, la ampliación de la merienda escolar o la construcción de obras de infraestructura

Los maestros interpusieron esta semana un reclamo administrativo ante la Secretaría de Educación para que el Gobierno les haga ese pago.

Julio Raudales, titular de Seplan, comentó que actualmente se requieren cerca de 700 millones de dólares, es decir unos 14,000 millones de lempiras, para ejecutar ese Plan Maestro.

Con ese Plan Maestro se pretende rehabilitar casi el 95% de los centros escolares y de colegios (que se estiman en 19,000 en todo el país) que se encuentran en una situación precaria.

El Plan también busca dotarlos de materiales y equipo acorde con la educación de los tiempos actuales.

Sin embargo, el Gobierno ha expresado que no cuentan con los recursos para ejecutar ese programa de una manera inmediata y para eso se busca el apoyo financiero de la cooperación internacional.

Con esos fondos también se podrían contratar cerca de 200,000 nuevos maestros, es decir, casi diez veces más de lo que necesita el país para los próximos diez años.
Marlon Brevé, exministro de Educación, analizó que el Gobierno requiere, para los próximos diez años, abrir 23,000 nuevas plazas en las que se invertirían unos 6,000 millones de lempiras.

Brevé argumentó que el sistema necesita 5,000 docentes, en 10 años, que enseñen inglés, 500 por año.

Para alcanzar la meta de elevar cobertura en educación media, subir de séptimo a noveno de 45 a 100% y los bachilleratos de 28 a 100% se necesitan 15,000 plazas, adicionales a 5,000 de inglés a un plazo de 10 años.

Además de eso, está el crecimiento vegetativo, que sumadas a las de inglés y de cobertura, elevaría de 2,000 a 3,000 las plazas por año durante los próximos 10 años, o sea 23,000 plazas en 10 años.

Eso implica 200 mil lempiras por plaza, o sea 6,000 millones de lempiras en las 23,000 plazas que requerirá el sistema en los próximos diez años, según Brevé.

Con los 55,000 millones de lempiras que demandan los maestros también se podría reparar en 110 ocasiones el sistema vial primario de todo el país.

Según Miguel Ángel Gámez, ministro de Soptravi, esa dependencia requiere unos 500 millones para reparar los tramos en mal estado.

Directores se sienten perseguidos y hostigados

Un grupo de directores departamentales de Educación acusó
ayer al ministro Marlon Escoto de “perseguirlos” y “hostigarlos”.

La reacción de los funcionarios ocurre apenas 24 horas después de que Escoto anunciara que abrió un expediente administrativo contra el director departamental de Francisco Morazán, Carlos Rápalo.

Los funcionarios ofendidos se dieron cita ayer en horas de la tarde en la oficina de la Dirección Departamental de Francisco Morazán para explicar a los medios que Escoto no está actuando basado en lo que contempla la ley. Gilberto Aníbal Benítez, director departamental de Cortés, dijo que es evidente que el ministro está “violentando el derecho de las personas, de los trabajadores y a nosotros como funcionarios de la educación de ser escuchados... no ha querido tener una reunión de trabajo con nosotros”.
La Dirección de Cortés al igual que la de Intibucá y Comayagua son investigadas por Escoto debido a que, según el ministro, cuenta con documentos que apuntan a la supuesta comisión de ilícitos en el otorgamiento de plazas y otros asuntos administrativos.