El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, amenazó
ayer con revisar la conducta administrativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Según analistas, en términos de aplicación de Constitución de la República, esta advertencia no es más que la antesala a la destitución de los magistrados.
Los roces entre el Poder Legislativo y el Judicial se acentuaron cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que gravaba con el uno por ciento a las empresas, y recientemente anuló el decreto de la ley de las iglesias evangélicas. También el Ministerio Público emitió opinión que declara inconstitucional la ley de las ciudades modelo.
El problema estribaría, según Hernández, en que los fallos judiciales serían en represalia porque el Congreso aprobó la investigación de los bienes de los policías, jueces, magistrados y fiscales, a lo que se opone cierto sector de los operadores de justicia.
El titular del Legislativo dijo lo anterior en el programa Frente a Frente de Canal 5, que dirige el periodista Renato Álvarez, horas antes de reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.
Comisión de abogados
Hernández anunció que en las próximas horas nombrará una comisión de abogados para estudiar la legalidad de los últimos fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional.
En dicha Sala se encuentran pendientes por resolver recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley de las ciudades modelo, la ley del Inprema, la tasa de seguridad y la ley Fundamental de Educación, entre otras.
Juan Orlando Hernández confirmó que existen versiones que además la Corte Suprema pretende declarar inconstitucional la nueva Ley de Educación y hasta la misma ley que seguirá el proceso de depuración de los operadores de justicia.
¿Qué pasará si esta comisión encuentra que los fallos emitidos por la Corte no están apegados a la ley? ¿No se mandarán a publicar las sentencias?, o esto provocará que se revise la conducta administrativa de los magistrados?, fueron las preguntas, cuyas respuestas de Hernández
quedaron en el aire.
“Vamos a nombrar una comisión que nos revise esas sentencias con abogados que sean parte del Congreso y fuera del Congreso, y también revisaremos la parte de la atribución del Congreso que se refiere a la revisión de la conducta administrativa de los magistrados, a manera de que vayamos cumpliendo también con nuestro deber, es un imperativo para el Congreso, entonces, queremos tenerlo ya estructurado y no adelantarnos a lo que pueda pasar”, dijo.
