Reformas legales tendientes a optimizar la depuración de la Policía les plantearon ayer al Congreso Nacional las autoridades de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, DIECP.
El director nacional y el adjunto de la DIECP, Óscar Manuel Arita y Eduardo Villanueva, les expusieron a los legisladores las barreras jurídicas encontradas en el contexto del decreto legislativo 198-2011 y las enmiendas que es necesario hacer para darle a la DIECP un poder más determinante en las resoluciones que adopte.
Arita y Villanueva se reunieron con miembros de las comisiones legislativas de seguridad y presupuesto del CN para plantear la revisión del marco jurídico que dio vida a la institución.
La reunión sirvió también para que los congresistas conocieran las necesidades presupuestarias de la DIECP, en vista de que la asignación de 30 millones establecida en el decreto de creación no permite cubrir todos los programas y proyectos que se ejecutarán.
La DIECP es una entidad desconcentrada de la Secretaría de Seguridad, encargada de investigar los delitos y faltas cometidos por miembros de la carrera policial.
“Si no se hacen las correcciones necesarias en la legislación, ocurriría lo que ya ocurrió en el pasado, o sea que serían separados los malos policías, pero luego de algún tiempo podrían regresar al servicio, con lo que se provocaría una burla de los anhelos de la población hondureña y se generaría un desperdicio de recursos humanos y materiales”, señalaron en su exposición.
Investigar patrimonio
La DIECP les pidió a diputados contar con facultades para extender los estudios socioeconómicos y patrimoniales que se harán a los policías, también a las personas del grupo familiar del servidor policial investigado.
Se argumentó que existen muchas formas de encubrir los bienes y el dinero adquiridos de forma ilícita, una de las más comunes es traspasarlos a familiares y amigos.
Además se propuso legislar para el procedimiento de defensa del policía investigado.
El Ministerio Público le solicitó a Seguridad los expedientes de los 92 policías destituidos y suspendidos de sus cargos.
“Espero ser claro en el sentido de que me manden los expedientes que de acuerdo con los hechos se hayan cometido”, dijo el fiscal general, Luis Rubí.
