Según el diputado Mario Pérez, miembro de la Comisión Especial de Seguridad, las renuncias de Luis Rubí y Roy Urtecho serán presentadas el lunes al pleno y, como se trata de decisiones irrevocables, no les queda otra opción a los diputados que aceptarlas.
En cuanto a si es necesario en la misma sesión nombrar a los fiscales reemplazantes, el diputado Mario Pérez afirmó que no, pues existe una Comisión Interventora a la que el Congreso Nacional le ha delegado las funciones del Fiscal General y del Fiscal Adjunto, cuya operatividad está vigente hasta el 31 de julio del corriente año.
Indicó que de aquí al 31 de julio deberá haber conversaciones entre las principales fuerzas políticas del Congreso para elegir a los titulares del Ministerio Público.
Sin embargo indicó que hay una tendencia muy fuerte en el Legislativo para que la Junta Interventora asuma esa responsabilidad hasta el término del período constitucional.
Pérez indicó que el Congreso Nacional no cometerá el error de elegir improvisadamente a nuevos fiscales.
Indicó que responsablemente se trabaja en una nueva ley que será aprobada en esta legislatura y ratificada en la siguiente.
Harán nueva ley
El Congreso Nacional instalará mesas temáticas para la creación de la nueva Ley del Ministerio Público, informó el asesor legal del Poder Legislativo, Eval Díaz.
La reforma de la Ley Orgánica ha cobrado vigencia luego de conocerse los informes sobre las acciones de esa institución, creada mediante Decreto Legislativo No 228-93, vigente desde el 6 de enero de 1994.
Díaz indicó que para el lunes han sido convocados los diputados para conocer y aprobar las renuncias de Rubí y Urtecho.
Además se instalarían “mesas temáticas” para crear la nueva Ley del Ministerio Público “con procedimientos más reales sobre la selección de las personas que dirigirán esta institución del Estado”, dijo Díaz.
El aspecto más controversial que se avecina es el método para escoger a los candidatos a la Fiscalía General y Fiscalía Adjunta.
Los aspirantes a dirigir el Ministerio Publico son escogidos por una junta nominadora que presenta sus propuestas al Congreso Nacional.
Los funcionarios electos pasan por un proceso de audiencias públicas.
