18/04/2024
04:05 PM

Juicio político a Luis Rubí recobra fuerza

Entre las irregularidades detectadas por comisión interventora de la Fiscalía figura el aumento de 1,000% en gastos de alquiler.

Luego de las reveladoras comparecencias de los titulares de los órganos operadores de justicia y especialmente de la Comisión Interventora del Ministerio Público,
incrementos indiscriminados e injustificados a ciertos fiscales
.

En 2012 se incrementó en 1,000% el gasto en alquiler de vehículos, por 10.4 millones de lempiras. Mientras tanto, entre 2009 y 2012 se dispararon en 2,000% los gastos de representación que impidieron dotar de material básico a la institución, como papel y toners para impresoras.


Además se encontró logística deficiente y hacinamiento, como en la Fiscalía de Delitos Comunes. Como ejemplo de las anomalías, la Comisión citó el caso de una delegada protocolar encargada de comprar flores que gana casi el doble de los fiscales con 10 años de antigüedad que arriesgan la vida.

Frente a ese cúmulo de irregularidades descubiertas en poco menos de dos meses por los interventores, en el Congreso Nacional volvió a adquirir fuerza el inicio de un juicio político contra el fiscal general o en su defecto pedirle la renuncia inmediata para no llegar a este extremo.


No obstante, lo que sellará el destino del titular del Ministerio Público será el informe final que presentará la Comisión Interventora dentro de 11 días, al cabo de su gestión de dos meses al frente de esa cuestionada institución.

Esta semana es clave

Ebal Díaz, asesor del presidente del Congreso Nacional, reveló que este poder del Estado está considerando ampliar más el período de la Comisión Interventora, ya que ha hecho una labor interesante y su trabajo no ha generado mayores conflictos dentro de la institución.


Dijo que cualquier decisión con respecto al destino del Ministerio Público se tomará esta semana, en vista de que la próxima el Congreso entra en receso y no sería conveniente que la Fiscalía quede acéfala.

La Comisión Interventora del Ministerio Público entró en funciones el 17 de abril del presente año por un plazo de 60 días, que se cumplen precisamente la semana entrante.

El funcionario aclaró que cualquier decisión que se tome depende también del dictamen que emita la Corte Suprema de Justicia con respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado contra los miembros de la Interventora por la Asociación de Fiscales del Ministerio Público.

El diputado democristiano Augusto Cruz Asensio dijo que tras la comparecencia de la Comisión Interventora el fiscal general Luis Rubí solo tiene dos caminos: renunciar irrevocablemente y pedir que se le escuche o someterse a un juicio político en el Congreso Nacional.

“Después de esta comparecencia vienen las acciones que el Congreso deberá tomar y una de ellas puede ser la destitución del fiscal general por medio de la aplicación del juicio político. Otra de las acciones es prorrogar el plazo de la Comisión para que continúe las labores que se le han encomendado”, explicó.


El parlamentario señaló que lo expuesto ayer por la Interventora son solo las irregularidades administrativas descubiertas en la Fiscalía, pero han quedado pendientes los resultados de una investigación que establezca por qué el Ministerio Público no ha respondido adecuadamente en la lucha contra la inseguridad.

“El Poder Legislativo solo tiene dos caminos y cualquier otra cosa es perder el tiempo: o prorrogar el período para el que fue nombrada esta comisión o tomar la decisión final de destituir al fiscal si ese fuera el caso, pero el problema de la Fiscalía no solo es el fiscal, es un problema estructural de la institución”, dijo.

El diputado liberal Yuri Sabas expresó que los titulares de los órganos operadores de justicia hicieron denuncias serias, como la pérdida de 162 vehículos en la Policía y la compra irregular de aparatos de telecomunicaciones, a las que habrá que buscarles respuestas y deducirle responsabilidades a quien corresponda.

No busca entrometerse, dice Joh

Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, advirtió que si un fiscal no da resultados, no seguirá en el cargo.

Aclaró que la intención del Congreso al llamar a rendir cuentas es revisar si los resultados son positivos.

“Únicamente permanece en el cargo quien tiene desempeño positivo, buen rendimiento. No se puede seguir cargando con un fiscal que no termina encarcelando a nadie, no termina haciendo justicia”, dijo.

En el Congreso existieron ayer posiciones encontradas en las bancadas sobre la continuidad o no de laComisión Interventora.


Se espera que la Interventora presente el lunes un informe completo, que es cuando vence el período, y sería cuando se convocaría a una sesión extraordinaria.

Hernández comentó que el llamado para que los operadores de justiciar rindan cuentas no es para entrometerse, sino para revisar los resultados obtenidos por sus acciones, ya que se les ha dado todo el apoyo, incluyendo nuevas legislaciones y un presupuesto especial.

Irregularidades

1 Se erogaron 10.4 millones de lempiras en alquiler de vehículos. Con ese monto se podrían haber comprado tres carros blindados.

2 La partida de viáticos del MP era de L26.4 millones. Solamente la Fiscalía General y la Adjunta generaron el 23% de ejecución, de enero a abril, que se traduce en 6 millones de lempiras.

3
Los gastos de representación, 10 mil lempiras mensuales, son un sobresueldo a un grupo privilegiado que no son liquidados; se disparó en 2,000%, que asciende a unos 3.2 millones al año.