Juan Ferrera, coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad (CTF), declaró que desconoce que se pretenda pedir la reserva de las inversiones relativas a defensa y seguridad, pero indicó que debe primar la transparencia en el uso de los recursos y que no toda la información tiene que clasificarse.
El martes trascendió la pretensión de blindar ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) la información relacionada con las inversiones de la tasa de seguridad.
Ferrera no comparte que toda la información relativa a las inversiones de seguridad deba declararse en reserva en el IAIP, pero hay aspectos muy puntuales que pueden clasificarse para no alertar a los delincuentes.
“Hay ciertas cosas como los detalles y los propósitos que pudiesen tener algunas reservas, pero se puedan compartir con algunos sectores responsables”, dijo.
A su juicio no debe utilizarse la figura de la reserva para disfrazar u ocultar cierto tipo de información pública que es importante que la ciudadanía la conozca para que sepa en qué cosas se invierten sus impuestos.
“Creo que hay suficiente información que disfrazada de reservada no debe estar. Debe buscarse cómo se da a conocer porque hay cosas que posiblemente la ciudadanía quiera saber”.
El coordinador del CTF consideró que los montos de las inversiones deben hacerse públicos y ponerse a disposición de la ciudadanía porque en la medida que existe transparencia se gana la confianza de la sociedad.
Rechazan pretensiones
Mario Bustillo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), ahondó respecto a la idea de blindar la información del tasón porque el que “nada debe, nada teme”; por consiguiente, el Gobierno debe hacer pública toda la información disponible y no estar pensando en clasificarla.
Recordó que uno de los reclamos de la ciudadanía hondureña con respecto al uso de los fondos de la tasa de seguridad fue la irregular compra de las famosas cámaras de seguridad, ya que no hubo transparencia ni proceso de licitación pública.
“Entonces hay que evitar que ese tipo de compras se formalicen de esa manera”, aseveró Bustillo, quien demandó poner a disposición del público todas las inversiones que se hagan en seguridad.
Mar de dudas
El diputado Augusto Cruz Asensio, del Partido Demócrata Cristiano, señaló que acciones como la que se pretende hacer para ocultar información generan más dudas en la ciudadanía hondureña en cuanto al uso correcto de los fondos públicos y ratifican la inveterada costumbre de hacer todo al margen de la Ley de Contratación del Estado.
“Siempre que se habla de compras urgentes y por motivos distintos, lo único que hacen es generar dudas en la población hondureña; por lo tanto lo mejor, lo saludable, lo recomendable y lo correcto es que todas las inversiones del Estado deben realizarse dentro de los procedimientos que ya están establecidos”, afirmó.
El congresista dijo que la tasa de seguridad es un recurso que con mucho esfuerzo ha aportado el pueblo hondureño y debe destinarse única y exclusivamente al combate contra la criminalidad y manejarse de la forma más transparente posible.
El parlamentario cuestionó que más del 60% de los fondos desembolsados de la tasa se hayan destinado a cumplir los compromisos adquiridos en la compra irregular de las cámaras de seguridad, que hasta ahora no han proporcionado los resultados que las autoridades ofrecieron.
“La tasa de seguridad no puede estar remendando los compromisos que los secretarios de Estado contrajeron y que se supone debieron utilizar los recursos asignados en el presupuesto fiscal del año en que hicieron esas contrataciones”.
Asensio indicó que de aquí en adelante los recursos del tasón no deben destinarse a pagar deudas del Gobierno, sino para dotar de equipos y material a las secretarías de Seguridad y Defensa, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para enfrentarse a la delincuencia.
