Dentro de 10 días se comenzarán a aplicar las pruebas de confianza a los fiscales y a más tardar el 17 de mayo presentarán el primer informe al Congreso Nacional de los avances de su gestión,
anunció ayer la Comisión Interventora del Ministerio Público.
María Antonia Navarro, coordinadora de la comisión, junto con los otros integrantes propietarios, Lino Tomás Mendoza y Miriam Guzmán, y Ángela Madrid, suplente, se reunieron varias horas con los miembros de la comisión especial del Congreso y representantes de la cooperación internacional.
En esa cita se les entregaron los informes que revelan la situación del Ministerio Público, los que servirán de base para su trabajo, según dijeron.
A la vez enviaron un mensaje a la Asociación de Fiscales, en el sentido de que no tienen nada que temer respecto a la estabilidad laboral.
Las remociones dependerán de la evaluación que se haga en estos dos meses, dijo Lino Tomás Mendoza, miembro propietario de la comisión.
“No habrá barrida de personal. Sabemos que el país ha invertido muchos recursos en prepararlos. No se tiene la intención de destruir la institución, sino de fortalecerla. Esto tiene que verse como una oportunidad para que ellos (los fiscales) reciban el apoyo que necesitan para desarrollar bien su trabajo”, afirmó la comisionada Estela Guzmán.
Indicó que tanto ella como las abogadas Guzmán y Madrid solicitaron un permiso para ausentarse de sus cargos en la universidad, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Procuraduría de la República, respectivamente, por el tiempo que establece el decreto de intervención. “En cuanto a nuestro salario, hemos decidido que será el mismo que recibimos en las instituciones donde hemos venido trabajando, ya que hemos pedido permiso sin goce de sueldo para dedicarnos de lleno a esta labor”, afirmó la comisionada Navarro. En el caso de Lino Tomás Mendoza, que se dedica al ejercicio privado de su profesión, explicó que será promediado conforme al sueldo que devengan el resto de miembros de la comisión.
Navarro expuso que los salarios saldrán del presupuesto de 2.5 millones de lempiras que les asignó el Congreso y que los gastos que resulten del proceso de intervención serán auditados por el Tribunal Superior de Cuentas, de manera que el pueblo hondureño no debe temer que esos recursos serán desviados para otros propósitos.
La Comisión Interventora del Ministerio Público (MP) comenzará su trabajo de evaluación y depuración ante la oposición de diversos sectores que califican de inconstitucional la suspensión del Fiscal General y del Fiscal Adjunto. A una serie de preguntas, los interventores garantizaron que trabajarán incluso los fines de semana para cumplir la tarea que se les ha asignado.
“La sociedad hondureña demanda resultados prácticos y, en este caso, de resultados a corto plazo... Vamos a tener resultados y al cabo de estos dos meses, la sociedad en general va a poder sacar conclusiones si efectivamente nuestro trabajo fue juzgado o no y, a la larga, el resultado va a ser satisfactorio”, dijo Guzmán.“Esperamos en 60 días tener más de 60 ó 70% de lo que se nos ha encomendado, si no el 100%”, expresó Guzmán, aunque no descartó una ampliación del período de intervención.
Además aseguró que las acciones se enmarcarán en la legalidad y que podrían incluir la reubicación de fiscales de acuerdo con su experiencia y formación académica. Para los comisionados, a ocho puntos que establece el decreto les darán prioridad, como el diagnóstico integral de la institución, la evaluación y depuración de todas las estructuras, mediante la aplicación de las pruebas de confianza.
También está la reordenación de las direcciones, fiscalías especiales, fiscalías regionales y departamentales y otras estructuras para lograr la efectividad a corto y largo plazo. Otra prioridad es investigar de oficio o por denuncia todo acto de cualquier miembro del MP y proceder de conformidad.
Ángela Madrid López
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Actualmente se desempeñaba como coordinadora de la Procuraduría General de la República (PGR) en la zona norte del país.
Fue propuesta por el Partido Nacional para integrar la Comisión Interventora del Ministerio Público, donde quedó como miembro suplente. Se le cataloga como una mujer muy valiente, con carácter, sin cuestionamientos y con mucha experiencia en materia penal. La también notaria expresó ayer en conferencia de prensa que solicitará un permiso sin goce de salario para ausentarse de sus funciones en la PGR en la oficina de San Pedro Sula.
Miriam Guzmán
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Fue analista jurídica del Conadeh (2000-2002).
Fue gerente de Recursos Humanos de la Cancillería durante la gestión del excanciller Guillermo Pérez Cadalso en el gobierno de Ricardo Maduro. Fue directora de la Oficina de Registro de la Unah (2003-2005), gerente de Recursos Humanos (2005-2009) y consultora externa responsable del reclutamiento, selección y contratación del personal del Fondo Global (2008). Entre 2009 y 2012 fue asistente legal de la Unah. Actualmente se desempeñaba como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
María Antonia Navarro
Tiene 23 años de ser catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es la directora del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (Curla).
Fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y directora del postgrado de Derechos Humanos y Desarrollo en la alma máter.
Fungió ademas como secretaria del Consejo Universitario y fue asesora del Congreso Nacional cuando Juan Orlando Hernández era secretario de ese poder del Estado. En ese entonces, el Poder Legislativo lo presidía el actual gobernante Porfirio Lobo Sosa.
Lino Tomás Mendoza
Es abogado de profesión, vinculado al Partido Liberal. Durante la campaña política para las elecciones generales de 2005 fue candidato a diputado por Francisco Morazán y protagonista de la original campaña del “Combo del Chorizo” que consistía en hacer chorizos en vía pública que luego -con los también candidatos Jack Arévalo y Mauricio Mendoza- donaban a los transeúntes.
Antes había sido aspirante a alcalde capitalino por la corriente de Jaime Rosenthal, pero fue desestimado por este, que prefirió consignar en su corriente a José Azcona. Durante el gobierno de Manuel Zelaya fue director de Udeco.
