Las reformas planteadas a la Ley Marco de Telecomunicaciones, conocida como “ley mordaza”, es causa de preocupación entre diferentes sectores porque se atenta contra la libertad de expresión.
El proyecto, que se encuentra en proceso de “socialización”, es impulsado por el presidente Porfirio Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández, Ana Pineda y César Ham.
Uno de los que ha mostrado preocupación por las reformas que se pretenden realizar es el excoordinador de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), Eduardo Stein.
Según Stein, en ningún momento la Comisión, que fue integrada por el gobierno de Honduras para investigar los hechos que generaron la crisis política de 2009, ha recomendado poner en peligro la libertad de expresión.
“Genera inquietud la integración de una comisión o consejo que a través del proyecto de ley se pretende establecer para revisar los contenidos que se difunden a través de los medios de comunicación”, dijo.
Recomendaciones
La Comisión de la Verdad y Reconciliación, después de hacer una serie de investigaciones, llegó a la conclusión de que se debería dar algunas recomendaciones en diferentes ámbitos, entre ellos de los medios de comunicación social.
En este apartado, en el numeral 6, textualmente se establece: “Reformar la Ley de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en especial lo que atañe al sistema establecido por dicha comisión para conceder el otorgamiento de frecuencias y que no es el más adecuado para propiciar un verdadero ejercicio de la libertad de expresión y de información”.
Además de eso, se establece que la “Comisión Nacional de Telecomunicaciones es un ente regulador que no puede asumir la función de censor de la libertad de expresión y justificar en ello medidas arbitrarias, como las que avaló y ejecutó contra medios opositores al golpe de Estado”.
En el mismo apartado relacionado con los medios de comunicación se da a conocer que se debe “prohibir la práctica de cadenas radiales y de televisión impuestas desde el Estado, con la clara excepción de calamidad y emergencia nacional, y evitar la cancelación de las transmisiones de los sistemas de cable y otras opciones”.
Mientras que a los propietarios de los medios de comunicación se les recomienda: “fortalecer la libertad de pensamiento y promover las medidas que coadyuven a preservar la libertad ética y profesional de sus trabajadores de la comunicación”.
Rechazo total a la “ley mordaza”
Para este jueves se tiene programado realizar una jornada de “socialización” de la Ley de Telecomunicaciones, con el fin de discutir dicho proyecto que impulsa Porfirio Lobo Sosa, presidente de la República; Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional; Ana Pineda, ministra de Justicia y Derechos Humanos, y César Ham, director del Instituto Nacional Agrario (INA).
La mayoría de sectores de la sociedad creen que las reformas violentan la libertad de expresión, de prensa y de pensamiento.
Los primeros en pronunciarse en contra de dicha medida han sido el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Asociación de Prensa Hondureña (APH) y los propietarios de medios de comunicación independientes.
A estos se han sumado los partidos políticos entre ellos el Partido Liberal, Democracia Cristiana, Partido Innovación y Unidad (Pinu), Partido Anticorrupción (Pac), Alianza Patriótica y Libertad y Refundación (Libre).
Estos han sido claros en su posición de rechazo a que el gobierno violente la libertad de expresión y el derecho a la información.
También el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera Avilés, expresó su rechazo a la reforma a la Ley de Telecomunicaciones porque restringe la libertad de expresión.
Una comisión de diputados ha llevado el proyecto a por lo menos ocho ciudades, donde el rechazo de la sociedad también ha sido absoluto.
En muchas comunidades, los pobladores se han preguntado qué noticias pretenden que se oculten, tanto el Presidente como el titular del Legislativo.
