El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) rechazó las reformas a la Ley Marco de Telecomunicaciones, denominada “ley mordaza”, porque es atentatoria al derecho de los hondureños a expresarse libremente en contra de los abusos de los que detenta el poder.
Al igual que otros sectores políticos y sociales, el CPH fijó su posición luego que el Poder Ejecutivo concluyera el “proceso de consultas” de esa polémica iniciativa de ley y anunciara que en los próximos días la enviará al Congreso Nacional para su correspondiente aprobación.
La junta directiva del CPH se reunió para analizar los alcances del anteproyecto de ley definitivo y concluyó que el mismo atenta contra el derecho constitucional a la libertad de expresión y de prensa.
En ese sentido, el gremio anunció desde ya que no integrará ninguna instancia oficial o comisión que pretenda regular los contenidos de los medios de comunicación del país, ya que eso implicaría avalar medidas que son contrarias al ejercicio de la ciudadanía y los periodistas a expresarse libremente.
Las reformas a Ley Marco de Telecomunicaciones que el Gobierno impulsa con diversos sectores afines es objeto de fuertes críticas en vista de que limita derechos fundamentales de las personas a poder opinar y establece regulaciones para la asignación de frecuencias y la divulgación de contenidos que no sean del agrado del Gobierno.
Porfirio Lobo, titular del Poder Ejecutivo, concluyó el viernes la “concertación” de las enmiendas a la ley y advirtió que si se le pone “trancas” en el Congreso Nacional la someterá a un plebiscito, aún cuando esto implique la oposición de diferentes sectores, políticos, sociales y empresariales.
Juan Ramón Mairena, presidente del CPH, dijo que los periodistas no avalarán esta iniciativa en vista de que es “violatoria a la libertad de expresión y la libertad de prensa; además que después de cuatro jornadas de encuentros no se tomaron en cuenta la opinión de diferentes sectores”.
“Callar la voz del pueblo es callar la voz de Dios y el Colegio de Periodistas no va a avalar una normativa que viola el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son fundamentales en una democracia”, aseveró Mairena en consonancia con otros sectores sociales que rechazan esta cuestionada iniciativa gubernamental.
Señaló que esta iniciativa no solo afecta a los medios de comunicación, sino fundamentalmente a la ciudadanía que, de aprobarse, no tendrá derecho a pronunciarse, comunicarse, hablar a un medio de comunicación o tomar un teléfono para exteriorizar su descontento contra el Gobierno en un programa de radio y televisión.
