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Diputados exigen detener contrato de lanchas

  • 28 febrero 2013 /

German Leitzelar dice que si existen irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato, este podría rescindirse o anularse.

Diputados de los diferentes partidos políticos exigieron ayer a los órganos contralores y fiscalizadores del Estado una investigación ágil y seria que permita determinar si hay presuntas responsabilidades de los funcionarios que negociaron el contrato de arrendamiento y compra de ocho lanchas patrulleras para la Fuerza Naval de Honduras.

Los parlamentarios reaccionaron en esos términos tras la publicación de una serie de trabajos investigativos de Diario LA PRENSA, en los que se revela que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa habría negociado a un sobreprecio por el orden de los 29 millones de dólares (580 millones de lempiras) el alquiler de ocho lanchas patrulleras.

Marlon Pascua, ministro de Defensa, suscribió en agosto de 2011 un contrato con la sociedad Inversiones Marítimas Internacionales S.A de C.V, intermediaria de Damen Gorinchem, para el suministro, en calidad de alquiler, de dos corbetas Stand Patrol Span 4207 y seis Interceptors DI-1102, por un valor de 61.4 millones de dólares (1,228 millones de lempiras). Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso este diario revelaron que
los precios cotizados en febrero y marzo de 2011 al entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, y al actual secretario de Defensa, Marlon Pascua, difieren abismalmente.
Frente a estos hechos, los congresistas pidieron a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) apurar las indagaciones.

Expuestos a demanda

German Leitzelar, abogado y parlamentario pinuista, dijo que de existir irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato este perfectamente podría rescindirse o anularse, pero se corre el riesgo que el Estado de Honduras sea objeto de una nueva demanda judicial.

Recordó que como miembro de la Comisión de Defensa participó en la discusión del contrato de arrendamiento y compra de las ocho lanchas patrulleras y en ese momento no se detectaron irregularidades; no obstante, han surgido nuevos elementos que podrían dar lugar a la deducción de responsabilidades a los funcionarios involucrados.


Explicó que si se detectan irregularidades en el proceso de otorgamiento del contrato puede acarrear una acción de responsabilidad para los miembros del Poder Ejecutivo porque son los que negociaron el acuerdo.

Sin embargo, señaló que el país podría enfrentar una demanda y perderla en los tribunales de justicia tal y como ocurrió con la empresa mexicana Elsamex por incumplimiento de contrato en el caso de la carretera a Danlí.

Investigación de oficio

Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso Nacional, pidió a la Fiscalía contra la Corrupción y al Tribunal Superior de Cuentas actuar de oficio y declarar en suspenso el contrato de arrendamiento de las lanchas, mientras se realizan las investigaciones.

Ponce sugirió que se haga una cotización de precios internacionales para determinar el costo de las lanchas y si los mismos se ajustan a valores y estándares internacionales. Señaló que en todo esto obviamente tiene que haber voluntad política para llegar al fondo de este caso.

Compra injustificada

El diputado por Cortés Wenceslao Lara cuestionó el arrendamiento de las ocho lanchas hecho por la Secretaría de Defensa y dijo que no es un tema en el que el Estado debió invertir dinero en vista que existen otras necesidades en el país.

Señaló que no se justifica la multimillonaria compra de esas lanchas para combatir el narcotráfico, puesto que Estados Unidos es el comprometido a facilitar esas naves a Honduras para evitar que la droga llegue a su territorio.

“Nosotros no tenemos dinero para hacer semejantes inversiones, imagínese son 1,200 millones de lempiras que se aprobaron para esa operación, que no es ni siquiera una compra, sino una renta de lanchas”, apuntó.

Señaló que con ese dinero se pudieron contratar cientos de policías para dar seguridad a la población hondureña que vive en constante zozobra por la ola de criminalidad que azota el país.


El diputado Sergio Castellanos, de Unificación Democrática, exigió a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Cuentas que hagan una investigación seria del caso para que se deduzcan las responsabilidades administrativas a quien firmó el contrato.

Rodolfo Zelaya, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional, defendió la aprobación del contrato de arrendamiento; no obstante, indicó que el Poder Legislativo está abierto a hacer una revisión del mismo en caso que así lo soliciten los órganos fiscalizadores del Estado.

“La sociedad puede juzgar los alcances que puede tener la adquisición de este equipo para la seguridad del país y también nuestra Fuerza Naval tiene que cumplir el compromiso constitucional de dar seguridad en nuestra zonas marítimas y a nuestras fronteras”, arguyó.

“Finanzas pidió que se formara la empresa en el país”: Marlon Pascua


Marlon Pascua, ministro de Defensa, aseguró en reacción a la investigación realizada por LA PRENSA que todo el proceso de contratación que se hizo con la Sociedad Servicios Marítimos Internacionales S.A. de C.V. para el arrendamiento y posterior compra de ocho lanchas patrulleras fue en un acto de buena fe.

“Se hizo en función de los intereses del país, no es cierto y no es correcto lo que se señala. Están comparando precios de una lancha pequeña con una Corbeta, las más grandes que tiene Honduras, por eso no es correcto comparar”, aseguró el funcionario.

Pascua dijo que la negociación se hizo directamente con Damen y se tomó la decisión de la creación de esa compañía Servicios Marítimos Internacionales porque la Secretaría de Finanzas exigió que se formara una compañía, para que representara los intereses de la compañía Damen en Honduras.

“Fue una exigencia del Ministerio de Finanzas, ese era el requisito, conformar esa compañía. Lo único que nosotros exigimos para que no hubiera problemas es que la compañía no estuviera conformada por hondureños y por eso Damen cuando la fundó dejó como representante al cónsul de Holanda en Honduras”, expuso.

“Nunca han solicitado información que refleje la utilidad que tienen las embarcaciones, hay desconocimiento y por eso se duda del proceso, pero hay transparencia en todo el procedimiento que se ha hecho”.

No podían licitar

Se le consultó a Pascua por qué no se llevó a cabo el proceso de licitación internacional para hacer la compra y el funcionario respondió que por seguridad no podían publicarse las características de los equipos que debían adquirir para el combate al narcotráfico.

“No se licitó porque los requerimientos que estableció la Fuerza Naval en las características que tenía que tener el equipo no podían darse a conocerse públicamente.Era darle la información a los narcotraficantes, a los contrabandistas o a los que se van a perseguir con estas embarcaciones. Había que publicar cuáles eran esas características para participar en una licitación internacional”, indicó.

El funcionario afirmó que sí se hizo un estudio y un análisis de diferentes ofrecimientos de varias compañías que ofertaron desde varios puntos del mundo.

“Llegamos incluso a visitar esas compañías, se conocieron las embarcaciones que ofrecían, se conoció la parte financiera, los ofrecimientos que hacían por las condiciones que tiene el país y las mejores condiciones financieras las dio Damen”, apuntó.

El funcionario informó que la auditoría que realiza el Tribunal Superior de Cuentas
no es una intervención de ese organismo, sino más bien una solicitud que el propio funcionario solicitó para generar transparencia.

“Yo solicité una auditoría para que se esclareciera lo que se ha ejecutado desde que asumí la Secretaría de Defensa, para que se hiciera un análisis de todas las operaciones que ha llevado a cabo la Secretaría y demostrar que todo se ha hecho con transparencia y enmarcado en la legalidad. La Secretaría de Defensa no ha sido intervenida y no hemos blindado la información”, finalizó.