La ley de Telecomunicaciones y sus reformas, que data de 1990, sufrirá una metamorfosis profunda, según la propuesta que ha sido sometida a discusión y que el presidente Lobo Sosa ha prometido llevar a cabo.
Más voces en contra se han dejado escuchar en la opinión pública tras conocerse el contenido de la propuesta de una nueva Ley de Telecomunicaciones promovida por el Gobierno y la organización C-Libre.
El proyecto fue presentado el viernes por el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, para que los diferentes sectores expongan sus comentarios en pro y en contra de la iniciativa.
Consejo de regulación
Entre los temas más cuestionables de la citada ley está la creación de un consejo nacional de regulación de ética en la comunicación.
Para el gremio periodístico y para las mismas organizaciones de medios de comunicación, dicha propuesta es lesiva y viola las normas constitucionales, así como los tratados internacionales sobre la libertad de expresión.
Rodolfo Dumas, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Honduras, recordó que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho interno prohíben la censura previa.
“Nos inquieta muchísimo cuando en la propuesta de C-Libre habla de un consejo nacional de regulación de ética en la comunicación; eso es preocupante porque ya sabemos que la Convención Americana, la Declaración Universal y nuestro derecho interno prohíben la censura previa, y es una prohibición absoluta”.
Dumas señaló que incluso hay una sección de la propuesta que habla de la exigencia de veracidad. Se exige que la noticia sea verdad, que es un término que ahora a muchos gobernantes les gusta utilizar cuando se refieren a estos temas, añadió.
El Consejo Nacional de Ética en la Comunicación será el órgano encargado de vigilar que la programación de medios de comunicación, tanto públicos como privados y comunitarios, se ajuste a las reglas de la moral y las buenas costumbres, evitando con ello la pérdida de valores morales y la identidad nacional por parte de la población de la nación hondureña, dice el proyecto.
Multas confiscatorias
Otro aspecto que preocupa es la imposición de multas por infracción a la ley, que van desde 10 millones a 20 millones de lempiras y de una pena de cinco a 10 años de reclusión a los infractores.
El empresario radial Elías Javier Chaín calificó que este tipo de multas son confiscatorias por cuanto ningún pequeño o mediano empresario de medios de comunicación podrán pagarla.
Chaín mencionó que también se pretende dar potestad a Conatel para poder confiscar equipos y desmantelar estaciones de radio y televisión; y “eso no puede ser, eso no es libertad de expresión, simplemente es un arma para acallar personas”, dijo.
Los sectores están invitados para el próximo viernes, en donde cada uno llevará sus comentarios acerca de la polémica propuesta de ley.
En recientes declaraciones, el diputado Augusto Cruz Asensio cuestionó que la Ley de Telecomunicaciones hace años que debió haber sido actualizada, pero para darle fortalecimiento a Hondutel e incorporar al país al mundo de la tecnología.
“Nunca ha escuchado en el país que se quiera revisar la Ley de Telecomunicaciones para convertirla en más dinámica, moderna, que beneficie más a los comunicadores sociales, a los medios de comunicación; por el contrario, la intención siempre ha sido cercenar sus posibilidades de fortalecimiento”, citó el político democristiano.
Soraya Solabarrieta, presidenta de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel),
cuestionó que Conatel ha sido debilitada por el mismo Gobierno y no por la empresa privada, como se ha querido hacer ver en la actualidad.
Cuestionó que solo en este Gobierno se han colocado cuatro presidentes en Conatel, comenzando con Estela Cardona, luego Pompeyo Bonilla, después Miguel Vélez y ahora Ricardo Cardona, sin que se vean avances de mejoramiento en ese organismo estatal ni en el ámbito de las regulaciones.
“Hace más de siete años que estamos en este problema, la falta de ley y la importancia de este regulador del poder hacen imposible este trabajo; y algo que ha debilitado a ese órgano regulador es precisamente que en tres años, en el gobierno del presidente Porfirio Lobo, hemos tenido cuatro titulares de Conatel”, cuestionó.
