Más sectores de Comayagua se han sumado a la lucha para evitar que el Gobierno construya una millonaria cárcel en una zona identificada como residencial.
Armando Mundt, exgobernador político de Comayagua, aseguró que el proyecto está sobrevalorado.
Según Mundt, el costo de una manzana de terreno en el sector donde el Congreso Nacional aprobó construir la granja penal, calificada de máxima seguridad, es de entre 1.5 millones y tres millones de lempiras.
“Como abogado sé cuánto valen los terrenos en ese sector de Comayagua y una manzana no supera los tres millones de lempiras”, dijo Mundt.
El Congreso Nacional aprobó la construcción de la cárcel por un monto de 1,183,851,720 lempiras; de ellos, 220 millones serán destinados a comprar el terreno.
Son 31 manzanas de terreno que comprende el área donde se habilitará el centro penitenciario, las cuales han sido valoradas en unos 354,838 dólares cada una, es decir, siete millones de lempiras.
El entrevistado fungió como gobernador de la cuidad entre 1976 y 1980, tiempo en que se construyó la granja penal de Comayagua.
De acuerdo con Mundt, si el Gobierno no acepta construir el penal en la zona que proponen las autoridades municipales, empresarios y sociedad civil, cerca del predio que el Gobierno aprobó adquirir hay más de 10 terrenos de igual extensión comercializados por un costo menor que el pactado con un banco privado.
Recolectarán firmas
Las autoridades del Centro Universitario Regional del Centro (Curc), docentes y estudiantes han decidido hacer valer su negativa contra la construcción de la cárcel cerca del centro educativo por medio de la recolección de firmas. La oposición de los universitarios se debe a que el predio que aprobó adquirir el Gobierno para construir la cárcel está a un kilómetro y medio del centro educativo universitario.
Otra causa es que en las proximidades del local destinado al centro de reclusión en los últimos años se ha planificado construir varios módulos para albergar a los estudiantes que llegan de otros municipios y son de escasos recursos.
“Será una residencia para unos 80 estudiantes donde se alojarán mientras cursan sus asignaturas y se halla en dirección a la zona donde estaría la granja penal”, dijo Óscar Palma, director de Curc.
El entrevistado aseguró que la población universitaria está en desacuerdo, por lo que han decidido recolectar firmas, que les serán entregadas a las autoridades del Congreso Nacional y al presidente Porfirio Lobo Sosa en los próximos días.
Comité pro reconstrucción
Los miembros del comité pro reconstrucción de la granja penal, que funciona desde hace dos años en la comunidad, también mostraron su descontento.
“No estamos de acuerdo con la ubicación y porque la inversión que hemos logrado en el centro penal actual quedará botada”, dijo Milady Pavón, presidenta del comité.
Las autoridades municipales, con apoyo de Cámara de Comercio, Cámara de Turismo y sociedad civil, rechazaron enérgicamente la construcción del centro de reclusión.
El rechazo se hizo público durante una visita del ministro de seguridad, Pompeyo Bonilla, a la comunidad para exponer las bondades del oneroso proyecto.
El plan del Gobierno es comprarle el predio a un banco privado con bonos por un valor de 11 millones de dólares (220 millones de lempiras).
Cada manzana le costaría al Estado 354,838 dólares (siete millones de lempiras).
A causa de esta situación, pobladores, sociedad civil y autoridades locales durante la reunión dejaron constar que fueron sorprendidos con el anuncio del millonario proyecto.
Según los pobladores, no se oponen a la construcción del penal, sino a que se construya en un predio que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, es de uso habitacional.
