Las organizaciones ambientalistas se retiraron del proceso de concertación de la nueva Ley de Minería tras acusar al Congreso Nacional, presidido por Juan Orlando Hernández, de “confabularse
con grupos económicos nacionales y transnacionales al aprobar una ley de minería que presenta fuertes indicios de inconstitucionalidad e irrespeta la vida humana y los bienes naturales”.
La ley cuyo debate se había suspendió y se retomó sorpresivamente de nuevo después de un acalorado debate para aprobar las ciudades modelos, molestó a los afiliados a la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas de Honduras porque sus puntos de vista no fueron tomados en cuenta y ya no había ambiente para continuar.
Ayer a través de un comunicado anunciaron que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad por la Ley General de Minería porque contiene artículos que ponen en entredicho el concepto de soberanía sobre algunos territorios.
En conferencia de prensa, Pedro Landa, representante de la Coalición, que aglutina a una veintena de organizaciones ambientalistas, dijo que el escrito será presentado ante la Corte Suprema de Justicia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Los representantes de la Coalición llegaron a los bajos del Congreso en un intento por persuadir a los diputados para que tomaran en cuenta sus observaciones a la Ley de Minería, contentiva de 112 artículos.
Sin embargo, ninguna de sus posiciones fue admitida.
En el caso de que su recurso de inconstitucionalidad no pasara en la Corte Suprema de Justicia, los ambientalistas aseguran que tienen preparadas a las comunidades para que rechacen la concesión de licencias mineras aprovechando que la misma ley les concede ese derecho a través de las llamadas “consultas ciudadanas”.
Crearon confusión
En el comunicado, las organizaciones ambientalistas señala que la acción de los parlamentarios refuerza la percepción ciudadana de que “los diputados están incurriendo en un nuevo delito de traición a la patria”, dicen.
“La Ley”, agregan, “presenta un texto hábilmente elaborado para engañar a diputados indecisos y al pueblo en general. Es así como, con lenguaje ambiguo y con muchos eufemismos, se mantiene la minería a Cielo Abierto sin mencionar tal método de explotación minero pero dejándolo implícito”.
“Esta ley aparenta respetar la consulta ciudadana pero al final la convierte en un simple trámite que sepulta las ansias y el derecho de participación efectiva de la población. En suma, se olvida de la toma de decisiones soberana del pueblo”.
Según los ambientalistas, en el cuerpo jurídico “continúa apareciendo la tónica entreguista de otras leyes en discusión al regalar el territorio y ampliar ‘derechos’ a las compañías mineras”.
“Estas podrán vender, transferir, hipotecar o hacer lo que mejor les convenga con la concesión y los recursos minerales que son propiedad del pueblo hondureño”.
“Adicionalmente se otorgan las concesiones sin límite de tiempo, es decir, a perpetuidad. Para lo cual se comprometen a pagar cantidades irrisorias a las municipalidades y al Estado mismo”, afirma la Red Ambientalista.
La Corte Suprema de Justicia en el año 2005 derogó 13 artículos de la Ley de Minería, entre los que estaban lo referente a la recaudación de impuestos. Por esto fue necesario crear una nueva ley, cuyo borrado se comenzó a hacer ese mismo años, pero hasta este Gobierno se retomó.
