Rigoberto Espinal Irías, asesor legal del Ministerio Público, sostiene que la creación de una ley especial para extraditar a hondureños ligados al crimen organizado es innecesaria.
Hace seis meses, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió al Congreso Nacional un anteproyecto de Ley de Extradición.
Jorge Rivera Avilés, presidente del Poder Judicial,
justificó que no basta con reformar el artículo 102 de la Constitución para autorizar la extradición de hondureños, sino que se requiere crear una ley para definir el proceso a seguir desde el momento de recibir una solicitud.
Compete a la Corte
Espinal Irías expuso que es potestad de la CSJ conocer de las causas de extradición y cualquier otra que esté sometida al procedimiento de derecho internacional público. Por lo tanto, considera que no es necesario pasar esta competencia a otro nivel.
“Es la Corte Suprema la que siempre ha tenido esta competencia y la ha ejercitado en muchos casos”, planteó.
Recordó que se ha extraditado a extranjeros con base en tratados existentes entre Estados Unidos y Honduras, así como tratados centroamericanos y por el Tratado de Derecho Internacional Privado, que define el procedimiento a seguir.
Por lo tanto, considera que resulta innecesario crear una ley especial que defina un proceso para extraditar a hondureños. “Eso es lo que yo pienso, que es innecesaria una ley especial. La Corte Suprema de Justicia puede reglamentar bien cómo va a proceder, porque las causas de extradición no son juicios, no son un proceso, simplemente se analiza si el país o el Gobierno requirente está llenando los requisitos establecidos en el tratado respectivo”, explicó el asesor.
Considera lamentable que no se asuma el rol para extraditar a hondureños, dijo que suman 31 casos de solicitudes de extradición.
Espinal pidió no dar largas al asunto, que desdice mucho a la imagen de Honduras que está comprometida a cumplir sus obligaciones internacionales.
Desidia
Según el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, el anteproyecto que remitió la CSJ contiene una trampa en el artículo 7, que faculta a un juez con jurisdicción nacional conocer, autorizar o denegar la solicitud de extradición.
Según Hernández, es la CSJ que lo debe tramitar.
“Es potestad del Congreso Nacional aprobar o improbar los proyectos de ley que le envían quienes tienen iniciativa de ley, según la Constitución de la República”, recordó Espinal Irías.
Engavetado
El Congreso mantuvo engavetado el anteproyecto en los últimos seis meses al no discutir la iniciativa.
“Es un problema interno del Congreso Nacional, habrá que someter cualquier proyecto a una comisión de dictamen para que se pronuncie favorable o desfavorablemente”, puntualizó.
“No entiendo en ese sentido el concepto de trampa porque la Constitución fue reformada precisamente para poder entregar a nacionales hondureños a gobiernos extranjeros con base a tratados suscritos para combatir el narcotráfico y delitos de crimen organizado”, dijo.
Espinal Irías recomendó a los titulares de la CSJ y el Congreso definir el futuro del anteproyecto de ley para implementar ya las extradiciones de hondureños.
