Seis años han pasado desde que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucionales 13 artículos de la Ley General de Minería y todavía no se ha podido consolidar una nueva legislación que regule adecuadamente la actividad minera en el país, lo cual ha significado que el Estado deje de percibir multimillonarios ingresos.
En agosto del año pasado, en Puerto Cortés culminó el proceso de socialización del borrador para la nueva Ley de Minería, que se llevó a varias zonas del país para anexarle a la iniciativa los puntos de vista de varios municipios y sectores.
Con esta nueva ley se espera mejorar las recaudaciones de impuestos y atraer inversionistas a Honduras, pero lo que se ha perdido ya no volverá.
Santos Gabino Carvajal, presidente de Anamimh (Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras), indicó que más de 3,000 millones se han dejado de percibir por esta situación.
“Un proyecto nuevo en el país significa 350 millones en la etapa de inicio, o sea desde la prospección hasta que se inicia la explotación de minerales. Si hubiéramos abierto en estos últimos años unos 10 proyectos nuevos, estaríamos hablando de unos 3,500 millones de lempiras más, los cuales no vinieron al país por falta de una ley y porque los artículos de carácter económico habían sido derogados”. El presidente de Anamimh detalló otros efectos negativos en la economía del país por no tener una ley minera bien definida.
“Hace años, Honduras no está recibiendo inversión para proyectos de exploración y explotación minera metálica. Al no recibir ninguna inversión tampoco se han creado fuentes de trabajo, no se han generado divisas ni se han pagado impuestos de dinero que bien pudo quedarse en Honduras y que se fue a otros países como Nicaragua y Perú”.
Gabino Carvajal expresó que con lo que se podría haber percibido si estuviera lista una ley de minería, las finanzas del Estado serían mucho mejores.
Según Aldo Santos, director de Defomin (Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería), uno de los nuevos proyectos que deberán ser retomados este año por el Congreso Nacional es la Ley de Minería.
“Esperamos que en los primeros meses de 2013 el Congreso dé el paso que llevamos esperando desde hace años. Deben decidirse de una vez por todas a aprobar una nueva ley de minería. El anteproyecto ya está consensuado con todos los sectores”, especificó Santos, quien fungió como fiscal del Ambiente hace unos años.
No existe consenso para retomar la discusión de la ley en el Congreso Nacional, donde ni siquiera ha sido puesta en agenda. “Esta casi listo todo. Esta nueva ley nos va a permitir tener una estructura jurídica más justa, un cuerpo normativo con mayores regulaciones, más participación de las comunidades y sobre todo generación de más empleo e impuestos”, explicó el funcionario. Debido a la situación precaria del Estado de Honduras, Santos cree que la recaudación de impuestos por medio de la minería puede ayudar mucho a sanear las finanzas.
“Como autoridad minera tenemos la esperanza de que el Congreso apruebe esta nueva ley de minería. La ausencia de una ley justa y equitativa ha tenido efectos negativos. La inversión se ha retirado, los inversionistas no quieren invertir en un país donde no hay seguridad jurídica”.
En otros aspectos negativos, Santos agregó que no hay generación de impuestos e ingresos e incluso las compañías mineras que han quedado en el país hacen pagos voluntarios, lo cual no es correcto.
Problema
Donaldo Reyes Avelar, diputado nacionalista por Santa Bárbara y presidente de la Comisión de Minería en el Congreso Nacional, manifestó que han existido problemas con la recaudación de impuestos mineros por la derogación de artículos.
“Es cierto. Probablemente podría haber sido mucho más. Lo que pasa es que al haber quedado derogados varios artículos de la ley de minería por la Corte Suprema de Justicia, muchas empresas mineras incluso se han abstenido de pagar porque casi quedó a criterio de ellos pagar o no”.
El diputado consideró que el Estado podría haber recaudado mucho más dinero por minería.
“Podría haber sido mucho más lo que tenían que pagar (las mineras) y creo que tal vez no fue una buena decisión derogar varios artículos porque era muy poco lo que le pagaban las mineras en concepto de impuesto al Estado. Pero independientemente de que fuera muy poco creo que era preferible tenerlo, por poco que fuera, en vez de no tener nada”.
