La DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial) investiga el patrimonio de casi 300 familiares de policías para determinar si existe origen ilícito en sus bienes.
“Estamos realizando investigaciones patrimoniales por 145 requerimientos enviados a la Comisión de Bancos y Seguros sobre 145 policías y 294 familiares, para un total de 439 requerimientos”, dijo Eduardo Villanueva, director de la DIECP.
El reporte de la Comisión de Bancos después se coteja con la revisión de los bienes que tengan a su nombre los policías y sus familiares.
La razón de extender la investigación a la parentela de los policías es conocer si alguno pudo haber traspasado un bien ilegal a un pariente para ocultarlo.
Sistema
Este análisis es parte de los cuatro componentes de las pruebas de confianza que realiza la DIECP en aplicación de su ley para fiscalizar a los miembros de la Policía Nacional.
“Estamos integrando nuestros equipos especiales de auditoría, de finanzas, de contabilidad para conocer qué hay alrededor de estas cosas tan delicadas que podrían conducir al delito de enriquecimiento ilícito o el de lavado de activos”, indicó Villanueva. La DIECP ha hecho 145 pruebas integrales de confianza, que incluyen los exámenes psicométrico, de polígrafo, toxicológico y patrimonial.
En el caso de las pruebas patrimoniales, la DIECP hace una investigación de los bienes de los policías mediante la revisión de sus cuentas bancarias y otras posesiones, como carros, casas, empresas y hasta ganado.
Estas pesquisas abarcan una visita a los domicilios de los policías para conocer si el valor de sus casas corresponde a sus ingresos legales. La DIECP ha practicado unas mil pruebas selectivas que pueden ser una o varias de las que contienen la prueba de confianza integral.
Con pinzas
Ramón Custodio, comisionado nacional de los Derechos Humanos, recomendó seleccionar con “pinzas” a policías, jueces y fiscales para evitar que los entes integrantes del sistema de justicia sean infiltrados por el crimen organizado.
Según Custodio, Honduras se convirtió en un foco importante para el trasiego de drogas por la corrupción en el sistema de justicia, la política de tolerancia y su ubicación geográfica.
