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Investigarán bienes de 70 oficiales de la Policía

  • 08 octubre 2012 /

El Tribunal de Cuentas tiene solicitudes de la Secretaría de Seguridad.

Bajo la lupa están las fortunas de varios altos oficiales de la Policía Nacional para confirmar si estas tienen o no procedencia ilícita.

El TSC (Tribunal Superior de Cuentas) empezó a revisar las declaraciones juradas de bienes atendiendo dos solicitudes: de las autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial).

“Tenemos dos notas, una de la Policía y otra de la Dirección de la Carrera, que han solicitado la investigación de algunas personas, han querido ver sus declaraciones juradas. Hemos tenidos tres o cuatro conversaciones. Este proceso ya se está llevando a cabo”, expresó Daysi de Anchecta, presidenta del TSC. Se le consultó a cuántos oficiales se solicitó investigar.

“Tenemos dos listas. Si mal no recuerdo, una contenía 25 nombres y otra como 45 nombres”, agregó la presidenta. Las autoridades del órgano contralor les solicitaron a estas dos dependencias que asignaran una persona responsable para tener una vista de las declaraciones juradas de los oficiales requeridos con el fin de que la Policía y la CRSP (Comisión de Reforma de la Seguridad Pública) puedan continuar el procedimiento investigativo.

Aclaró que el TSC solo presta colaboración en el sentido de poner a la vista de la CRSP los expedientes de las declaraciones juradas. Esto porque la ley orgánica de la Comisión le concede la potestad a este organismo de investigar a policías.

“La investigación por enriquecimiento ilícito, por cuestión constitucional, le pertenece única y exclusivamente al TSC”.

A pesar de ello, dijo que la institución contralora conduce algunas investigaciones y remitió expedientes al Ministerio Público al detectarse indicios de responsabilidad penal para incoar las acusaciones ante los tribunales de justicia.

Anchecta aclaró que no todos los elementos de la Policía Nacional están obligados a presentar declaración jurada de bienes.

Únicamente están obligados los que devengan salarios de más de 30 mil lempiras y quienes tienen bajo su custodia bienes o recursos del Estado.