El Ministerio Público revisará el decreto que crea un estado de emergencia en el sistema de seguridad para fortalecer y depurar la Policía Nacional.
Dicho decreto, aprobado por el Congreso Nacional, autoriza a la cúpula policial a efectuar acciones concretas de depuración en un período de 180 días, es decir en seis meses.
Mediante este decreto se le autoriza al director de la Policía Nacional para que haga pruebas toxicológicas a oficiales y agentes. Además, a la práctica de pruebas de confianza, aún no detalladas en qué consisten.
El decreto faculta a las autoridades policiales a destituir definitivamente a oficiales y agentes que reprueben estas evaluaciones. Además obliga a pasar a condición de retiro a varios oficiales. El contenido de lo aprobado será minuciosamente revisado por el Ministerio Público para valorar los alcances legales de este paso dado por el Congreso.
“No hemos visto el texto completo de lo que se aprobó. Lo tendremos que analizar”, informó el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado. El estudio técnico legal tiene un solo propósito: saber si el decreto vulnera o no principios consagrados en la Constitución de la República. Se habla de mecanismos que se emplearán para facilitar la depuración policial.
En primera instancia, la Fiscalía verificará si dentro del debido proceso no se da la oportunidad de impugnar una decisión administrativa. “Es de analizar. Parece que no plantea la posibilidad de que los afectados puedan interponer recursos ante las decisiones de suspensión y demás”, dijo.
Ilegalidad
La Fiscalía verificará si se violenta una garantía del derecho de defensa.
“No se combate a la criminalidad recurriendo a un instrumento que genere ilegalidades, por ejemplo, vulneración de derechos sobre un debido proceso”, dijo. Igualmente, a la Fiscalía le interesa conocer en qué consiste la prueba de confianza. Los despidos ilegales podrían tener consecuencias negativas para el Estado. Los afectados podrían demandar exigiendo el pago de millonarias cuantías de dinero por concepto de indemnización, por daños y perjuicios.
Dijo que podrá dar un criterio fundamentado cuando haya leído el texto de lo aprobado al publicarlo en el diario oficial La Gaceta. “Si hay una norma de carácter general que vulnera derechos se tiene una vía expedita para plantearse un amparo o vía de inconstitucionalidad, tendría que analizarse eso”, expresó.
La Fiscalía de Defensa de la Constitución podrá hacer un estudio de dicho decreto. “No sería la primera vez que el Ministerio Público accione para hacer prevalecer el imperio de la minuta de derechos fundamentales”, manifestó Enamorado.
El estudio será razonado y se harán las ponderaciones que se consideren lógicas; el fiscal aclara que no se trata de interrumpir la intención de mejorar la gestión del Estado en la persecución de los delitos.
Los fracasos
El exministro de Seguridad, Gautama Fonseca (QDDG), fue frustrado en su intento de depurar la Policía a inicios del año 2000, cuando despidió a un buen número de efectivos por su mal comportamiento. Los afectados recurrieron a las instancias judiciales y fueron reintegrados. Ni el Ejecutivo ni el Congreso Nacional apoyaron este proceso. Algunos de esos policías siguen dentro de la institución.
Recientemente, el que fuera ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, intentó hacer una depuración, pero fue purgado del cargo por presión de los mismos oficiales de la Policía.
Por años existió una Dirección de Asuntos Internos dentro de la Policía. La comisionada María Luisa Borjas, cuando fue titular de esa dependencia, intentó adecentar la Policía y fue separada del cargo y purgada de la Policía. Hace cinco meses, el Congreso Nacional creó la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. Un mes después, el director de la nueva dependencia estaba renunciando a causa de falta de apoyo del Ejecutivo.
Dicha Dirección le efectuó recientemente pruebas toxicológicas y de poligrafía a la cúpula policial, cuyos resultados se mantienen en secretividad y no han dado lugar a la toma de decisiones debido a los procedimientos engorrosos de despido que tiene la Ley Orgánica de la Policía.
Aprobación del decreto
El Congreso Nacional aprobó la noche del jueves, en una sesión a puertas cerradas, el decreto que contiene la Ley Especial para la Depuración de la Policía, cuyo objetivo es declarar en situación de emergencia el sistema policial por un período de seis meses (180 días), a efecto de impulsar de manera acelerada la limpieza de dicha institución.
El decreto fue sancionado ayer por el Presidente y turnado de inmediato al diario oficial La Gaceta para su publicación este sábado.
Éxito del proceso dependerá de desempeño de autoridades
Expertos consultados sobre el decreto de emergencia aprobado para depurar la Policía consideran que el éxito de este proceso dependerá de la voluntad política y el desempeño de las autoridades policiales, que cuentan, en este caso, con el apoyo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de la sociedad civil y de la población en general.
El exfiscal de la República (1994-1998), Edmundo Orellana Mercado, sostiene que el decreto de emergencia para depurar la Policía ha de ser sometido a un profundo análisis para establecer cuáles son sus consecuencias y sus fundamentos legales.
¿Qué ocurrirá con los elementos que sean separados como parte del proceso de adecentamiento?, se preguntó. Orellana confió en que este proceso tenga éxito, que sea la última carta.
“No hay que desmayar en la tarea de endurecer el blanco contra la criminalidad, que ya rebasó los límites de la tolerancia. Indispensable es la participación de todos los sectores de la hondureñidad, dijo en una comparecencia en un foro radial. Por su lado, el titular de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, Eduardo Villanueva, sostiene que con el marco jurídico aprobado por el Congreso se facilita lo que hasta ahora obstaculizaba la efectividad en la depuración de la Policía.
