“Es un hecho histórico la aprobación de la extradición para narcotraficantes hondureños, pues se homologa con el resto de Centroamérica esa medida que ha sido aplicada por varios países”.
Así catalogó el presidente Porfirio Lobo Sosa la reforma constitucional realizada por el Congreso Nacional que ayudará en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo y permite la extradición a cualquier estado a narcotraficantes hondureños que en los últimos años casi se han apoderado del país especialmente en los departamentos de Colón, Gracias a Dios, Olancho y occidente.
Las declaraciones del gobernante hondureño fueron ofrecidas al término de la colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Regional del Sur.
Lobo Sosa explicó que lo que los parlamentarios hicieron fue reforma constitucional sobre extradición, que derivará en un tratado que se efectuará con un grupo de naciones, entre ellas Estados Unidos, para combatir en conjunto el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
Recordó que esa medida ya es ejecutada por Guatemala y El Salvador, por lo que Honduras se une con el fin de poner freno a la inseguridad que azota al país y a la región centroamericana.
Advirtió que el país que no aplique esa determinación será presa de la instalación, permanencia y operación de esos grupos dedicados a interrumpir el ambiente de paz en los pueblos.
Lobo le manifestó su agradecimiento al presidente norteamericano Barack Obama por el apoyo decidido a Honduras en la búsqueda de recuperar el ambiente de tranquilidad y el acompañamiento en los procesos de investigación del delito y de la depuración de la Policía Nacional.
“Agradezco el reconocimiento de Estados Unidos por los esfuerzos del Gobierno de Honduras en materia de leyes y medidas de seguridad respaldadas por esa nación del norte”, dijo Lobo Sosa.
Reunión con magistrados
Lobo se reunió ayer por la mañana con los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, para hablar sobre la seguridad en la región.
En su condición de presidente pro témpore del Sistema de Integración Centroamericana, Sica, el mandatario recibió a los magistrados alrededor de las 8.00 am en su casa de la aldea El Chimbo, Santa Lucía, Tegucigalpa.
Actualización de leyes
El magistrado Francisco Darío Lobo, presidente de la CCJ, les explicó a los medios que el objetivo de la visita era abordar asuntos relacionados con la seguridad en Centroamérica y el juicio sobre la disputa de Costa Rica y Nicaragua por aguas del río San Juan.
El titular de la CCJ dijo que es correcto adoptar procedimientos legales como la implementación de la figura de la extradición para cerrarles los espacios a los grupos vinculados con actividades ilícitas en Honduras y el resto de Centroamérica.
“Considero que sí se deben adoptar procedimientos legales como la extradición, en una forma más ágil y eficaz porque si no se toman medidas de esa índole, seguiríamos con trámites anticuados cuando los delitos eran locales o nacionales”.
Lobo sostuvo: “Ya ameritan reformas todas estas leyes, todos estos tratados de derecho penal internacional, porque las cosas han cambiado, ya los delitos son de carácter transfronterizo”.
El profesional del derecho indicó que la implementación de la figura de la extradición permitirá agilizar las actuaciones de los tribunales de justicia y permitirá la disminución de la comisión de delitos en el país.
“Lo positivo de este tipo de medidas es que se agilizaría la actuación de los tribunales porque imagínese que una extradición muchas veces tarda años el procedimiento de extradición y ocurre que los delitos proliferan”.
“Los delitos transnacionales causan daño a diversos países”
Tegucigalpa. El asesor legal del Ministerio Público, MP, Rigoberto Espinal Irías, calificó como positiva la reforma de la Constitución referente a extraditar hondureños acusados por delitos relacionados con crimen organizado.
“Por supuesto vivimos en un mundo globalizado donde estos delitos transnacionales les causan daño a diversos países”, expresó. Como en la comisión y afectación de delitos participan varios Estados, algunos de ellos pueden contar con suficientes pruebas para extraditar a las personas. “Es donde funciona el principio para la extradición; son muy útiles para mantener las relaciones armónicas entre los países y las formas de colaboración y cooperación en la lucha contra este tipo de delitos”, manifestó. Por consiguiente, valoró que con la reforma “Honduras demuestra que está dispuesta a cumplir sus compromisos internacionales”. En lo que respecta al papel del MP, dijo que emitirá las opiniones que le correspondan, si procede o no una solicitud de extradición.
Explicó que la reforma del artículo 102 constitucional requiere que el Congreso Nacional lo ratifique en la siguiente legislatura. Honduras es parte de tratados universales sobre la materia y que regulan el proceso de extradición y los pasos a seguir, como la Convención de Viena referente al uso indebido de drogas, aprobada en los años ochenta.
“Hay que proteger a diputados que votaron por la extradición”
Tegucigalpa. Para el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, el Estado debe proteger la vida de los diputados que votaron a favor y en contra de la reforma del artículo 102 de la Constitución de la República.
“En este momento, la transparencia hay que dejarla a un lado porque está muy superior a los intereses del pueblo hondureño y en este caso golpear uno de los crímenes más terribles a los que se está enfrentando el país.
Esto debe quedar en el anonimato para beneficio de todos”, aseguró. Orellana dijo: “Desde que fui Fiscal me entrevisté con la procuradora de Estados Unidos, Yaneth Fino, y ella me planteó la necesidad de que Honduras tuviese esta reforma”.
Recordó: “La funcionaria estadounidense me hizo dos planteamientos. Uno de ellos era que se instalara una cárcel de máxima seguridad para traer unos personajes ahí, como que si Honduras fuera un basurero, cosa de la que estuve en contra porque no podíamos traer gente aquí a traernos problemas. Y la otra era la de la extradición”.
El exfuncionario y aspirante presdiencial por el Partido Liberal fue uno de los primeros en celebrar la decisión del Congreso Nacional porque considera que solo así se podrá hacer una lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, que tienen diezmado el país.
