26/03/2024
12:01 AM

Gobierno de Honduras propone comité de censura a programación

Proyecto de ley de la Casa Presidencial impone drásticas medidas a los medios de comunicación.

Una serie de drásticas medidas a los medios de comunicación en Honduras se revelaron ayer en Casa Presidencial.

De ser aprobadas, los medios deberán limitarse a seguir las instrucciones del Gobierno, que fueron consensuadas con varios sectores a excepción de la gran mayoría de medios.

En un conversatorio sobre reformas a la Ley Marco de Telecomunicaciones, el presidente Porfirio Lobo presentó el anteproyecto de reforma a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones.

“No hay intención escondida, pero a lo máximo que puedo llegar es a colocar una urna en las generales para que el pueblo sea quien se manifieste”, dijo el mandatario en respuesta a la rectora de la Unah, Julieta Castellanos, quien cuestionó el motivo de las reformas debido a la confrontación que ha mantenido el Presidente con algunos medios de comunicación.

Hay que diferenciar claramente lo que es la reforma a las exoneraciones con otras que puedan estar en curso, y si este es el motivo de la confrontación entre Gobierno y medios”, dijo Castellanos y agregó que “los medios no pueden dejar de informar lo que sucede en el país”.

Censura

Entre las regulaciones que impondría está la creación de un ente de cesura: la Comisión Reguladora de Programación, que aplicará normas y procedimientos de regulación en radio y televisión.

Según el documento, esta sería integrada por ocho miembros: el presidente de Conatel, el secretario de Derechos Humanos, el secretario de Cultura, el secretario de Educación, dos representantes del Consejo de Educación Superior, un representante de la sociedad civil y un representante de los organismos de los usuarios de radio y televisión.

Además, dice claramente que regularán “la difusión y recepción de los mensajes que sean transmitidos a través de los resvicios de radiodifusión de libre recepción y medios electrónicos”.

La reforma

También habla de las causas por las que una concesión, permiso, registro o licencia puede ser revocada: por vencimiento, por renuncia, por revocatoria, por muerte del titular, por la extinción, disolución, quiebra o liquidación.

En contraposición, uno de los artículos afirma garantizar el derecho a la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento, sin censura, conforme a lo establecido en la Constitución de la República. También crea el Fondo Nacional para el Desarrollo y Fomento de la Producción Audiovisual y Sonora.

La reforma limita la cantidad de medios de comunicación que los hondureños pueden tener. “Ninguna persona natural o jurídica o grupo de personas podrá, por sí o por interpósita persona, obtener en concesión, permiso, registro o licencias para llegar a operar o controlar más de una estación de radiodifusión o televisión de libre difusión, en la misma banda de frecuencia por localidad. Esta misma restricción opera con relación a los accionistas de una empresa concesionaria”, cita.

En el artículo 1, que establece las normas para regular en el territorio nacional los servicios de telecomunicaciones, agregaron regular la difusión y recepción de los mensajes que sean transmitidos a través de los servicios de radiodifusión de libre recepción y medios electrónicos. “Esto con el fin de garantizar los derechos de las personas, especialmente de la niñez y la juventud, el respeto al honor y a la intimidad y la protección de los principios éticos y valores culturales de la sociedad”, exponen en la reforma.

Además, anuncian que quedan sometidas a cumplimiento de esta ley todas las reformas de servicios de difusión audiovisual y sonora que se deriven del desarrollo de las telecomunicaciones a través de los instrumentos jurídicos aplicables.

Infracciones

El Gobierno ha agregado nuevas infracciones en el artículo 42, como: interconectar una red de telecomunicaciones a cualquier otra, interferir, perturbar o dañar las redes, sistemas o servicios de telecomunicaciones de otra persona, utilizar frecuencias radioeléctricas sin licencia, “promover el irrespeto a los derechos o a la reputación de los demás, la vulneración a la seguridad nacional, al orden público, la salud pública y a los derechos y libertades fundamentales de la infancia, niñez y adolescencia utilizando cualquier servicio de telecomunicaciones”.
Otra sanción grave es promover la guerra y toda apología del odio, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia.

Las sanciones a las infracciones muy graves y graves se han cambiado en el anteproyecto. En la actualidad una infracción muy grave es de hasta 500,000 lempiras por cada una; ahora, en la reforma proponen que sea desde 3% hasta el 5% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción. Las infracciones graves son de hasta 99,000 y ahora en el anteproyecto van desde 1.5% hasta el 3% de los ingresos brutos. Con la reincidencia de una infracción muy grave se revocará la concesión.

Regulación

Para el abogado y diputado pinuista, German Leitzelar, estas reformas representan un grave atentado contra la libertad de expresión en el país.

Explica que Conatel no es la instancia competente para calificar las faltas e imponer las sanciones.

Además “se violaría el derecho a la defensa y al debido proceso, ya que el Estado no tiene la facultad ni siquiera de suspender o eliminar la personería jurídica de una organización, mucho menos cancelar una concesión sin que el afectado tenga derecho a la defensa y al debido proceso”, explicó.

A su juicio debe ser un juez o un órgano competente quien deberá calificar las faltas en virtud que así como está este polémico anteproyecto de ley, “da la posibilidad que el Presidente de la República pueda pedir a Conatel que califique las faltas y suspenda la concesión o la frecuencia a un medio de comunicación porque no está de acuerdo en la forma que divulga la información”.

Iglesia Evangélica no pidió revisar ley

Tegucigalpa. El pastor Oswaldo Canales, expresidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, desvirtuó ayer que la Iglesia Evangélica haya solicitado o respaldado la revisión a la Ley Marco de Telecomunicaciones.

Canales sostuvo que en ningún momento se ha solicitado al Congreso Nacional la revisión de la Ley y señaló que la Iglesia decidió participar en la reunión convocada por el presidente Porfirio Lobo para “observar” y luego dar una opinión sobre el particular.

“La Iglesia Evangélica, que yo sepa, no ha tomado una iniciativa para pedir al Congreso Nacional que revise. Sí estamos conscientes de que a veces se cae en el abuso y hay que regular, nosotros hemos expresado que eso se regule porque algunos exageran la libertad de expresión, pero, no que yo sepa, la Confraternidad Evangélica no ha tirado ningún comunicado donde notifique que está solicitando al Congreso que se modifique esa ley”. Fue Juan Orlando Hernández quien expresó que la revisión se efectuaría a petición de las Iglesias. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez también afirmó que la Iglesia Católica no hizo ninguna petición.

“Yo creo que el país necesita paz y tranquilidad, necesita trabajo y seguridad, yo creo que en este momento el país requiere una dirección sensata que nos conduzca a todos pensando siempre en el bien común”.