San Pedro Sula, Honduras.
Dos empleadas del Juzgado Primero de lo Civil brindaron su declaración ayer en la Fiscalía contra la Corrupción por el caso del terreno donde se construirá el mercado.
La Fiscalía inició una investigación después de que un grupo de abogados sampedranos pusiera una denuncia por falsificación de documentos, prevaricato y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
La queja es contra los funcionarios judiciales y municipales que intervinieron en el proceso judicial del deslinde y amojonamiento del terreno donado por el Congreso Nacional para construir el mercado.
La acusación se debe al procedimiento promovido ante el Juzgado de Letras de lo Civil, con el que se adjudicó a particulares el terreno contiguo a la Central de Buses sampedrana, destinado a atender las necesidades de los vendedores ambulantes en esta ciudad.
El vocero del Ministerio Público, Elvis Guzmán, dijo que se están tomando las primeras declaraciones y en su momento se les tomarán a la jueza que llevó el caso y a Narciso Triminio, quien aparece como dueño del predio en mención.
“Agentes de Servicios Especiales de Investigación están revisando el expediente para ver qué pueden consignar en el informe que será presentado a la Fiscalía para constatar si hubo o no irregularidades en la resolución a favor de Triminio Valladares”, explicó.
Guzmán detalló que la Fiscalía contra la Corrupción analizará todos los puntos obtenidos durante la investigación para deducir responsabilidades en caso de que las haya.
Las primeras en comparecer son la receptora de los Juzgados Primero de lo Civil, María Elena Maradiaga, y la secretaria María del Carmen Hernández.
Las acciones emprendidas por la Fiscalía son para comprobar los delitos investigados. Narciso Triminio llegó a interponer una denuncia por el caso y fue citado.
Dos empleadas del Juzgado Primero de lo Civil brindaron su declaración ayer en la Fiscalía contra la Corrupción por el caso del terreno donde se construirá el mercado.
La Fiscalía inició una investigación después de que un grupo de abogados sampedranos pusiera una denuncia por falsificación de documentos, prevaricato y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
La queja es contra los funcionarios judiciales y municipales que intervinieron en el proceso judicial del deslinde y amojonamiento del terreno donado por el Congreso Nacional para construir el mercado.
La acusación se debe al procedimiento promovido ante el Juzgado de Letras de lo Civil, con el que se adjudicó a particulares el terreno contiguo a la Central de Buses sampedrana, destinado a atender las necesidades de los vendedores ambulantes en esta ciudad.
El vocero del Ministerio Público, Elvis Guzmán, dijo que se están tomando las primeras declaraciones y en su momento se les tomarán a la jueza que llevó el caso y a Narciso Triminio, quien aparece como dueño del predio en mención.
“Agentes de Servicios Especiales de Investigación están revisando el expediente para ver qué pueden consignar en el informe que será presentado a la Fiscalía para constatar si hubo o no irregularidades en la resolución a favor de Triminio Valladares”, explicó.
Guzmán detalló que la Fiscalía contra la Corrupción analizará todos los puntos obtenidos durante la investigación para deducir responsabilidades en caso de que las haya.
Las primeras en comparecer son la receptora de los Juzgados Primero de lo Civil, María Elena Maradiaga, y la secretaria María del Carmen Hernández.
Las acciones emprendidas por la Fiscalía son para comprobar los delitos investigados. Narciso Triminio llegó a interponer una denuncia por el caso y fue citado.
