Las autoridades municipales
ya empezaron las gestiones con la banca privada y con las instituciones de fondos de pensiones
para obtener el préstamo de hasta 400 millones de lempiras que autorizó el Congreso Nacional.
El alcalde, Juan Carlos Zúniga, explicó que han platicado ya con dos bancos y se están enviando cartas a instituciones que manejan fondos de pensiones
porque tienen que buscar donde les ofrezcan los intereses más bajos.
Zúniga dijo que hay mucha receptividad de la banca privada, pero lo que se negociará es la tasa de interés por el bien de la ciudad.
Los regidores agradecieron el apoyo del Congreso Nacional y esperan que cuando el contrato de recolección llegue al Legislativo no sea aprobado, por el bien de la ciudad.
La regidora Janeth Hernández explicó que la Corporación Municipal no tenía otra opción que solicitar la autorización al CN para obtener el préstamo; pero están conscientes que esto generará intereses a los sampedranos. “El esfuerzo irá enfocado a buscar la institución que menos intereses ofrezca”, dijo.
Ya se está trabajando en la búsqueda de ese financiamiento, aseguró.
El regidor Diógenes Aguilar indicó que se deben deducir responsabilidades a quien corresponda por haber dañado a la ciudad de esa manera, obligándola a pagar la
millonaria cantidad por un servicio que nunca prestaron.
“Lo que pedimos como corporativos es que nos dejen trabajar, pues nos hemos llevado casi toda la administración resolviendo problemas heredados y pagando millones”, expresó.
El contrato
El vicepresidente del Congreso Nacional, el diputado por Cortés Marlon Lara, expresó que hay una posición unánime de todas las bancadas para votar en contra de ese contrato. Lamentó de igual forma que la Municipalidad tenga que solicitar un préstamo millonario para cancelar el embargo.
“Lamentablemente, quien va a pagar es el pueblo.
Porque eran 400 millones de lempiras que debieron ser destinado a obras. También hay algunos esfuerzos que debe hacer la administración. En los años terminados en 0 y 5 deben ser actualizados los valores catastrales.
Todas las municipalidades, por pequeñas que sean, son una fuente de ingreso; en San Pedro Sula, por politiquería y populismo, han pasado dos gobiernos y no han actualizado los valores catastrales. Hay que exigir y en ese sentido todos los diputados hemos elaborado un documento y le daremos seguimiento para ponerle orden a las finanzas de la Municipalidad”.
Lara agregó que se le está pidiendo a la Corporación Municipal hacer una licitación pública para una auditoría que conduzca a conocer los procedimientos de cómo se ha estado actuando y corregirlos. El Tribunal Superior de Cuentas actuaría después, mencionó. “La Corporación de San Pedro Sula ya tiene en el paquete de ayuda que aprobó el Congreso, un recurso financiero de quince millones de lempiras o menos para hacer una licitación pública”, señaló.
El diputado por Cortés Alberto Chedrani también indicó que las autoridades municipales deben hacer una reingeniería y cortar al personal que gana onerosos sueldos, sin afectar a los pobres que trabajan dignamente.
CN no aprobará contrato a Sulambiente
El Congreso Nacional no aprobará la firma del contrato entre la Municipalidad y
Sulambiente, tal como dicta la sentencia judicial.
El presidente del CN, Juan Orlando Hernández, fue enfático y aseguró que hay consenso en ese poder del Estado para rechazarlo. “Cuando la Corporación envíe ese contrato tengan la plena seguridad que vamos a actuar en consecuencia y en beneficio de lo que el pueblo se merece. Vamos a cortar de tajo con esa pesadilla que tanto daño ha generado”.
El titular del Legislativo señaló que toda la información relacionada con este embargo que enfrenta la comuna sampedrana será trasladada a la PGR y dijo que las autoridades municipales deben pasar los expedientes al Ministerio Público de mera intención. “No se puede justificar que un contrato que tenía que haber pasado por el Congreso para que fuera efectivo y después publicarse en La Gaceta ahora lo es. Ahora dicen que se publicó en una parte de La Gaceta como clasificado.
Si eso era parte esencial para que fuera válido el contrato, la lógica no está operando. No puede ser que ese tipo de cosas se queden así. Lo otro es que la comuna debe proceder a trabajar con el MP para deducir responsabilidades”, mencionó.
