La oposición al millonario centro penitenciario que aprobó el gobierno hondureño para construirse en Comayagua es generalizada.
En las últimas horas las autoridades municipales, con apoyo de la Cámara de Comercio, Cámara de Turismo y la sociedad civil rechazaron de forma enérgica la construcción del centro de reclusión.El rechazo se hizo público durante una visita que realizó el ministro de seguridad, Pompeyo Bonilla, a la comunidad, para exponer las bondades del oneroso proyecto.
La socialización de la obra se pretende ejecutar después que el Congreso Nacional de Honduras aprobó la construcción de la cárcel por un monto de 1,183,851,720 lempiras sin que se tomara en cuenta a los vecinos de la comunidad.
El plan es comprarle el predio al Banco Atlántida, mediante la modalidad de bonos por un valor de 11 millones de dólares (220 millones de lempiras). Cada manzana le costaría al Estado 354,838 dólares (siete millones de lempiras).
Es a causa se esta situación que los pobladores, sociedad civil y las autoridades locales durante la reunión dejaron constar que fueron sorprendidos con el anuncio del millonario proyecto.
Y es que de acuerdo con los pobladores, no se oponen a la construcción del local para privados de libertad sino a que se construya en un predio que de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de la comunidad, la zona es de uso habitacional.
El área contemplada para la obra es el epicentro de las urbanizaciones: Brisas de Valle, El Sauce, San Miguel 2, Los Álamos, Vista Hermosa, CGT, el Centro Universitario Regional del Centro (CURC), hoteles como el Santa María, Plaza Futura, así como varias iglesias, según la comuna.
Para las fuerzas vivas de la localidad, la habilitación de una granja penal en la zona significaría un retroceso para la ciudad y para el sistema penitenciario. También exponen que es contradictorio, que mientras otras ciudades buscan mantener a los Centros de Rehabilitación fuera del casco urbano, a Comayagua vía decreto se le imponga un proyecto al margen del Plan del Ordenamiento Territorial vigente desde hace 30 años y aprobado en un cabildo abierto.
Intervención
El alcalde Carlos Miranda dijo que como representante de los habitantes del municipio no puede estar de acuerdo con el proyecto porque perjudicará los planes de desarrollo urbanísticos con que cuentan.
“Esta corporación municipal ha sido responsable de planificar el crecimiento de la comunidad a 30 años y esa visión de hacer de Comayagua la ciudad del futuro no quisiéramos que fuese expropiada”, enfatizó Miranda.
El Plan de Ordenamiento Territorial con que cuenta Comayagua inició en 2009 y fue aprobado en 2012.
“El gobierno central aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial para que los municipios puedan organizarse, sin embargo no se pretende respetar”, manifestó
El presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Hernández, sugirió los terrenos del Centro de Experimentación de Desarrollo Agropecuario y Conservación Ecológica (CEDACE) son la mejor opción para realizar la obra de infraestructura.
“El CEDACE cuenta con casi el doble de terreno y agua suficiente para las labores agrícolas que pretenden implementar en el penal”, aseguró Hernández.
Las autoridades de la comunidad solicitaron a través de un pronunciamiento público a los presidentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, reconsiderar la decisión, pues en vez de beneficiar a la ciudad la perjudicará.
También se pidió realizar una consulta a la población para conocer si están de acuerdo con el proyecto, a través de un cabildo abierto, tomando en cuenta que en el país se habla de forma constante de plebiscito, referéndum y participación ciudadana.
Comisión
El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, justificó el proyecto en que si no construye la cárcel de inmediato el país estará sujeto a una demanda internacional.
“Honduras está amenazada en ser sancionada con el pago de 2,000,000,000 millones de lempiras si no soluciona el problema de las cárceles”, dijo el funcionario.
Al final de la reunión después de haber escuchado a todos los sectores de la sociedad, el ministro Bonilla propuso la conformación de una comisión para buscar una solución que beneficie al Estado y a la ciudad.
La comisión quedó conformada por un representante de la Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, alcaldía, la comisionada departamental y el Centro Regional del Centro (CURC).
