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Funcionario del RNP rechaza informe de corrupción del CNA

  • 22 octubre 2014 /

Gerardo Martínez expresó que el informe revelado por el Consejo Nacional Anticorrupción es falso.

Tegucigalpa, Honduras.

El subdirector técnico del Registro Nacional de las Personas, Gerardo Martínez, expresó que el informe revelado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) es falso y pidió a las autoridades que digan la verdad o que hagan una investigación real.

“El informe está lleno de incoherencias y falsedades. El CNA no me ha citado en ningún momento para pedirme información. Ni siquiera me han llamado para que les brinde declaración sobre los hechos que me imputan”, agregó Martínez.

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Sobre la compra de boletos aéreos con su tarjeta de crédito y el reembolso irregular, dijo que las realizaba vía Internet porque era más fácil adquirirlos. “Posteriormente se me reembolsaba el dinero que había pagado con mi tarjeta. El RNP no cuenta con una agencia de viajes”.

La acusación

El CNA destacó que se ha perjudicado al Estado por varios millones de lempiras debido a arrendamiento de bienes muebles de manera irregular, viáticos onerosos y contratos personales de telefonía móvil.

“El RNP asignó en 2013 L5.4 millones para gastos de viajes y viáticos. Se utilizaron 3.8 millones de los ingresos provenientes de los contratos con empresas de telefonía móvil”, explicó Dagoberto Aspra, jefe de la unidad de investigación.

La investigación señala que varios empleados no presentaron las liquidaciones de viáticos pertinentes como recibos de hotel, alimentación, transporte y movilización.

“El subdirector técnico realizó la compra de boletos aéreos con su tarjeta de crédito personal, el dinero le fue reembolsado contraviniendo procesos oficiales”, señaló Aspra.

El Registro Nacional de las Personas arrendó un inmueble en la colonia Jacaleapa que no utilizó por 10 meses.

El documento que será trasladado a la Fiscalía de la República señala entre otras cosas un irregular contrato de prestación de servicios de comunicación entre el RNP y las compañías de telefonía móvil por L8 millones, además de contratos de arrendamiento aún vigentes por más de L4 millones.