Tegucigalpa, Honduras.
La falta de transparencia sigue dominando el manejo de los millonarios recursos provenientes de la Tasa de Seguridad.
Hasta febrero de 2014, los contribuyentes hondureños aportaron más de 2,130 millones de lempiras del “tasón”, pero el detalle y desglose de esos fondos y las inversiones efectuadas sigue siendo un secreto de Estado.
De hecho la información ya no está disponible a la población ni a la prensa, puesto que la página web del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad (CTF) fue deshabilitada desde hace un par de meses, por el supuesto vencimiento del dominio de la página.
La Tasa de Seguridad es una iniciativa creada por el anterior Gobierno para fortalecer a los operadores de justicia y los cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra la delincuencia, pero se cuestiona que muchos de esos dineros se destinaron para gasto corriente.
Con motivo de la entrada en vigencia de la Ley de Secretos Oficiales aprobada por el Congreso Nacional, la información relativa a las inversiones que se realizan con el “tasón” fue declarada en reserva por el Poder Ejecutivo.
Por tal motivo, el último informe al cual se pudo tener acceso es al correspondiente al 28 de febrero del presente año, en el que se detalla que las recaudaciones acumuladas hasta ese mes ascendieron a unos 2,130 millones de lempiras.
De la recaudación acumulada al 28 de Febrero de 2014, el 70% provino de la retención aplicada a los contribuyentes en las transacciones bancarias y tarjetas de crédito, 25% del sector de la telefonía celular y el 5% restante de la minería, casinos y comidas rápidas.
De esos fondos, el CTF desembolsó entre 2012 y 2014 un total de 1,968 millones de lempiras distribuidos así: 713 millones a la Secretaría de Defensa; 636.9 al Ministerio de Seguridad; 75.1 al Ministerio Público; 59.6 a la Corte Suprema de Justicia; 45.2 a municipalidades; 249.8 a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y 184.2 millones a diversos proyectos de prevención.
Hasta febrero de 2014, se habían recaudado alrededor de 198 millones de lempiras, en el año 2012 el recaudo ascendió a 834 millones y en el 2013 se cerró con ingresos por el orden de 1,098 millones, para hacer un gran total de 2,130 millones en dos años y medio de operaciones.
Préstamos a la banca
Cabe mencionar que el CTF gestionó este año una línea de crédito con el sector financiero por el orden de 248.7 millones de lempiras, pero no se detallan los destinos de ese dinero ni la forma de pago. Asimismo, se contabilizan diferentes “inversiones” por un valor de 200 millones de lempiras y una disponibilidad de recursos para diversos proyectos por una cantidad de 217 millones de lempiras.
LA PRENSA intentó obtener una entrevista con el coordinador del CTF, Juan Ramón Molina, pero este adujo que no estaba disponible por encontrarse fuera del país y que los datos relativos a las inversiones se podían encontrar en la página web. Sin embargo, al intentar bajar la información de la página oficial se pudo cotejar que el sitio se encuentra en construcción.
Distribución de fondos
A falta de información oficial sobre el tema, LA PRENSA consultó a diferentes fuentes oficiales para conocer los montos recaudados y el detalle de las inversiones efectuadas a la fecha, pero solo se pudo tener acceso al último informe publicado por el CTF en febrero pasado.
En el documento se detalla escuetamente que parte de los fondos se destinaron a la instalación de un moderno equipo de escuchas, compra de logística para la conformación de dos batallones de la Policía Militar, la reparación de helicópteros de la Fuerza Aérea y la electrificación de Isla Conejo.
Asimismo, precisa que se financiaron por un valor de 387.4 millones de lempiras las operaciones Xatruch, Libertad y Armadillo, y otra parte se destinó a la seguridad del pasado proceso eleccionario y el inicio de operaciones de la Policía Militar y de Orden Público (PMOP).
Además se invirtieron más de 272 millones en la compra de chalecos y placas balísticas, instalación de radares para la detección de aviones y adquisición de una nueva flota vehicular para la Policía. Por otra parte, se destinaron 430.7 millones en Cámaras inteligentes, rehabilitación de helicópteros de la Policía, adquisición de equipo de telecomunicaciones, contratos de telefonía celular y remodelación de instalaciones policiales.
En remodelación y construcción de canchas polideportivas, apoyo a programas sociales y de educación, compra de uniformes e implementos deportivos se han invertido 184.2 millones de lempiras.
De todos estos proyectos solo se ofrecen datos generales y globales, pero no se proporciona el detalle de las inversiones y los renglones de destino, de modo que la falta de transparencia sigue dominando el uso de estos recursos.
Doris Imelda Madrid, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dijo que por ahora no existe una petición de reserva con respecto al manejo de los fondos del “tasón”, por lo que no se explica que dichos datos no estén disponibles a la ciudadanía o a los medios de comunicación.
Madrid dijo que cabe la posibilidad que el Gobierno se esté amparando en la Ley de Secretos Oficiales para poner en reserva los datos pormenorizados de las inversiones efectuadas con esos recursos públicos.
Con respecto, al cierre de la página web del CTF, Madrid comentó que los responsables de esa entidad comunicaron que se les había vencido el dominio y que por eso no tenían disponible la información actualizada.
Indicó que ante esa eventualidad, el IAIP está colaborando con el CTF para construirles un nuevo sitio con los dominios del instituto.
Es un insulto
Yuri Sabas, diputado liberal, dijo que es una ofensa y una falta de transparencia que se siga ocultando información sobre la Tasa de Seguridad y recordó que él pidió en el Congreso que se rindiera un informe pormenorizado del uso de esos fondos, lo cual no tuvo eco en la cámara.
Criticó que recientemente se aprobó una reforma ampliando el plazo de la Tasa de Seguridad por 10 años más, pero aún así el Gobierno no quiere rendir cuentas de eso. Indicó que el Gobierno está aplicando mal el espíritu de la Ley de Secretos Oficiales, dándole una mala interpretación para no dar la información requerida a los hondureños.
