San Pedro Sula, Honduras
El clientelismo partidario con el consiguiente aumento desmedido de la planilla laboral, los jugosos salarios devengados por activistas y recomendados políticos y los leoninos contratos colectivos de trabajo impactaron significativamente durante 2013 en las debilitadas finanzas de las empresas públicas, lo que quedó reflejado en sus liquidaciones presupuestarias.
Las estatales Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y Empresa Nacional Portuaria (ENP), esta última ahora bajo administración de un consorcio de capital filipino, han experimentado el saqueo sistemático de los gobiernos de turno y terminaron transformándose en agencias de colocación de empleo.
Dentro de este grupo se incluyen el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), la Empresa Hondureña de Correos (Honducor), el Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH) y la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), que también han sido botín de los políticos para colocar a familiares y activistas.
De todas las anteriores, Enee, Hondutel y la ENP son las más importantes y las que mayor impacto tienen en las finanzas del Estado, pues gozan de mayor presupuesto, absorben la planilla más grande y manejan rubros estratégicos de la economía como el suministro de electricidad, las telecomunicaciones y los puertos.
La situación de precariedad financiera que actualmente afrontan, la corrupción institucionalizada, las funestas administraciones, el despilfarro de recursos y el latrocinio de sus bienes tienen a estas entidades en una crisis sin precedentes.
Gasto desmedido
La Enee, Hondutel y la ENP han sido históricamente las entidades más apetecidas por los activistas y recomendados políticos por los jugosos salarios que pagan y los atractivos beneficios sociales y económicos sin parangón en la administración pública.
De acuerdo con datos recabados por Diario LA PRENSA, hasta diciembre del año pasado, estas tres estatales aglutinaban una abultada masa laboral de alrededor de 11,600 empleados permanentes y por contrato, distribuidos de la siguiente forma: Enee, 4,916 empleados; Hondutel, 5,000; y ENP, cerca de 1,771 hasta 2011.
Datos de la Secretaría de Finanzas indican que, al cierre de 2013, el impacto económico global en el rubro de “servicios personales” en la Enee, Hondutel y la ENP significó una erogación total de L4,825.5 millones en concepto de pago de planillas, horas extras y otros beneficios colaterales contemplados en sus contratos colectivos.
Solo la Enee al final de 2013 registró una erogación de L2,542.7 millones en sueldos y otros beneficios adicionales para sus más de 4,916 empleados permanentes y por contrato o jornal.
Entre tanto, Hondutel pagó un poco más de 1,562.5 millones solamente en salarios y beneficios colaterales para sus más de 5,000 empleados, mientras que la ENP gastó 720.3 millones en este mismo renglón, según consta en sus estados de resultados a diciembre de 2013. El presupuesto global de ingresos y egresos de estas tres empresas estatales ascendió a 31,702.5 millones de lempiras en 2013, de los cuales 4,825.5 millones correspondieron a gastos de personal, lo que representó un 15.2% del total presupuestado.
Contratos por negociar
En los tres casos arriba apuntados, el renglón de “servicios personales” mantuvo un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años y con proyecciones de subir en vista de que están pendientes de negociarse los nuevos contratos colectivos de trabajo.
En estas tres empresas, el sindicato y la parte patronal deberán entrar en una nueva negociación de los contratos colectivos, ya que los anteriores vencieron el año pasado. Por lo pronto han seguido vigentes los actuales acuerdos laborales, pues la ley establece que a falta de una negociación colectiva se prorroga automáticamente la vigencia de los términos prescritos en los mismos. Fuentes sindicales consultadas aceptaron que la situación económica de la Enee, Hondutel y la ENP es precaria y en este momento sería descabellado cargarlas con un nuevo contrato colectivo, aunque advirtieron que no renuncian a la posibilidad de renegociarlos, una vez que las finanzas se estabilicen.
Los sindicalistas consideran que se ha pretendido satanizar las convenciones colectivas de trabajo con el argumento de que son los principales responsables de la crisis financiera de estas instituciones públicas; no obstante, indicaron que el problema radica en la politización, la corrupción y el despilfarro que han imperado en ellas.
Jorge Murillo, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Enee (Stenee), dijo que no es cierto que los contratos colectivos sean los responsables de la crisis económica en esta y otras instituciones públicas.
El dirigente atribuyó esa situación a la politización y contratación de activistas que devengan salarios superiores a los de un empleado regular y como ejemplo dijo que un técnico entra ganando a la Enee unos 20 mil lempiras, mientras que los recomendados políticos ingresan con sueldos de entre 40 mil y 80 mil.
El caso del IHSS
Dada la precariedad financiera, la aplicación y continuidad de algunos contratos se vuelve una carga insostenible y es motivo de una revisión por las autoridades.
Uno de los casos más actuales es el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que en menos de ocho años infló su planilla al pasar de 3,000 a 6,011 empleados permanentes y por contrato, lo que genera un impacto financiero de cerca de 200 millones mensuales de lempiras.
El IHSS es considerada una institución descentralizada de servicios que se sale de la categoría de empresa pública; no obstante, su caso ha cobrado especial importancia y protagonismo debido al saqueo sistemático y al despilfarro al que fue sometido en las últimas dos administraciones. El Seguro Social posee un contrato colectivo bastante oneroso y además carga con los “exclusivos beneficios” económicos que concede a su personal médico y de enfermería, que están amparados en sus respectivos estatutos profesionales.
Los trabajadores gozan de jugosas y exclusivas prerrogativas como ajuste salarial anual, derecho a servicios médicos y quirúrgicos para sus hijos hasta los 19 años y sus parientes más cercanos que no están afiliados, tratamientos en el extranjero en caso de no existir en el país, asignación de uniformes, alimentación y retribución navideña para la directiva sindical, entre otras.
Mientras tanto, su personal médico puede retirarse voluntariamente con el pago completo de jugosas prestaciones.
En su reciente informe investigativo, la comisión interventora reveló que los contratos colectivos y estatutos profesionales son parte fundamental del agravamiento de la crisis, ya que se firman compromisos económicamente insostenibles.
Para el caso, los incrementos salariales superan el índice de inflación en 400 y 500%, además de que se realizaron incrementos selectivos al margen de la ley.
En los últimos tres últimos años se pagaron por prestaciones laborales L151.9 millones y al 31 de diciembre de 2013, por este mismo concepto se encontraban pendientes de pago L60.1 millones, correspondientes solo a 155 empleados. Similares o mayores beneficios reciben los trabajadores de las compañías de telecomunicaciones y de energía, que además del porcentaje de ajuste anual al que tienen derecho como parte del contrato colectivo, perciben bonos y salarios anuales adicionales y gozan de atención médica hospitalaria para ellos y sus familias en clínicas privadas.
Convenios políticos
German Leitzelar, exministro de Trabajo y experto en materia laboral, consideró que en el sistema de contrataciones colectivas de las empresas que pertenecen al Estado lo que ha sucedido es que las negociaciones han sobrepasado sus capacidades financieras.
“El resultado es que cuando se dan las negociaciones colectivas superan las expectativas del presupuesto y entonces los acuerdos a los que se llegan son más políticos que de análisis técnico financiero, lo que genera las crisis internas de estas instituciones”, dijo. Aclaró que no es malo que haya beneficios para los trabajadores, pero deben estructurarse y enmarcarse dentro de la realidad financiera del Estado y de los entes.
Explicó que la mayor reinversión debe orientarse a la mejora de los servicios públicos y a la salvaguarda del bien jurídico que tutela y no a alimentar la enorme burocracia y el gasto corriente.
“Cuando esos beneficios se van dando sobre cargas que exceden la parte financiera por la vía del presupuesto, implican un desequilibrio para el presupuesto de ingresos y egresos del Estado y cuando eso supera las capacidades financieras de las empresas públicas, solo queda volver más caro el servicio público, afectando a la población en general”.
Hugo Noé Pino, representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, consideró que se deben diferenciar los beneficios de los trabajadores realmente necesarios para la institución y el que devenga el personal supernumerario e innecesario.
“Cuando se habla de que los contratos colectivos les han proporcionado beneficios excesivos a los trabajadores, no creo que sea ese el caso; si las empresas e institutos tuvieran el número de trabajadores adecuados para hacerlos eficientes y rindieran al 100%, podrían alcanzar niveles más altos de efectividad y podrían financiar todos esos beneficios”.
Consideró que la politización, la contratación de personal supernumerario y la selección de cargos directivos no calificados para dirigir la organización están entre las causas principales de la crisis que afrontan las principales empresas estatales como la Enee, Hondutel y la ENP.
