El ambiente en la empacadora de camarones Ibermar (Iberoamericana de Mariscos) es de optimismo, pues la planta ha reanudado operaciones tras casi ocho meses de estar paralizada.
La camaronera forma parte del grupo estatal Hondufarms-Ibermar, pero sus trabajadores están concentrados en sacar adelante la empresa a pesar del escándalo que causó el supuesto pago de dádivas de los nuevos administradores de las fincas camaroneras a funcionarios del Poder Ejecutivo.
Los empleados trabajan hasta 12 horas diarias para evitar que el Gobierno la conceda en arrendamiento a un precio demasiado bajo, como sucedió con las seis fincas que fueron alquiladas por 500 mil lempiras al año.
En la planta ubicada en la comunidad de La Criba de San Lorenzo, Valle, hay 25 empleados permanentes y 250 eventuales.
El millón del escándalo
El grupo camaronero Hondufarms-Ibermar, que en el pasado perteneció al desaparecido Bancorp S.A (Banco Corporativo), ha estado en los últimos días en medio de la polémica por el decomiso de 1,125,000 lempiras a la señora Dinora Arambarri López, esposa de Héctor Guillén, exsecretario de Finanzas, ya que el comunicador de Choluteca, Ariel D’ Vicente denunció que ese dinero es parte de L3.2 millones pagados por los beneficiarios del contrato de arrendamiento a varios funcionarios.
El pago por el servicio de maquilado es al contado. La planta de Ibermar es propiedad de la Secretaría de Finanzas, y se estima que está valorada en L60 millones.
Operaciones
Tras ocho meses paralizada por las tomas, Ibermar reanudó operaciones el pasado 3 de julio.
La Secretaría de Finanzas nombró a Carlos Reyes como interventor de la planta, y todo indicaba que su designación era para cerrar la planta y alistarla para el proceso de subasta pública anunciada por el Gobierno.
El funcionario recibió un préstamo de cinco millones de lempiras de parte del consejo de administración, el que preside Carlos Borjas Castejón, los que fueron destinados para cancelar a proveedores, la alimentación de los técnicos que mantuvieron tomadas las fincas durante septiembre y octubre de 2011; apenas entre 5% a 10% fue invertido en la planta para reanudar operaciones.
Reyes relató que hace dos meses se trasladó desde Tegucigalpa a San Lorenzo, Valle, adonde está la planta, y consideró que la planta tiene un enorme potencial para ser explotada como parte de una plataforma de servicio para la industria de la camaricultura que opera en los departamentos de Choluteca y Valle.
El interventor de la planta manifestó que en apenas un mes de operación las ganancias para el Gobierno oscilan entre 2 y 2.5 millones de lempiras, que resultan de ingresos brutos que rondaron entre 4 y 5 millones de lempiras y que por eso es mejor que la camaronera funcione arrendada y no administrada por la Secretaría de Finanzas.
Ese resultado positivo procede del maquilado de 11 contenedores destinados al mercado de Estados Unidos, China y Taiwán, cada uno con 40,000 libras de camarón.
Ibermar cobra 45 centavos de dólar por libra de camarón procesado. Para la preparación del producto, la empacadora cuenta con tres plantas que elaboran 3,000 libras diarias de hielo.
Reyes agregó que pese a no haber procesado en el primer ciclo un tan solo gramo de camarón cultivado por los técnicos en las fincas Culcasa, C.W.Y. Camarón, Hondufarms y Exmar, la planta ha registrado resultados halagadores por las alianzas estratégicas con otras empresas como Excasur, Coexmar, Granjas Marinas y productores independientes.
El producto cosechado en las cuatro de las seis fincas propiedad del grupo camaronero fue procesado en plantas privadas, de acuerdo con lo revelado por otras fuentes de Ibermar.
El personal administrativo y operario de la planta Ibermar dice que las proyecciones de cierre son halagadoras, pues estiman que en el segundo semestre del presente año el maquilado de camarón habrá alcanzado 3.5 millones de libras, lo que le generará ganancias al Gobierno entre 8 y 10 millones de lempiras.
A declarar por caso del millón y camaroneras
Tegucigalpa. Las personas implicadas en el escándalo por 1,125,000 lempiras en efectivo encontrados a la esposa de Héctor Tito Guillén, exministro de Finanzas, y los involucrados en la denuncia sobre el arrendamiento de seis camaroneras en Choluteca comparecerán esta semana ante el Ministerio Público.
Los involucrados tendrán que declarar ante la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía de Derechos Humanos, informó Melvin Duarte, portavoz del Ministerio Público. Para la investigación de este caso se les solicitará a quienes están dirigiendo interinamente la Secretaría de Finanzas toda la información relacionada con el contrato de arrendamiento de camaroneras, En lo referente a altos funcionarios, se pedirá que decidan cuándo y dónde recibirán a los fiscales.
La Fiscalía contra la Corrupción actúa en respuesta a la denuncia del periodista Ariel D’Vicente sobre el contrato que suscribió Guillén para arrendar seis camaroneras.
Fundecima no ha dado estados financieros
La controversia continúa en torno a Fundecima (Fundación de Desarrollo Comunitario Cynthia Marina), la organización que vendió a Héctor Guillén, exministro de Finanzas, el auto en el que fue detenida su esposa, Dinora de Guillén, con más de un millón de lempiras.
La Secretaría del Interior, a través de la Ursac (Unidad de Registro y Seguimiento de las Asociaciones Civiles) reveló que Fundecima no tiene acreditados sus estados financieros como ordena la ley, ni dirección, tampoco número telefónico válido.
La fundación violó la Ley Especial de Fomento para las ONGD (Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo) al no acreditar sus estados financieros ante la Secretaría del Interior y Población, como indican sus estatutos en el artículo 44 que dice que la organización debe tener estados financieros auditados que reflejen sus ingresos, egresos y todo movimiento económico y contable.
El artículo 51 de los estatutos de la organización también establece que “la Fundecima presentará anualmente ante la Secretaría de Gobernación (ahora Interior) los estados financieros auditados que reflejen los ingresos, egresos y todo movimiento económico y contable indicando su patrimonio actual”.
De acuerdo con la Ley, la Secretaría de Interior y Población deberá proceder de oficio en contra de la Fundecima, de la cual no se tiene rastro en la geografía nacional. Las indagaciones sobre esta organización empezaron tras el escándalo de L1,125,000 encontrados en un auto en el que iba la esposa y el hijo del exministro de Finanzas.
Este vehículo fue vendido por Fundecima a Héctor Guillén.
A pesar de esta transacción, el automotor aparece a nombre de la fundación, porque el exfuncionario todavía les adeuda la mitad del costo total del carro marca Ford F-150 versión Harley Davidson valorado en L1.2 millones, según Tito Hernández, apoderado legal del director de Fundecima, Denis Figueroa.
Los miembros de la junta directiva de esta fundación son parientes de Juan Orlando Hernández, actual presidente del Congreso Nacional.
