Aunque el Gobierno ha repetido que el conflicto en el Bajo Aguán es prácticamente un caso resuelto, los hechos demuestran que nada está más alejado de la realidad que esta afirmación.
A pesar de la expropiación de tierras con que se han beneficiado varios labriegos, el problema en la zona no ha terminado y las invasiones de terrenos privados continúan, así como los hechos violentos y violaciones de la ley.
En los últimos días, dos personas, que eran labriegos, perdieron la vida violentamente; aunque aún la Policía no ha establecido si los hechos están vinculados al conflicto agrario.
Roger Pineda, director de relaciones corporativas y bancarias de Dinant, lamentó los actos violentos y dijo que la situación en la zona sigue siendo extremadamente complicada y que los terrenos en plena producción continúan siendo invadidos por los grupos campesinos.
“En cuanto al tema que tenemos con mediación del Gobierno, que era la venta de cuatro mil hectáreas al Muca (Movimiento Unificado Campesino del Aguan), estamos en los pasos finales del pago. Esperamos que en menos de 15 días ya nos hayan cancelado. Sin embargo, ha existido un recrudecimiento en las invasiones en el Aguán, pues el viernes antepasado nos sorprendió que nos ejecutaron unas órdenes de desalojo contra la empresa, promovidas por el otro grupo campesino llamado Marca, en las fincas San Isidro.
Ellos hicieron una acción legal fraudulenta en la que se demandaron entre ellos mismos y sorprendieron a las autoridades judiciales, que emitieron un fallo a favor de ellos ordenando nuestro desalojo y cancelando el título de propiedad, pero en la Corte de Apelaciones revertimos esa acción, aunque todavía no hemos podido sacar a la gente que se tomó la finca”, aseguró Pineda.
Invasiones no han parado
El ejecutivo de Dinant explicó que los muertos recientes no tienen nada que ver con su empresa.
“Esta semana tuvimos una situación en aldea Panamá, que está junto a una finca nuestra llamada Paso Aguán.
Esta gente dijo que había desaparecido un señor y responsabilizaban a nuestros guardias de esa situación. Se tomaron una carretera pública que nos permite el acceso a la finca; pedimos la colaboración de la Policía, pero los campesinos terminaron metiéndose en las fincas, le metieron fuego a una bodega, nos robaron tres tractores y toda la fruta y al día siguiente voluntariamente desalojaron la finca.
Luego se encontró dentro de nuestra finca al señor desaparecido, pero hicimos un comunicado en el que dejamos claro que no tenemos ninguna responsabilidad con esto”, agregó Pineda.
A pesar de la aclaración, los campesinos decidieron tomarse la finca por la muerte.
“Nos invadieron la finca Paso Aguán, así que tenemos, adicional a las cuatro mil hectáreas que decidimos vender unas 1,700 hectáreas tomadas, divididas en dos fincas.
Una de las fincas es la San Isidro, en la que hay 784 hectáreas; la otra es la finca Paso Aguán, que tiene mil hectáreas que invadieron hoy (ayer) la gente de aldea Panamá y entendemos que en esto hay algunos participantes de la margen izquierda del Muca”.
Los empresarios de la palma en un comunicado consideraron que es un peligroso antecedente la forma en que engañaron a las autoridades los campesinos que consiguieron obtener una orden de desalojo.
“Excooperativistas demandaron a exdirectivos aduciendo que la compraventa que se había realizado era fraudulenta.
Entendemos que los exdirectivos que participaron en el juicio dijeron que así había sido y así consiguieron que se les diera una orden de desalojo y anularon nuestro título de propiedad.
Ni siquiera nos enterábamos de esto. La venta de la que se habló es la que hicieron los miembros de la que era la cooperativa San Isidro a nosotros como empresa Dinant. Estas personas ya han tratado dos veces de anular esa venta, pero ambas veces hemos ganado”, señala Dinant en el escrito.
Pineda hizo finalmente un llamado al Gobierno para que actúe.
“Hay una escalada en las invasiones en el Bajo Aguán. Creemos que hay personas interesadas u organizaciones interesadas en crear el caos en la zona y no tienen interés en resolver la situación y provocan conflicto. Le pedimos al Gobierno que haga las investigaciones y tome las acciones necesarias para poner fin de una vez a este problema”.
Sobre los muertos
Uno de los fallecidos fue Gregorio Chávez (69), quien estuvo desaparecido unos días y fue encontrado enterrado en una finca de palma del lugar.
A Chávez le dieron muerte asfixiándolo con una bolsa plástica, que aún le cubría la cabeza. La otra víctima fue Jacobo López (30), a quien desconocidos atacaron a tiros cuando salía de su casa.
Los victimarios huyeron en un vehículo y la Policía informó que aún no se ha capturado a nadie por estos dos asesinatos.
“Es lamentable. Ya habíamos terminado este problema, pero hemos perdido a otros dos compañeros”, dijo Vitalino Álvarez, portavoz del Muca.
