“Quiero que me den un informe de todas las demandas que le tienen a su institución”, exigió ayer el presidente Porfirio Lobo Sosa en Consejo de Ministros.
El mandatario solicitó a los titulares de las Secretarías un informe detallado en el que incluyan la copia de la demanda con un resumen.
Además de quién es el abogado demandante, defensor y si hay un fallo, el nombre de los jueces.
“Es importante contrastar el monto de la demanda original con lo que les han sentenciado a pagar. Es importante que lo hagan a la brevedad posible”, señaló el Presidente.
El pedido del mandatario tiene como objeto dar a conocer, luego de análisis jurídicos, el nombre de aquellos operadores de justicia “invisibles” que desde los tribunales perjudican el tesoro nacional sin base legal alguna.
Lobo Sosa citó un ejemplo donde el Estado de Honduras fue condenado a pagar 50 millones de lempiras tras perder un caso, por una demanda que inicialmente era de tres millones de lempiras, y otro caso en el que de cinco millones de dólares progresó hasta el punto en que debieron erogarse 60 millones de lempiras.
El pasado lunes, un grupo de 24 expolicías, separados por supuestas irregularidades, presentaron una demanda contra el Estado por más de 29 millones de lempiras, alegando que les fue violentado su derecho a la defensa y el principio de inocencia.
Seguridad ciudadana
En el tema de seguridad, Pompeyo Bonilla, titular de la Secretaría de Seguridad, propuso poner en funcionamiento el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Bonilla explicó que el órgano se encargará de diseñar aspectos operativos y de ejecución para la seguridad ciudadana.
La institución también estará a cargo de dar seguimiento a la situación de criminalidad, adoptar y proponer medidas preventivas.
“Esto se hará de manera conjunta entre órganos de administración pública de los aspectos de ejecución de la seguridad ciudadana”, manifestó el titular de Seguridad.
Bonilla presentó nuevamente el decreto en el que autoriza la reforma al numeral 52 de la Política Integral de Convivencia de Seguridad Ciudadana 2011 y 2022.
El Consejo de Seguridad estará conformado por los titulares, o sus suplentes de la Presidencia de la República o secretario en el ramo, Secretarías de Seguridad, Interior y Población, Educación, Desarrollo Social, Juventud, Justicia y Derechos Humanos, Fhis (Fondo Hondureño de Inversión Social), un representante de la Federación de Patronatos de Honduras; además de un representante del Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada). otro del sector obrero, de los medios de comunicación, de la sociedad civil y un de la Amhon (Asociación de Municipios de Honduras).
También se mencionó la instalación de un comité técnico que apoyará al consejo. Las acciones estarán enmarcadas en programas como Municipio Seguro, en marcha desde 2011, y serán ejecutadas por la Policía Comunitaria.
Se sugirió la incorporación, como observador, de un participante de la cooperación internacional.
“En cada localización geográfica adonde va a estar la Policía Comunitaria tiene que ser con participación ciudadana”, indicó Bonilla.
El ministro informó que ha habido 196 muertes en los primeros cinco meses del año de 2012 comparados con 2011.
Informe de energía
En el Consejo también se presentó un informe sobre los avances de la comisión de ahorro de energía y combustible.
Samuel Reyes Rendón, designado presidencial, señaló que “podemos mencionar que se establecieron cuatro áreas: ahorro de combustible, energía, reordenamiento vial y las acciones de Gobierno, vinculados a una campaña dirigida a la población”.
Rigoberto Cuéllar, ministro de la Serna (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente) señaló que hay unas 11 instituciones del Gobierno que no han acatado las disposiciones contempladas en el plan de ahorro energético que promueve el Poder Ejecutivo con el objetivo de reducir la factura energética.
“No todas las instituciones del Gobierno han cumplido mandando el plan de ahorro. La semana pasada envié una nota a efecto de que cada ministro se asegure que sus administradores cumplan con los mandatos de este decreto”, aseveró.
Al concluir la presentación, Lobo Sosa pidió los nombres de las instituciones que no han cumplido. Se trata de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Educación, Seguridad, Injupemp (Instituto de Jubilación y Pensiones de los Empleados Públicos); Fhis, Inam (Instituto Nacional de la Mujer), el Ihnfa) (Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia), la Procuraduría General de la República, el Pronaders (Programa Nacional de Desarrollo Sostenible), el INA (Instituto Nacional Agrario) y el IHSS (Instituto Hondureño de Seguridad Social)”.
“Tienen que hacer cumplir a sus administradores este requisito”, les señaló el mandatario a los ministros.
Denuncian vulnerabilidad en sistema educativo
Marlon Escoto, ministro de Educación, denunció ayer que el sistema informático y las bases de datos son vulnerables en un 85%.
Señaló que cualquiera, desde su casa puede acceder, sustraer o agregar información a la plataforma oficial del sistema público.
Por ello, la Secretaría de Educación lanzó en Consejo de Ministro la base de datos digital del personal docente que labora en el sistema público de Honduras.
Escoto sostuvo que la publicación del registro electrónico tiene como objetivo “adecentar el sistema educativo, pues parte de la crisis está ligada a que algunos hacen uso de los recursos del Estado sin ser docentes”.
La base de datos permite la búsqueda de docentes por ubicación geográfica, centro educativo o identidad del empleado. Se detalla el departamento y municipio de Honduras, el centro educativo. También permite realizar denuncias en línea, de forma anónima.
