Entre los problemas de derechos humanos más graves de Honduras están la corrupción en la Policía Nacional, la debilidad institucional del Poder Judicial, la discriminación y la violencia contra las poblaciones vulnerables.
Estos hallazgos se desprenden de un informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos, pero la corrupción y la impunidad son calificados como los “serios problemas” dentro de la Policía hondureña, que en 2011 cometió graves violaciones de los derechos humanos, según el documento.
En el reporte también reconocen que el gobierno de Porfirio Lobo “dio importantes pasos para fortalecer el respeto de los derechos humanos y promover la reconciliación nacional, así como para enjuiciar y castigar a los oficiales que cometieron abusos”.
Sobre las violaciones, detalla las siguientes: “Agentes de la Policía y el Gobierno se vieron comprometidos en homicidios ilegítimos.
Los vigilantes y exmiembros de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo ejecuciones arbitrarias y sumarias.
Siguió habiendo informes de homicidios de trabajadores agrícolas, mientras los guardias de seguridad privada y las fuerzas de seguridad fueron relacionadas con una disputa de tierras en la región del Bajo Aguán.
Otros problemas de derechos humanos incluyen duras condiciones de reclusión, la violencia contra los detenidos, largas detenciones previas al juicio y el fracaso para proporcionar el debido proceso legal, la prostitución infantil y el abuso, la trata de personas, la aplicación de las leyes laborales y el trabajo infantil”.
También hay despilfarro
Honduras recibió en 2011 decenas de millones de dólares en ayuda del Gobierno estadounidense, que además utiliza una base militar en el país para apoyar la lucha contra el narcotráfico.
El país tuvo en 2011 el índice de homicidios civiles más alto del mundo, de 86.5 asesinatos por cada 100 mil habitantes, al que contribuyeron también “los asesinatos ilegales” por parte de los agentes policiales, criticó el texto. El informe señala, a modo de ejemplo, que a finales de agosto del año pasado las autoridades habían abierto 455 investigaciones contra policías a causa de irregularidades y violaciones de derechos humanos.
Honduras recibió 54 millones de dólares en 2011 en ayudas de la principal agencia gubernamental estadounidense, Usaid.
El país también se beneficia de la iniciativa Carsi (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central), su sigla en inglés, para la cual Estados Unidos ha comprometido 361 millones de dólares desde 2008.
Este informe de Estados Unidos reafirma la percepción de que la Policía Nacional es una institución altamente corrupta y fuertemente penetrada por el crimen organizado.
Abusos
Según el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en 2011, en Honduras existe una sistemática violación de este valor en perjuicio de la ciudadanía desde la crisis política en 2009.
“Persistió la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía, incluidas las cometidas durante el golpe de Estado de 2009. Se siguió intimidando a los defensores y defensoras de los derechos humanos”.
En el transcurso de los años posteriores, “se recibieron nuevas denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por la Policía”, cita el documento.
El informe recuerda que elementos policiales mataron a dos estudiantes universitarios en octubre de 2011 y que después de ese hecho que sacudió la sociedad comenzó un proceso superficial de depuración de esa entidad armada.
Otro cuestionamiento sobre la institución es que las jefaturas policiales se han asignado al mejor postor, es decir, al oficial que ofreciera más dinero.
Una vez en el cargo, los agentes explotaban sus “minas de oro” al aliarse con criminales para cometer actos delictivos que les dejaban importantes ganancias, dice el informe.
Suspenden audiencia de Palma y Barralaga
Tegucigalpa. La audiencia inicial a la que se presentaron, ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, Jorge Alberto Barralaga, subcomisionado de Policía, y Marco Tulio Palma Rivera, comisionado general, se suspendió porque la defensa de los imputados solicitó un recurso de excepción, denegado por el juez que conoce la causa.
Los dos altos oficiales de la Policía Nacional están siendo acusados de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios porque permitieron la fuga de cuatro policías involucrados en el asesinato de los estudiantes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22), hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, y su amigo Carlos David Pineda Rodríguez (24).
Los dos jóvenes fueron encontrados muertos en el kilómetro 21 de la carretera que conduce de Tegucigalpa al sur del país.
La audiencia empezó a las 9:00 am de ayer y a eso de la 1:00 pm hubo un receso.
Una hora más tarde, los imputados regresaron a la sala donde se desarrollaba la audiencia y debido a que la jueza denegó el recurso de excepción, la parte defensora determinó que interpondrá un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia por medio de la Corte de Apelaciones.
Con el propósito de hacer dicho trámite, la defensa tiene tres días para presentar el escrito.
Para continuar con el proceso investigativo, el Ministerio Público le pidió a la jueza que cite al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla Reyes, y que declare sobre el mismo caso como medio de prueba en el juicio.
