La finca Marañones ubicada en la margen izquierda de Trujillo, crisis en el Aguán. Una pugna que ahora tiene lugar entre los mismos campesinos, producto de una facción que inconforme con la distribución de tierras, las quiere tomar por su propia mano.
El conflicto de los dos grupos ahuyentó a por lo menos 300 familias campesinas que se vieron obligadas a salir cuando los hombres armados del otro grupo en disputa les quemó las chozas.
Pocos quedaron y los que hay no quieren hablar de lo que ocurrió. Desde la llegada del Ejército para tomar el control en la finca el viernes 13 de abril, los agitadores desaparecieron, no han regresado y ahora la zona está vigilada por los militares, quienes han instalado destacamentos permanentes dentro y fuera de la finca.
Soledad en la finca
Acompañados de un grupo de soldados del comando Xatruch II, un equipo de LA PRENSA ingresó a la finca Marañones. Allí son pocas las champas de techo de palma y con paredes de bahareque y plástico que quedan en pie. En la mayoría no vive nadie. Son espacios de unos seis metros cuadrados que ahora quedan como únicos testigos de los enfrentamientos que se libraron durante tres meses por la disputa de las tierras entre los mismos campesinos.
Los patrullajes del Ejército son constantes, contrastan con el poco movimiento de los pobladores que se desplazan a fincas vecinas en sus bicicletas y carros.
Van 12 días desde que el Ejército tomó la zona y no hay rastros de los que hicieron de este lugar, su centro de batalla en nombre de su lucha de tierras.
“La zona está estable, se acabaron los enfrentamientos y los asesinatos. Es evidente la calma y los pocos que quedaron son gente pacífica que trabaja en las fincas y unas cuantas familias que se quedaron en este lugar.
La mayoría emigró porque este lugar sólo era utilizado como centro de operaciones y fuera de la finca tienen sus viviendas. No sabemos qué rumbo tomaron, pero la tranquilidad ha retornado a esta finca”, informó uno de los oficiales a cargo del destacamento en Marañones.
Al menos seis de esas chozas fueron quemadas y muchos por no correr con la misma suerte huyeron. Los que hacen eso son agitadores inconformes por cómo se repartió la tierra luego del acuerdo firmado entre el Gobierno y varios de los terratenientes a quienes compraron las fincas y que antes padecían las consecuencias de las invasiones, que no se han frenado, afirmaron algunos campesinos que hablaron con timidez.
Acusados por usurpación
La Fiscalía de Tocoa y Trujillo ha librado entre los años 2010 y 2011, más de 10 requerimientos fiscales contra líderes campesinos, a quienes se les acusa del delito de usurpación.
Las órdenes de captura permanecen estancadas como un “acto de buena fe”, aseguran los fiscales, para evitar la hostilidad y violencia en la zona.
Ni las negociaciones ni los créditos que el Gobierno ha otorgado a los grupos campesinos han solucionado el conflicto y por el contrario, día a día la situación se agrava más, al grado que la avanzada de los invasores ya se extiende hasta Cortés y se prevé que lleguen a otras tierras para usurpar.
En el Bajo Aguán adonde ya se cuentan 52 víctimas desde que estalló el conflicto en diciembre de 2009 varias son las fincas que han sido invadidas. La ocupación ha sido progresiva y ha ido desde Nueva Suyapa, Tumbador, Santa Elena hasta la finca Bajo Aguán en Trujillo, Colón. De enero a noviembre de 2010, los campesinos tomaron como bandera de lucha la recuperación de tierras. Eso ha recrudecido el derramamiento de sangre entre guardias de seguridad, campesinos y particulares, que se convierten en blancos de un conflicto que parece no terminar.
“Los requerimientos quedaron pendientes por las negociaciones. Están vigentes por el delito de usurpación, pero no se han ejecutado porque se dio una tregua mientras se adjudican los predios que el Gobierno adquirió para los grupos en conflicto. Han transcurrido casi tres años y estamos con las manos atadas”, aseguró José Antonio Maradiaga, coordinador de fiscales en Trujillo, Colón. Lo mismo ocurre en Tocoa, Nolvia Montoya, coordinadora de Tocoa, aseguró que en las cinco fincas: Concepción, La Aurora, San Isidro, La Confianza y Lempira que pertenecen a este municipio, hay emitidas varias órdenes de captura.
“Tenemos 10 órdenes de captura pendientes por el delito de usurpación, pero están vigentes. Ahora se analiza qué repercusiones pueda tener el cumplimiento de las mismas, o qué posibilidades puede tener para paliar la crisis”, dijo Montoya. Una forma de operar de los campesinos disidentes es que no buscan tierras sin cultivar, van tras las fincas en plena producción las que una vez cosechadas son abandonadas.
Investigadores tienen miedo
Para los fiscales, las invasiones masivas que se ejecutan en el Bajo Aguán y que ahora se expanden hacia Cortés, no son nada nuevo, varios de los líderes fueron identificados en otras acciones en el occidente del país.
Con apenas tres agentes de la Más noticias relacionadas
