El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, entregó ayer al Congreso Nacional un proyecto de ley orientado a crear una comisión que intervenga, para su depuración, a la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, CSJ.
La comisión sería integrada por tres hondureños y dos extranjeros, que durante tres años procederán a la depuración de los operadores de justicia, con el afán de garantizar de seguridad y una correcta aplicación de las leyes.
La iniciativa contiene diez artículos, pero en ninguno se establece remover o suspender a las autoridades superiores de los operadores para proceder a la depuración.
Problema general
A partir de la exposición de motivos, la Policía es ahora el punto más visible del deteriorado sistema de seguridad y justicia, pero problemas similares se encuentran en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, los cuales deben ser igualmente investigados, reorganizados y depurados, para garantizar a la ciudadanía que todos los operadores cumplan sus funciones con respeto irrestricto a los derechos humanos, eficacia, transparencia y despolitización partidaria.
Agrega que en materia policial se deben ejecutar acciones mediatas e inmediatas, cuyos criterios de aplicación incluyan la no interferencia de factores partidarios, ideológicos, religiosos y sociales, dado que este es un problema que compete a todos resolverlo, con cuotas diferenciadas de responsabilidad, siendo el Estado el que debe asumir la mayor responsabilidad. El primer paso es en Seguridad.
En ese sentido, las acciones inmediatas son la depuración policial conforme a ley, la reestructuración institucional, el fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad, conducida por civiles, y el desarrollo de controles ciudadanos sobre la función estatal de seguridad pública, revisar la selección y capacitar al personal.
Las facultades
Aunque con esos fines funciona la Dirección de investigación y evaluación de la carrera policial, estas acciones de esta comisión irán a profundidad.
La propuesta le confiere al menos 18 funciones a la Comisión, entre ellas investigar a toda la estructura de la Policía, desde la cúpula hasta la base, actos de corrupción, violaciones a derechos humanos, todos los delitos y los nexos de la Policía con las estructuras del crimen organizado o cualquier estructura delictiva.
Además debe investigar la procedencia de los bienes del policía y de su familia, formular propuestas para que el MP y los órganos de investigación criminal sean herramientas efectivas en el combate al delito.
En cuanto a la integración de la Comisión, de los cinco, solo los tres hondureños tendrán derecho a voz y a voto. Los hondureños no deberán tener vínculos con la Policía ni con los militares, tener conocimientos técnicos en cualquiera de las áreas de seguridad, no tener cargos de dirección de los partidos políticos; mientras que los internacionales deben ser expertos en temas de seguridad.
Estos miembros deberán ser propuestos por los titulares del Ejecutivo, el Legislativo y la Unah, y seleccionados por el presidente del Ejecutivo.
El proyecto de ley lo entregó en pleno del Congreso Pompeyo Bonilla, el que fue acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Arturo Corrales, por la rectora de la Unah, Julieta Castellanos, y por la viuda de Alfredo Landaverde, Hilda Caldera. Fue turnada de inmediato la propuesta a la comisión de Seguridad y se le dijo al pleno que la próxima semana sesionarían para aprobarla.
El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, dijo que la ley debe formularse para resolver la difícil crisis de la Policía y analizar el desempeño de jueces y fiscales. El ministro de Seguridad admitió que la Policía tiene situaciones difíciles que no deben esconderse y deben hacerse planteamientos serios para resolverlos.
Pedirán hasta 40 años de años para femicidas
Tegucigalpa. El diputado Óscar Álvarez presentó al Congreso Nacional la reforma legal, la que establece hasta 40 años para quien cometa el delito de femicidio.
Este es un nuevo delito para las muertes violentas que se han estado dando contra las mujeres y busca, en ese sentido, frenar la ola de violencia contra las mujeres. Esta es parte del paquete de medidas de seguridad que está aprobando el Congreso a fin de controlar la desmedida violencia en el país. La enmienda está contenida en el artículo 228 del Código Penal, que en primer lugar tipifica ya el delito de femicidio, que no existe aún, y luego establece la sanción para quien lo cometa. Esta reforma fue turnada a la comisión de seguridad. De acuerdo con el artículo 1 del proyecto del ley, la intención es “reformar por adición el artículo 118 del Código Penal vigente, contenido en el Decreto 144-83”. La adición es el artículo 118, que establece que “comete el delito de femicidio quien diere muerte a una mujer por razón de discriminación de género, y que el sujeto activo tenga o haya tenido con la víctima una relación íntima, familiar, de convivencia o afines a esta o que no existiendo relación íntima, familiar o de convivencia, exista acoso o agresión sexual contra la víctima.
El delito de femicidio se penará con reclusión de treinta (30) a cuarenta (40) años.
“Todos deben rendir cuentas”: Julieta Castellanos
Tegucigalpa. La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Unah, Julieta Castellanos, dijo que después de 30 años de democracia ininterrumpida ya es tiempo de dar respuesta y con esta nueva ley de depuración se busca que todos los operadores de justicia rindan cuentas.
Dejó claro que no se trata de la intervención de un poder a otro, “se pide que den cuenta de su desempeño por la insatisfacción en los operadores de justicia, nadie debe estar por encima de ley y los funcionarios se deben a las leyes”.
Agregó que hay instituciones que tienen décadas de funcionar y no se ven resultados positivos, al contrario, son altos los niveles de inseguridad y violencia que se viven.
En estos 30 años de democracia que se cumplen justamente hoy, dijo que
hay deterioro por la disfuncionalidad institucional, probablemente la herencia sea la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Luego dijo que este año el país definirá el camino político, si deja o afianza el bipartidismo, lo que se servirá de laboratorio político a los analistas. Lo dijo en función de las elecciones primarias y las nuevas fuerzas políticas.
Luego señaló que la seguridad es un bien indelegable del Estado, y es desgarrante perder un familiar y luego la actitud del Estado en sus procedimientos. “Es despiadado cuando el Estado, siendo el que victimiza además protege a los responsables, eso no puede seguir pasando en el país, y si se puede cambiar, está en sus manos”, les dijo a los diputados en el pleno de la sesión.
Y dejó claro que no todos son responsables para los niveles de inseguridad, la responsabilidad es de quienes toman decisiones y de
quienes protegen y promueven la impunidad.
Hilda Caldera expresó que la nueva ley urge. “Quiero rogar que no me dejen sola en esta tarea, en la investigación de la muerte de Alfredo. No lloré ni cuando lo vi morir, la indignación debo transformarla en perdón y pido justicia por un ciudadano que dio su vida hasta el final”, dijo.
Detrás de la muerte de su esposo, añadió, hay mucho por detrás, por eso es importante dar con los responsables.
