El crimen de dos universitarios, uno de ellos hijo de la rectora Julieta Castellanos, desenmascaró las fechorías cometidas por un grupo de policías corruptos, causó el remezón de oficiales y puso en tela de juicio la credibilidad de toda una institución.
Evidencias científicas desnudan corrupción en la Policía
El crimen de los jóvenes Carlos David Pineda Rodríguez, 23, y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, 22, hijo de la rectora Julieta Castellanos, más las evidencias forenses que señalaron a policías como los asesinos, desató a partir del 22 de octubre, -fecha de los crímenes-, el inicio del mayor escándalo policial de la historia hondureña.
Luego de la consternación que ocasionó el crimen de los estudiantes universitarios y las dudas sobre cómo fue su muerte, la maraña que rodeaba el caso comenzó a desenredarse tras las investigaciones desarrolladas por especialistas del Ministerio Público y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El detonante del escándalo ocurrió a partir del viernes 28 de octubre cuando trasciende que policías estaban implicados en el doble homicidio y que una red criminal integrada por policías podría ser la responsable de innumerables delitos que habían mantenido de rodillas a las zonas bajo la responsabilidad de la posta de La Granja.
Se señaló a Carlos Galeas -quien ostenta el grado de subinspector- Wilfredo Figueroa, Arnulfo Padilla y Rubén Pozo, policías de la escala básica, como los sospechosos de los crímenes y los mantenían en custodia. Sin embargo, aprovechando la llegada del fin de semana los cuatro policías vinculados en el crimen de dos universitarios desaparecieron al aprovechar que la Jefatura Metropolitana, donde estaban bajo custodia, les permitió salir francos (día libre).
El lunes 31 de octubre, cuando trascendió que los policías vinculados a los homicidios no estaban, la rectora Julieta Castellanos compareció en el programa Frente a Frente adonde reveló cómo los policías, los cuatro prófugos más otros cuatro, habían asesinado a los muchachos. Tras cumplirse el plazo para la audiencia inicial, los otros cuatro implicados en el crimen fueron mandados a reclusión.
Ese día comenzó a tambalearse la estabilidad de varios jefes policiales. El entonces director de la Policía José Luis Muñoz Licona fue separado al día siguiente luego que varios de los jefes policiales a su cargo entraron en contradicciones con lo acontecido.
Su puesto lo ocupó Ricardo Ramírez del Cid. El ministro Pompeyo Bonilla oficializó otros cambios, pero la demanda de una depuración real creció al grado de reactivar el Consejo Nacional de Seguridad Interior, Conasin, y definir la elección de dos directores bajo los que recaerá la misión de sanear la institución policial.
A la par de la investigación de los crímenes también trascendió el robo de armas policiales y la comisión de otros crímenes perpetrados por policías.
La población hizo manifiesta su desconfianza hacia la Policía al grado que el Gobierno con apoyo del Congreso facultó a los militares para hacer labores policiales y brindar seguridad a una población hondureña temerosa de sus mismas autoridades.
Lobo Sosa destituye a ministros de Seguridad y al canciller Canahuati
El 10 de septiembre, el presidente Porfirio Lobo Sosa sorprendió a la población hondureña al destituir de sus cargos a piezas claves de su gobierno y de su campaña política, entre ellos el ministro de Seguridad Óscar Álvarez, los viceministros Armando Calidonio y Roberto Romero Luna, además del canciller de la República, Mario Canahuati.
La sorpresiva determinación ocurrida un sábado trascendió cuando Álvarez y Calidonio aún pensaban que seguían en sus cargos. Luego trascendió que su remoción se había dado ese sábado a las 6 de la mañana cuando Lobo oficializó al exmilitar Pompeyo Bonilla, quien se venía desempeñando como comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, al frente de la Secretaría de Seguridad.
La sacudida dentro de la Secretaría de Seguridad despertó una serie de conjeturas sobre las causas que habrían motivado al presidente de la República a quedarse con la renuncia del ahora exministro de Seguridad y sus más cercanos colaboradores. Entre estas se menciona la existencia de algunas diferencias por el anteproyecto de ley de depuración policial enviado al Congreso Nacional para facilitar la separación inmediata de cualquier policía u oficial involucrado en actos de corrupción.
Según algunas versiones, Álvarez habría enviado la iniciativa al Poder Legislativo sin antes haber hecho las respectivas consultas ante el presidente de la República.
También se mencionó que habría inconformidad en el mandatario de la República por los malos resultados obtenidos en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad y su reciente anuncio de buscar la candidatura para aspirar a la Presidencia de la República.
Álvarez fue notificado de su separación durante un encuentro privado con el titular del Ejecutivo en Casa de Gobierno.
El ahora exfuncionario se trasladó desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa, en donde se encontraba realizando actividades vinculadas a su labor como secretario de Seguridad. Trascendió que en San Pedro Sula el exministro habría sido informado sobre su separación a través del alto mando de la Policía Nacional. También fueron destituidos Nasri “Tito” Asfura del Fondo Hondureño de Inversión Social, Fhis, y el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, Oswaldo Guillén.
Pese a oposición, Enee logra apoyo del Congreso para contratar 100 megas
Aunque lo negó y afirmó ante representantes de diversos sectores del país que no se necesitaba energía térmica para responder al problema de los apagones que enfrentaban zonas como el occidente del país, el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, Roberto Martínez Lozano, cambió en pocos días su discurso y abanderó la compra de energía térmica para uno de los períodos de emergencia más largos de los que se tenga registro.
El pasado 18 de noviembre y a pesar de la oposición de gran parte de los sectores que denunciaron que lo que se necesitaba era mejorar la infraestructura eléctrica, como líneas de transmisión, el Congreso Nacional impuso su aplanadora aprobando el oneroso contrato para comprar 100 megas de energía a base de gas licuado en condiciones que aún siguen generando dudas.
Tras una larga jornada legislativa, 87 diputados votaron a favor del contrato de 100 megavatios. Los cabildeos antesd de la extensa sesión fueron intensos y hasta convocaron a los diputados suplentes para que ocuparan las curules de los titulares en caso que estos no asistieran. Así lograron aprobar el polémico contrato que “amarra” por 16 años al Estado a una empresa generadora de energía sucia, basándose en una emergencia decretada hace unos meses.
Con la venia del Legislativo, la Enee podrá acarrear con el proceso de generación de energía sucia con gas licuado; aunque el parlamentario pinuista Toribio Aguilera mencionó que la estatal no podrá cumplir con su parte y muy pronto volverá a utilizar la energía a base de diésel o búnker, cláusula que contempla el documento aprobado. Aguilera también denunció que los negociados son 150 megas y no 100.
La firma del contrato se dio entre la Empresa Nacional Eléctrica, Enee, y la compañía Wesport Finance, que según algunos diputados opositores es una “empresa de maletín”.
Gobierno ordena intervención de la Portuaria
El 1 de julio pasado, el Gobierno determinó intervenir la Empresa Nacional Portuaria, ENP, en Puerto Cortés.
La medida fue adoptada 24 horas después de que autoridades de la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, tomaran el control del puerto en una sorpresiva operación encaminada al combate del narcotráfico, contrabando, corrupción y hasta terrorismo.
En sesión de Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo acordó la creación de una comisión interventora que, del 1 de julio al 31 de diciembre del año en curso, se encargará de analizar y evaluar la actual situación de la ENP en Puerto Cortés.
El Tribunal Superior de Cuentas, TSC, intervino el año anterior la ENP para realizar una serie de indagaciones sobre posibles actos de corrupción que se habrían cometido entre el 1 de octubre de 2004 y el 31 de julio de 2009. Los interventores ya rindieron un informe de sus hallazgos, pero no se ha hecho público.
Descalabro en el Inprema; en riesgo jubilaciones de miles
Denuncias como las del exdirigente magisterial Eulogio Chávez, quien fue de los primeros en denunciar el latrocinio del Instituto Previsión del Magisterio, Inprema, por más de 1,400 millones de lempiras fueron las que motivaron al gobierno de Lobo Sosa a intervenir en un conflicto del que se habían querido desligar.
En marzo, el Consejo de Ministros aprobó la creación de una comisión para intervenir Inprema a la que encomendaron una auditoría forense en un término de 120 días. La misma fue presidida por la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Vilma Morales, y el pasado 22 de noviembre finalizó su misión concluyendo que según lo indagado hay unas 10,400 personas activas con requisitos para jubilarse y más de 23,000 cubrirán requisitos en los próximos 10 años, lo cual no es posible sostener en las condiciones de la institución.
Entre otras recomendaciones que dieron para salvar la institución sugieren que la edad de retiro debe subirse a 65 años y 25 años de aportaciones y para ello el Congreso Nacional analizaba aprobar una nueva Ley del Inprema para salvar la entidad.
Ministros de Cultura hacen públicas sus diferencias
Bernard Martínez y Godofredo Fajardo han estado todo el año en la picota pública luego de exponer abiertamente las diferencias personales y laborales que existen entre ellos.
Todo comenzó cuando Martínez, titular de la Secretaría de Artes, Cultura y Deporte no renovó los contratos del personal contratado por Fajardo, viceministro de esa cartera. Los dimes y diretes entre ambos continuaron luego que Fajardo se molestara y reclamara.
Para defenderse, el ministro alegó que para qué Fajardo necesitaba personal si se ausentaba de sus labores y sólo llegaba al trabajo para cobrar su cheque. A raíz de ello, en una ocasión Fajardo tildó de “orate” a Martínez cuando este lo señaló de haberle ofrecido 100,000 lempiras para que renunciara del cargo de ministro.
Detienen a Bélgica Suárez; la esposan de pies y manos
El miércoles 6 de julio, la modelo Bélgica Suárez, representante de Honduras en el Miss Universo, en Bahamas, celebrado en 2009, comenzó a vivir lo que serían los peores días de su vida. En esa fecha ella fue detenida cerca de El Zamorano por portar 33,000 euros, (unos 47,000 dólares), equivalentes a más de 800,000 lempiras.
La exreina apresada junto al nicaragüense Jarquín Rivera que conducía un vehículo con placas de Nicaragua. Al siguiente día, un juez le decretó detención judicial por el término de seis días para inquirirla, por lo que fue remitida al Centro Femenino de Adaptación Social, Cefas, en Támara, por el delito de lavado de activos.
El escándalo trascendió a medios internacionales, no solo por tratarse de una reina de belleza, sino por la forma en que fue sometida al trasladarla a la prisión esposada de pies y manos. El 12 de julio recobró su libertad, no así el dinero que le incautaron y que demostró que era fruto de su trabajo en Europa.
La semana pasada, el sindicato presionó a Lobo Sosa para solventar la situación y ambos fueron suspendidos. Una comisión encabezada por la designada presidencial María Antonieta Guillén investiga las denuncias en Cultura.
Álvarez denuncia que policías ayudan a operar al narcotráfico
Tras su regreso de Estados Unidos la última semana de agosto, donde tuvo reuniones sobre seguridad, el exministro Óscar Álvarez anunció que venía una depuración de la Policía Nacional y acciones nunca antes vistas.
En Washington se reunió con la secretaria de Seguridad Nacional de EUA, Janet Napolitano.
El miércoles 31 de agosto, ya en Honduras, declaró que diez oficiales de la Policía servían de controladores aéreos para el aterrizaje de narcoavionetas y hasta hizo un llamado al director de la Policía Nacional, José Luis Muñoz Licona, para “que empezara a apretar”. “Hay sospechas de varios oficiales; tenemos información de diez de ellos. Es una manera cínica de decir las cosas, pero ellos son policías nacionales y se están dedicando a hacer aterrizar avionetas con drogas. Por eso digo que son controladores aéreos que se dedican a aterrizar narcoavionetas”, señaló.
Al día siguiente, el entonces ministro de Seguridad reiteró lo que había dicho y hasta citó un claro ejemplo.
“Una avioneta cayó en la zona norte del país. Hicimos un operativo y me di cuenta que dos oficiales no pertenecían a esa departamental y estaban allí. Pedí a oficiales que están a cargo que los llamaran, ellos contestaron y colgaron. La señal del teléfono quedó marcada en esa torre donde aterrizó la avioneta. Encontramos un fichero, un vehículo, uno de los libros que utilizan para tomar notas y allí están todavía como que si nada ha pasado. Se les ha podido probar científicamente que estaban allí; pero si comienzo un proceso, puede durar un año y, si es posible, ya ni seré ministro de Seguridad”.
Las declaraciones del exministro fueron más allá al señalar que en la institución policial había hasta policías robacarros. “Hemos detectado que ciertos policías, utilizando uniformes, le están robando vehículos a la ciudadanía. Lideran bandas de policías que hacen operativos, paran a las personas y les quitan sus vehículos. Imagínese que hagan esos operativos con uniforme y chalecos amarillos: lo paran, le quitan el vehículo, el teléfono celular y lo dejan en la calle. No lo vamos a permitir”.
Álvarez hizo esos señalamientos en la misma semana en la que anunció un proyecto de ley que le otorgaría poderes especiales para separar a los miembros de la Policía que estuvieran involucrados en el crimen organizado y que para su aprobación había acuerdo en el Congreso Nacional. Sin embargo, sus declaraciones no habrían caído bien al Presidente Lobo y a miembros de la cúpula policial por lo que se planeó a raíz de sus denuncias, su salida del Gobierno.
Áfrico pretendió negarle la entrada Ricky Martin
Una de las polémicas más insólitas del año la encabezó el ministro del Interior, Áfrico Madrid, al oponerse a que el cantante de fama mundial Ricky Martin realizara su concierto en Tegucigalpa el pasado mes de octubre.
Fue hasta que el presidente Porfirio Lobo ordenó el 5 de octubre desde Washington, Estados Unidos, la autorización para que se realizara el concierto del artista puertorriqueño Ricky Martin, que le puso punto final a la controversia que mantenía Madrid. Al final, Ricky Martin presentó su show el 16 de octubre pasado.
“Ricky Martin podrá ingresar en Honduras porque es un embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef”, afirmó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.
Antes de irse, el cantante se solidarizó con los hondureños víctimas de las inundaciones y visitó Copeco donde realizó un donativo para ayudarles. Ahí dialogó con el presidente Lobo.
Polémica por rótulo gay en la Universidad Nacional Autónoma
El polémico rótulo sobre la diversidad sexual fue retirado el 22 de agosto de los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.
La pancarta con el mensaje “Vos decidís si querés comenzar a ser libre” fue ubicado en el edificio F 1 del alma máter y desde su colocación causó controversia.
El rótulo con imágenes de varias parejas del mismo sexo desató una acalorada oposición de padres de familia, alumnos y catedráticos, que solicitaron a las autoridades universitarias retirarlo antes del inicio del tercer periodo académico.
No obstante, la rectora Julieta Castellanos defendió el mensaje como parte de la tolerancia y la no discriminación que debe promover la UNAH. Meses atrás, Castellanos prohibió un oficio religioso en la máxima casa de estudios.
Los promocionales eran parte de la campaña “Vos decidís tolerar + las diferencias”, promovida por la asociación Libre Expresión y a cargo de la Cooperación Española.
Nacionalistas arman Alianza Nacionalista por la Democracia
Al menos 25 diputados nacionalistas tomaron la determinación el 28 de septiembre unificar criterios conformar una alianza parlamentaria.
Los diputados de alianza nacionalista por la democracia en el Congreso Nacional son los afines al alcalde Ricardo Álvarez, y al ministro de Soptravi, Miguel Pastor.
La fuerza legislativa, opuesta a muchas imposiciones de los pro Juan Orlando Hernández, es encabezada por el congresista Antonio Rivera Callejas. Del lado de Pastor, los miembros de la alianza son: Darío Gámez Panchamé, Huberto Gámez, Abraham Kafaty, Wilfredo Bustillo, Nora de Melgar, Mario Barahona y Vicente León. Por parte del alcalde Ricardo Álvarez participaron: Leonel Gianini, Erick Amador, Antonio Rivera Callejas, Ana Julia García, Daniel Flores, Nasry “Tito” Asfura, Walter Chávez y Lorena Herrera. También Gladys Ledezma, José Juan Rivera, Yessenia Zelaya, Francisco Argeñal, Julio Nolasco, Mario Aguilar, Hernán Hernández, Dennis Velásquez, Emérita Bardales y Milton Puerto.
Gobierno se declara en favor de apoyar a Palestina
A finales del mes de agosto, el presidente Porfirio Lobo Sosa y su decisión de respaldar a Palestina para que en su búsqueda de reconocimiento como Estado independiente ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, le trajo al Gobierno una serie de complicaciones diplomáticas.
Tras su anuncio, la reacción de la comunidad israelí fue inmediata. El embajador israelí concurrente para Honduras, Eliahu López, dijo que el apoyo de Honduras a la creación de un Estado palestino, expresado por el presidente Lobo, “es una puñalada al corazón de Israel”.
Seis líderes cristianos de los ámbitos político, religioso y económico del distrito de Belén transmitieron su pedido en una carta enviada al excanciller hondureño, Mario Canahuati, en la que le pidieron que apoye el reconocimiento del Estado palestino pronunciado por Lobo durante una visita a Perú. En el país, grupos evangélicos protestaron por el respaldo a Palestina.
