Actualmente, la edad promedio de inicio de jubilación es 50 años con una media de 22.3 años de servicio de los jubilados , pero la propuesta de un consultor de la Organización Internacional del Trabajo, Inprema y su estructura funcional.
“Si hay necesidad de hacer reformas, que se hagan. Hace años estamos pidiendo un cambio, pero los políticos no han querido porque no les conviene. Estamos pidiendo que nos regresen la casa, eso nos pertenece a nosotros, no al Partido Nacional. No privaticen la cartera crediticia del Inprema. Queremos que se sanee la institución”, aseveró.
“Piñata impresionante”
Según el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, “aquí lo que hay es un problema profundo de administración, de esa combinación de política partidista con política gremial, han hecho de piñata el Inprema”, lamentó.
El mandatario propuso sacar de la administración al Gobierno y al sector magisterial y nombrar a un técnico.
“En lo que nosotros estamos insistiendo es en sacar al Gobierno de ahí, es decir, sacarlo de la dirección, sacar a la política gremial también de la dirección y que la institución sea, como es, de los maestros, únicamente que bajo una dirección estrictamente técnica porque prácticamente este es un banco y si esto se fractura se compromete la jubilación”, subrayó el gobernante.
Lobo Sosa lamentó que en el Inprema ha habido una “piñata impresionante”, por lo que urgió al Congreso Nacional aprobar la nueva ley de la institución para implementar cambios profundos.
Sergio Velasco, consultor en Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, respaldó algunas consideraciones de la junta interventora del Inprema.
Además, emitió nuevas recomendaciones para reformar la ley y salvar del descalabro económico a esa institución de previsión magisterial.
Una nueva comisión manejará el Inprema
El Gobierno nombró ayer otra comisión que administrará de manera temporal el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, Inprema.
El organismo fue conformado en Consejo de Ministros, en sustitución de la comisión interventora que era encabezada por la titular de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, CNBS, Vilma Morales. La nueva comisión será coordinada por el asesor técnico de la CNBS, Roberto Jerez, y funcionará hasta que el Congreso Nacional, CN, apruebe la nueva Ley del Inprema. El organismo temporal estará integrado por el titular de Trabajo, Felícito Ávila; un representante del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA; un representante del Foro Nacional de Convergencia, Fonac; un miembro de la dirigencia magisterial y un representante de los maestros jubilados.
La medida fue adoptada al cumplirse el término por el cual había sido nombrada la comisión interventora del Inprema y tras un extenso debate sobre la profunda crisis por la que atraviesa la institución, que registra un déficit actuarial superior a los 79,000 millones de lempiras.
Los responsables del descalabro son los mismos dirigentes magisteriales, ya que estos han tenido el control histórico de la administración.
Crisis de Inprema: tema de prioridad nacional
El Congreso de la República declaró la crisis del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, Inprema, como un caso de prioridad nacional, por lo que su presidente, Juan Orlando Hernández, nombró una comisión para que presente el dictamen de las reformas a la ley en las sesiones de la próxima semana.
Dicha comisión se encargará de evaluar las recomendaciones de la junta interventora.
La comisión estará presidida por Edwin Pavón, quien será acompañado por los diputados Renán Inestroza, Salvador Valeriano, Orlin Solís, Claudio Perdomo, Olman Danery Maldonado, Perla Simón, Luis Berríos y Francisco Zavala Reyes.
La comisión procederá de inmediato a estudiar el documento que envió la junta interventora del Inprema para buscar opiniones técnicas con respaldo internacional que permita ir vislumbrando cuáles son las posibles rutas de solución en la crisis de ese instituto de previsión.
Hernández indicó que este problema se convierte en prioridad nacional, ya que no solo está de por medio el fruto del trabajo de miles de maestros, sino que, de no tomarse decisiones inmediatas, podría afectar a millones de ahorrantes en todo el país.
Fiscalía investigará el descalabro financiero
El Ministerio Público ante la opinión pública en general y en relación con las investigaciones que se efectúan respecto a los supuestos ilícitos efectuados en diferentes administraciones del Instituto de Previsión del Magisterio, Inprema, emitió un comunicado en el cual detalla varias aclaraciones.
La primera citada es que el Ministerio Público, entre otras competencias, tiene la obligación principal de investigar y ejercitar las acciones de naturaleza penal que correspondan, frente a violaciones de la ley que constituyan delito.
“En tal sentido, tiene que perseguir aquellas conductas que lesionen el ordenamiento penal y para este propósito debe presentar en juicio requerimientos suficientemente fundamentados en pruebas, que constaten el delito, determinen sus autores y establezcan clara y perfectamente los pormenores de los que dependa la aplicación de la pena.
La carga de la prueba de los hechos incumbe a quien la alega, es decir, al Ministerio Público”, precisaron.
Explican también que “en el proceso de investigación, los Agentes de Tribunales están ejerciendo a cabalidad la recolección probatoria de acuerdo con los resultados de los informes del Tribunal Superior de Cuentas, la comisión interventora y nuestras propias investigaciones; para este propósito se está investigando de manera minuciosa el desempeño de las distintas administraciones del Inprema, utilizando todos los elementos probatorios legales que nos permitan, con base en la razón y la experiencia, disponer con certeza de los elementos probatorios que acrediten la comisión de ilícitos penales y no solo de una inadecuada administración”.
Y por último dejaron claro que “como organismo técnico, la Fiscalía profundiza de manera objetiva, en el propósito de asegurar una correcta investigación, fundamentada en pruebas dotadas de solidez suficiente, que aseguren un éxito procesal, pudiendo la sociedad hondureña estar segura que se ejercerán responsablemente las acciones con la presentación de los requerimientos fiscales que correspondan”.
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