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Exfiscal Luis Rubí asegura que Congreso obligó su renuncia

  • 27 junio 2013 /

Roy Urtecho, fiscal adjunto del Ministerio Público, asegura que sus derechos fueron violentados.

El exfiscal general de la República, L renuncia del cargo de Fiscal General, que he venido desempeñando con el mayor empeño que permiten mis facultades y las difíciles condiciones del ejercicio del cargo”, dijo.

Añade que procuró mantener la institución libre de injerencias políticas, ajustando sus acciones a las características de profesionalidad, objetividad e independencia que le imponía la naturaleza del trabajo.

Sin embargo deplora que las últimas actuaciones del Congreso “han comprometido hasta la saciedad la independencia de la institución y han revelado una voluntad política clara para que el suscrito no continúe en el desempeño del cargo, llegando a niveles que considero intolerables para la salud institucional y mi propia dignidad personal”.

Finalmente, Rubí agradeció a los que confiaron en él y lamentó que situaciones políticas hayan deteriorado las relaciones entre un sector del Congreso y la Fiscalía General de la República.

“Violentaron mis derechos”

El fiscal general adjunto Roy David Urtecho argumentó en su carta de dimisión que su retiro del Ministerio Público obedeció a que el nombramiento de la Comisión Interventora lo despojó de sus atribuciones y violentó sus derechos como ciudadano y funcionario hondureño.

Recordó que el 11 de marzo tomó posesión de su cargo por un período de cinco años, el cual vencería en marzo de 2014.

“Durante el tiempo que me desempeñé como tal creo haber cumplido las labores a mí encomendadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley del MP, pensando siempre en los más altos intereses del país y en la lucha permanente contra la injusticia y la impunidad”, apuntó.

Urtecho recordó que el 17 de abril se nombró la Junta Interventora del Ministerio Público} que motivó la suspensión del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto e hizo imposible cumplir las funciones para las que fue electo.

“No estando conforme con tal determinación en vista de violentar mis derechos como ciudadano hondureño y como funcionario del Estado, por este medio me permito presentar con carácter irrevocable la renuncia como Fiscal General Adjunto, la cual debe ser efectiva a partir de su aceptación por el pleno legislativo”, dijo.

Agradeció la confianza depositada en él por el Congreso Nacional durante el tiempo que se desempeñó en el cargo y confió en que la persona que lo sustituya pueda desempeñarse de manera exitosa y cumpla en la lucha contra la impunidad.

Nueva estructura

El candidato presidencial del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, dijo que entiende las razones del Fiscal General para presentar su renuncia.

Añadió que el Congreso Nacional tuvo que pedir resultados y ahora se tendrá que suplir la vacante del Fiscal porque en el Ministerio Público se necesita una nueva estructura, sujeta a las pruebas de confianza y a la medición de desempeño de los funcionarios.

Hernández agregó que en cualquier dependencia, si los funcionarios no están dando resultados, se debe prescindir de ellos.

Agregó: “Tengo una marca en la frente para cierto tipo de gente”, refiriéndose a las amenazas a las que está expuesto por acciones tomadas al frente del Legislativo, particularmente las que conllevan la extradición de hondureños ligados al crimen organizado y al terrorismo.

Aseguró que las decisiones del Congreso han tenido el objetivo de devolverle la paz a Honduras, ya que había que rescatarla de un proceso que le llevaba a convertirse en Estado fallido.
Qué dice la ley

La Ley del MP establece que el Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto serán electos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, de una nómina de cinco candidatos que presente una junta proponente convocada y presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Esta junta está integrada por un magistrado del Poder Judicial nombrado por el pleno de la misma; el rector de una de las universidades que funcionan en el país, un representante del Colegio de Abogados de Honduras y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

La ley señala que la junta proponente enviará la nómina al Congreso Nacional por lo menos 30 días antes del vencimiento del período correspondiente o dentro de los 30 días de haberse producido la vacante definitiva del Fiscal General de la República o del Fiscal General Adjunto.

Piden transparencia

Josué Murillo, integrante de la Alianza por la Paz y la Justicia, demandó al Congreso Nacional transparencia en el nombramiento de las nuevas autoridades del MP.

“Queremos que todo se haga público y transparente y que la persona nombrada no responda a intereses políticos y partidarios y sea altamente calificada para dirigir los destinos de la institución”, dijo.

Lo otro es que esta coyuntura abre la posibilidad de un nuevo marco normativo que modernice el MP y que las acciones y omisiones constitutivas de delito cometidas por el Fiscal General no queden impunes.

Agregó: “Esperamos que no se le premie al fiscal Rubí con una embajada como se está rumorando ni con un puesto político. Es el momento de deducir responsabilidades contra las personas que han incumplido su deber”.

Dijo que, en el Congreso Nacional, un grupo de diputados se le acercó para decirle que a los diputados que han incumplido su deber hay que someterlos a un juicio penal, aunque en la realidad “hay un doble discurso”.

Rigoberto Chang: Niegan haber redactado renuncias

El secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo, indicó que el martes habrá sesiones de bancada y de junta directiva para analizar el contenido de las renuncias del fiscal general Luis Alberto Rubí y el fiscal adjunto Roy Urtecho.

Aclaró que esos documentos fueron ingresados a la Secretaría la tarde del martes y en ningún momento fueron redactados en el Legislativo, como se ha especulado.

“Lo que sí puedo garantizar es que aquí en el Congreso no se ha redactado ninguna renuncia porque entonces estaríamos catalogando de incapacidad al Fiscal General y al Fiscal Adjunto”, expresó Chang Castillo.

Subrayó que la decisión de nombrar a los sustitutos la tiene el plenario del Congreso. Aquí son 128 diputados que tienen diferentes maneras de pensar; unos tenían el criterio de invocar el juicio político y otros creían que no había necesidad de ese proceso. Por tanto, estas renuncias allanan el camino para nombrar nuevas autoridades o, en su defecto, ampliar el período de la Junta Interventora, afirmó.

En cuanto al procedimiento añadió que si se llega al nombramiento de nuevos fiscales, será por el período para el cual fueron electos Rubí y Urtecho.

Edmundo Orellana: “Se retorció la naturaleza del MP”

La intromisión del presidente del Congreso Nacional para nombrar fiscales de acuerdo con sus intereses y los pactos hechos por fiscales especiales con criminales hacen que el Ministerio Pública vaya “en caída libre”, advirtió el exfiscal general de la República, Ángel Edmundo Orellana Mercado.

Para Orellana, quien emprendió a inicios de la década de los 90 una persecución de violadores de los derechos humanos, lamentó que el Ministerio Público obedezca los designios emanados del presidente del Congreso Nacional. “A partir de este momento, dijo Orellana, se retorcieron la naturaleza y las funciones del Ministerio Público y esto ocurrió hace mucho tiempo. La institución va en caída libre porque ya pasó el borde del precipicio y ahora está en el abismo”, dijo.

Fue del parecer que el próximo nombramiento del Fiscal General atenderá el interés del partido político y bajo las condicionamientos de orden partidista. La institución continuará el proceso de degradación debido a la influencia que tiene el Congreso Nacional, de donde surge toda la “pudrición de este país”, dijo.

Según Orellana, quien fue el primer fiscal de la República, a todos los fiscales que han sido nombrados por motivaciones políticas les impusieron condicionamientos de acuerdo con los intereses de los partidos Nacional y Liberal.

INFORME

1 La comisión interventora reportó en su informe que el Ministerio Público está aislado institucionalmente, con una sobrecarga presupuestaria.

2 Con respecto al presupuesto se encontró un manejo inadecuado, personal nombrado sin estructura presupuestaria, uso irracional de viáticos nacionales y al exterior.

3 Aseguraron que son abundantes las partidas para justificar gastos excesivos, uso indiscriminado de carros blindados. Para el caso, en 2012 se incrementó en 1,000% el gasto en alquiler de vehículos.

4 De 2009 a 2012 se dispararon en 2,000% los gastos de representación, en tres millones de lempiras anuales, que impide dotar de insumos básicos, como papel y “toners” para impresoras.