28/03/2024
10:25 PM

Reformaron ley de tasa de seguridad para desviar fondos

El Congreso cambió la finalidad de la Ley de Seguridad Poblacional sin consultar ni anunciarlo.

Los fondos que los hondureños pagan de tasa de seguridad, imaginando que son para combatir la criminalidad y hacerle frente a la inseguridad, se utilizan para gasto corriente y pueden ser destinados para lo que el Ejecutivo estime conveniente.

Esa fue la jugada que el Congreso Nacional y el Ejecutivo hicieron al reformar la Ley de Seguridad Poblacional, cambiando el propósito del uso de estos fondos.

Muertes como la del fiscal de la Unidad contra el Lavado de Activos, Orlán Chávez, y otra serie de homicidios habrían podido evitarse si ese dinero estuviera usándose para su objetivo original.

Desde la creación de esa ley han muerto varios operadores de justicia y las muertes violentas en el país no se han reducido.

La jugada

En La Gaceta de julio de 2011, en el artículo 1, donde se establece la finalidad de la ley, dice textualmente: “La presente ley tiene como propósito establecer mecanismos de fortalecimiento de los operadores de justicia a efecto de combatir eficientemente toda amenaza a la convivencia pacífica y de seguridad personal y material de los habitantes y personas que se encuentran dentro del territorio nacional”.

Desde la vigencia de ese decreto, los hondureños comenzaron a pagar la tasa de seguridad en diferentes campos: tarjetas de crédito, envíos y giros de dinero, cable; empresas como mineras y de telefonía celular, así como otras, según ingresos, comenzaron a dar el nuevo tributo. Diversos sectores de la sociedad hicieron un llamado de alerta. La nueva tasa sería exitosa si sus fondos fueran destinados al fin anunciado: combatir la imperante violencia en el país, de lo contrario, sería dinero para campañas políticas, pago de deudas y gasto corriente.

Desde entonces, los fondos de la tasa de seguridad se han ido a las arcas del Estado, pero no se han visto resultados. Ello se reflejó en las interpelaciones de los operadores de justicia, en las que el común denominador fue no hay recursos.

Al analizar dónde está y por qué ese dinero no se usa para combatir el crimen, LA PRENSA descubrió que, tres meses después del primer decreto, el 1 de octubre de 2011, en el Legislativo se aprobaron varias reformas de esa ley. El contenido del artículo 1 fue reformado mediante el decreto 166-2011, publicado en La Gaceta el 1 de octubre del año 2011. Se modificó la finalidad de la Ley de Seguridad Poblacional. Ahora, las recaudaciones que se realizan por la denominada tasa de seguridad tienen un propósito distinto.

La norma establece: “La presente ley tiene como propósito establecer mecanismos de fortalecimiento de las finanzas del Estado”.

Para la abogada Maribel Espinoza, el problema es que, pese a la preocupación que muestran las autoridades, nadie ha informado al pueblo de que ya se reformó esa ley. “Ahora la finalidad es la de establecer mecanismos de fortalecimiento a las finanzas del Estado, con lo cual tales contribuciones de la tasa de seguridad pueden ser utilizadas para otros fines o gastos, distintos a los de mejorar el sistema de justicia en Honduras; en otras palabras van a gasto corriente”, confirmó. Espinoza lamentó que últimamente el Congreso inunda al país de leyes, “muchas de ellas inconstitucionales, con reformas constantes, derogaciones, adiciones mediante reformas y otras que al final ni siquiera se cumplen.

Lo anterior genera confusión, desconfianza, impunidad y por ello los abogados andamos siempre apurados, buscando la última reforma que hayan efectuado a las leyes y muchas de ellas son hasta contradictorias con el derecho positivo vigente.

Ese desorden recuerda lo expresado en la frase de famoso senador e historiador romano Tácito que decía ‘cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene’”, ejemplificó la abogada.

“Lo que se hizo no es correcto porque la mayoría de los contribuyentes piensan que pagamos la tasa de seguridad para combatir la criminalidad en el país, pero en realidad no hay certeza de que así sea porque se modificó la finalidad de la ley”.

Confusión

Espinoza se mostró preocupada porque en los medios de comunicación se ha difundido que el Gobierno aún no traslada a San Pedro Sula los fondos prometidos y recaudados por la tasa de seguridad, aunque esta es una de las ciudades del país que más está sufriendo los efectos de la delincuencia.

En la capital industrial recientemente se certificó el plan de seguridad y hoy pueden ya acceder a esos fondos, pero aún no existe fecha ni plazo para entregarlos, según los mismos empresarios.

Los policías han demostrado sus carencias, los fiscales y los operadores de justicia no cuentan con seguridad suficiente y en los barrios y colonias más pobres se vive en peligro de muerte todos los días.

Para Espinoza es razonable que las organizaciones civiles, religiosas y la propia Municipalidad reclamen con urgencia los fondos para la ciudad, pero ahora legalmente el Gobierno ya no está obligado a entregarlos porque cambiaron la finalidad de la ley. Para la togada es reprochable emitir una ley con el propósito de mejorar la seguridad en Honduras y que el pueblo una vez más ha sido defraudado al cambiarle, sin justificación legal, la finalidad para fortalecer las finanzas públicas.

“Las preguntas obligadas son ¿por qué no socializan esas decisiones? y ¿es que van emplear esos fondos en otras cosas?”, analizó.

“Es indignante que el propósito original de esa ley haya sido crear una tasa de seguridad para fortalecer a los operadores de justicia en la realización de sus actividades, pero al modificar la finalidad los contribuyentes han sido engañados porque el Congreso Nacional nos instó a aportar con un propósito cuya finalidad mencionamos, pero mediante una reforma el propósito ha sido modificado”.

Es lo que hay

Recaudación En 2012, según datos oficiales del Banco Central de Honduras, desde la puesta en marcha de la tasa de seguridad hasta el 31 de diciembre de 2012 se recaudaron L834,432,278.

Logística Unos 50 vehículos se han comprado para las secretarías de Derechos Humanos, Seguridad, Defensa, Corte Suprema y Ministerio Público, con una inversión de 29,300,000 lempiras.

Ley de seguridad poblacional 8 de julio de 2011

ARTÍCULO. FINALIDAD. La presente ley tiene como propósito establecer mecanismos de fortalecimiento a los operadores de justicia a efecto de combatir eficientemente toda amenaza a la convivencia pacífica y de seguridad personal y material de los habitantes y personas que se encuentran dentro del territorio nacional.