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Descabellado informe sobre ley de Conatel en Honduras

  • 26 abril 2013 /

Recomendaciones de Comisión Legislativa buscan controlar las críticas de los medios independientes.

El informe de la comisión legislativa encargada de socializar y dictaminar la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones enviado por el Poder Ejecutivo en cuatro cuerpos legales: las relacionadas al sector de las telecomunicaciones, la libertad de expresión y emisión del pensamiento, las relacionadas a medidas antimonopolio y a la Ley de Contratación del Estado.

Nuevas disposiciones

En lo que concierne al tema de libertad de expresión y libre emisión del pensamiento, se propone que el Estado defina las limitaciones a la libertad de emisión del pensamiento de conformidad con los tratados y convenios internacionales sobre la materia; además que se precisen los parámetros éticos sobre los cuales debe ofrecerse la información y que se normalice la obligatoriedad de los medios de comunicación a presentar un balance noticioso sobre información relativa a personas naturales o jurídicas.

A juicio de los juristas, esta no es más que otra forma de control sobre las informaciones que deben divulgarse, ya que cada medio de comunicación dispone por medio de sus normativas internas y sus manuales de estilo el tratamiento de la información, su cobertura y los parámetros éticos de sus periodistas; pero no es el Estado el que debe decidir o imponer esas regulaciones de orden ético.

En otro punto se establece la “responsabilidad de los propietarios y directores de medios de comunicación por los delitos contra el honor y buen nombre de las personas, cometidos por quienes usen en cualquier forma el medio de comunicación”, es decir, que si un ciudadano llama a un medio de comunicación para denunciar o criticar al Gobierno o un funcionario, el representante del medio incurrirá en responsabilidad.

“Me parece una disposición descabellada que fue redactada con cierto grado de ligereza, pues con este tipo de medida lo que van a lograr es cerrar espacios, porque no es posible que quieran transferir la responsabilidad, por el abuso o por el exceso del ejercicio de la libertad de expresión de un particular, a los propietarios o directores de medios”, explicó un experto.

Por otro lado, la comisión legislativa viene a reforzar la idea del Ejecutivo de establecer una comisión de censura, pero con un nombre diferente: “Comisión Reguladora de la Libertad de Prensa y Libre Emisión del Pensamiento”, integrada por las Iglesias, padres de familia, y las organizaciones comunitarias y comunicadores sociales.

Otra de las recomendaciones sugiere la obligatoriedad a los medios de crear un portal de transparencia en el que se ponga disposición del público la identidad del concesionario de la frecuencia y los nombres de las empresas vinculadas al medio de comunicación o al concesionario que explota la frecuencia.

Además que en el mismo se publiquen los nombres de los accionistas del medio que vayan como precandidatos o candidatos a cargos de elección popular o autoridades de una institución política, el listado de los 25 clientes más importantes compradores de publicidad o espacios pagados e informe sobre la difusión de noticias de grupos económicos, políticos o sociales a los que el medio esté vinculado.

Por último plantean que en ese portal se informe al público sobre el “compromiso de los medios de comunicación de informar a la población sobre su pertenencia o filiación a redes locales o internacionales afines a sus intereses, así como el interés que tengan en la difusión de información sus accionistas o propietarios”.
Descabellado

A juicio de Rodolfo Dumas, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Honduras, todas estas disposiciones son atentatorias a la libre expresión y vienen a reforzar las medidas de control y de censura a los medios de comunicación, contemplados en el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo.

Criticó que el Gobierno esté pretendiendo reformar la ley supuestamente para mejorar la libertad de expresión; pero hay cuatro recomendaciones de la Comisión de la Verdad que han ignorado: Las investigaciones de la muerte de periodistas, la regulación de la publicidad oficial, la eliminación del pago a medios de comunicación y agencias de publicidad y la regulación de las cadenas nacionales.