Un periodista de 46 años es uno de los miles de hondureños que han salido del país perseguido por el crimen organizado.
Esta realidad la revela el informe internacional “Desplazamiento forzado y necesidades de protección, generados por nuevas formas de violencia y criminalidad en Centroamérica”, elaborado por el Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (Cidehum).
El documento de 61 páginas revela la diáspora de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que se está dando en la actualidad a raíz de la persecución del crimen organizado y la indiferencia de los Gobiernos.
Son aproximadamente 17,000 refugiados y solicitantes de la condición de refugiado provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en Estados Unidos de América, Canadá y otros países de América Latina y Europa.
El informe llama al periodista con el nombre de Plinio por cuestiones de seguridad, padre de dos hijos varones de 10 y 15 años. Plinio salió de Tegucigalpa por amenazas directas por parte de las maras.
“Inicialmente sufrió el secuestro de su hijo menor y posteriormente asesinaron a su primera esposa. En su trabajo como periodista orientaba a los jóvenes para que no integraran los grupos de maras, lo cual no fue del agrado del crimen organizado en general”, relata el diagnóstico elaborado en 2012 a petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Por las amenazas sufridas y por el asesinato de su esposa, Plinio puso la denuncia en los órganos de la Fiscalía hondureña. Según su opinión, “en Honduras hay una organización cada vez mayor del crimen organizado, con estructuras de abogados, contadores, oficinas, maras independientes, además de la M-18 y la M-S, todo en contacto con Los Zetas. Lo que más se da es el cobro del ‘impuesto de guerra’ por parte de las maras”, manifestó Plinio en el informe.
Este hondureño refugiado comentó que en Honduras ya no hay en quien confiar, “la desconfianza y la vergüenza van desde el mismo Gobierno hasta las propias familias”, reveló en su testimonio.
Agregó que en cuanto a la labor del Gobierno, lo que realiza una administración es anulada por la siguiente; así, el Gobierno anterior tuvo una política clara con las armas de fuego de grueso calibre, por ejemplo AK-47 pagando a sus propietarios por la entrega de las mismas; pero el gobierno actual “entregó en bandeja esas armas al crimen organizado”.
Plinio expresó en el informe internacional, que en Honduras muy pocas víctimas tienen acceso a solicitar protección o poner denuncias (poco acceso a Internet, comunicación, teléfono). A esto se le suma una situación generalizada en la que nadie expresa solidaridad, por el mismo temor al crimen organizado.
“Nadie quiere saber sobre los casos de otras víctimas. Es necesario aumentar la presencia de las oficinas del Acnur en Centroamérica; si hubiera más organizaciones como ustedes, ya no habría gente en Honduras, los mareros se quedarían solos ahí”, advirtió Plinio. Según el informe, en la actualidad el periodista está en otro país como refugiado con su segunda esposa y sus dos hijos.
“Asesinaron casa por casa”
Otra de las hondureñas refugiadas en el extranjero declaró para el presente diagnóstico que fue perseguida por el crimen organizado.
Se trata de Alba de 30 años con un hijo de siete años. Según el informe, Alba vivía en Tegucigalpa con su esposo, su hijo, su suegra, cuñada y cuñado. En la comunidad en que vivían las maras empezaron a cobrar la cuota obligatoria. Cuando su familia se negó a pagar empezaron los problemas.
“La mayoría de las familias no tenían para pagar la cuota, por lo que en cuestión de dos semanas las maras fueron asesinando personas, casa por casa. Las maras acribillaban otras casas vecinas”, relató Alba. En una ocasión, Alba escuchó que tocaban la puerta de su casa, acribillaron la puerta y su esposo le pidió que se llevara al niño a la habitación más alejada”.
Los mareros entraron a la casa y asesinaron al esposo, su cuñado y su cuñada, quedando su suegra gravemente herida. Esta situación hizo que Alba se fuera de la comunidad con su hijo, en primera instancia a la casa de una hermana.
Ahí recibió amenazas de las maras, por lo que se vio obligada a salir del país. Alba salió del país con la ayuda de un coyote, cruzó la frontera y solicitó protección a los agentes de Migración; vivió una experiencia de traslado en la que no supo si el oficial iba a llevarla a un albergue o la iban a entregar a Los Zetas.
Cuando solicitó protección por la persecución de maras le dijeron que debía pagar 400 dólares para quedarse en un albergue mientras esperaba la resolución del órgano nacional”, revelan en el informe. A esta hondureña le fue aprobada la petición de refugio junto con su hijo y está recibiendo el apoyo del Acnur.
Así como estos casos documentados, la huida hondureña ha comenzado a causa de las persecuciones del crimen organizado, la impunidad en la mayoría de los casos y la indiferencia del Gobierno de Honduras al tratar este tema delicado.
El informe
Según el informe, el triángulo norte, compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras, es una de las zonas en donde más opera el crimen organizado.
“En Honduras se dan altos índices de violencia a nivel mundial, los cuales están directamente relacionados con la presencia y accionar del crimen organizado. Los datos de fuentes autorizadas concuerdan en señalar que los departamentos que presentan mayores índices de violencia y homicidios son Atlántida, Cortés, Colón, Yoro, Copán y Francisco Morazán. En la actualidad, Honduras ocupa los primeros lugares en el mundo en cuanto al índice de homicidios”, apunta el diagnóstico centroamericano.
En 2011 las estadísticas fueron de unos 86 homicidios por 100,000 habitantes.
“El crimen organizado genera altos índices de violencia y afectación hacia la población hondureña, incluyendo desplazamiento forzado al interior del país y hacia Norteamérica, además de Costa Rica. En este país, el crimen organizado se expresa de manera importante por medio de la presencia de los carteles de la droga y de las maras o pandillas organizadas”, señalan. Otro de los graves asuntos que se están dando en Honduras, según el estudio, son las extorsiones (cobro de cuotas o impuesto de guerra), las amenazas directas a la población en general, los homicidios y los secuestros, como modus operandi del crimen organizado.
“Esta situación no solamente está afectando a la población civil, sino también a autoridades gubernamentales, militares y policiales.
Al entrevistar a las autoridades concernidas se observa el reconocimiento por parte de las mismas de la capacidad del crimen organizado para infiltrarse en algunos sectores de las instituciones del Estado y sectores de las fuerzas del orden. Se observa impunidad de criminales que trabajan con el crimen organizado, a raíz de la falta de denuncia, la desconfianza y el temor a la re victimización”, agregan.
Al concluir el análisis sobre Honduras, este diagnóstico señala que el patrón del desplazamiento forzado a causa del accionar del crimen organizado no dista mucho del señalado para el caso de Guatemala y El Salvador.
“Honduras ofrece muy pocas opciones de desplazamiento forzado interno, ya que el crimen organizado se ha apropiado de gran cantidad de territorios en el país. Esto por la presencia de maras o pandillas organizadas principalmente en Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y zonas aledañas; además del accionar de los carteles de droga en Gracias a Dios y algunas zonas del occidente y noroccidente como Atlántida, Cortés, Copán y Ocotepeque”.
Perfil de los refugiados
Según los entrevistados para el informe, el perfil de los hondureños perseguidos por el crimen organizado y que ahora están refugiados en otros países son el 49% mujeres, con el 14% menores de 18 años, el 21% entre 21 y 35 años, el 14% entre 36 y 60 años.
Su principal ocupación son amas de casa, trabajadoras domésticas, comerciantes, sector informal, profesionales, fiscales, funcionarias y fuerzas del orden. Sus principales causas del desplazamiento son por extorsiones, amenazas, asesinatos de familiares, secuestros, explotación sexual comercial y trabajo forzado.
El 51% de los refugiados son hombres, el 7% de ellos son menores de 18 años, el 35% entre 18 y 35 años, el 9% entre 36 y 60 años. Sus principales ocupaciones son el sector agrícola, sector informal, comerciantes, periodistas, fuerzas del orden, fiscales y funcionarios. Su principal causa de desplazamiento también son las extorsiones, amenazas, reclutamiento forzado, asesinato de familiares y secuestro.
Arrodillados por la violencia
Al igual que Honduras, Guatemala forma parte del triángulo norte de Centroamérica y es una de las zonas más mortíferas del mundo por el tráfico de drogas y personas.
Según el estudio, el desplazamiento forzado sí existe y se está dando en su mayoría con ciudadanos de estos tres países. Guatemala concentra unos 14.7 millones de habitantes, Honduras 8.2 y El Salvador 7.3 millones.
Los departamentos de Guatemala con mayores índices de violencia según la Policía Nacional Civil son Guatemala, Escuintla, Jutiapa, Quetzaltenango, Zacapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Petén, Suchitepéquez, Huehuetenango, Chimaltenango, Izabal y San Marcos.
En el caso de El Salvador, los departamentos con mayores índices de violencia son Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Paz. “En El Salvador se está acentuando la criminalidad local por parte del accionar de las maras organizadas. ”, explica el informe.
