La instalación de cámaras de vigilancia, en diferentes calles y avenidas de la capital, se ha convertido “un acto más de corrupción estatal”.
Así lo calificó Ramón Custodio López, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Custodio admitió que la instalación de cámaras en puntos estratégicos es necesaria para la lucha contra impunidad; no obstante, considera que las mismas tendrían un mejor funcionamiento si fueran controladas por personas ajenas a la Policía.
El ombdusman señaló que la instalación de tecnología moderna, como recurso para enfrentar la violencia delictiva, es muy buena; sin embargo, cuestionó que la instalada en Tegucigalpa no se compara con el modelo de “Municipio Seguro” que se puso en práctica en Puerto Cortés.
Reiteró que el modelo instalado en la capital se volvió parte de un negociazo, un acto más de corrupción que no ha sido debidamente investigado por las autoridades competentes. “Por eso las cámaras han quedado de adorno”, cuestionó el defensor de los derechos humanos. Recomienda no entregar las llaves a quien puede corromperse.
Fueron precisamente esas cámaras las que grabaron el cruel asesinato de dos jóvenes a manos de ocho asesinos que los atacaron a mansalva, desatando la indignación de la población que exige que sus crímenes no queden en la impunidad.
Otros que las manejen
A través de un comunicado, Custodio sostuvo que la instalación de cámaras es un recurso necesario en la lucha contra la impunidad porque funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, pero que tendrían un mejor funcionamiento si no fueran controladas por policías.
Respecto a lo ocurrido en Tegucigalpa, lo calificó como el mejor ejemplo de lo que no debe hacerse. Recordó que en su momento denunció que era un acto más de corrupción, pero se llevo a cabo y no hay ningún corrupto responsable porque ni siquiera ha sido investigado por las autoridades competentes.
Medios responsables
German Enamorado, fiscal especial de Derechos Humanos, aseguró que los medios de comunicación serios y responsables desempeñan un papel fundamental para que no exista impunidad en el país.
El fiscal especial no ve que exista un complot en la labor periodística para afectar una investigación. “Yo pienso que cada comunicador social es un ciudadano que también está interesado en que se haga justicia”, manifestó.
Deploró que existe un repunte bastante considerable en cuanto a los delitos contra la vida de las personas. “Si se tiene cualquier mecanismo de obtención de información debe utilizarse para concluir las investigaciones”, expresó. En su criterio son apresuradas las aseveraciones de las autoridades de Seguridad: “No comparto”. “Los funcionarios deben ser prudentes en cuanto a sus expresiones, si eso obviamente afecta de alguna manera la sensibilidad del comunicador que únicamente obtiene la información y la transmite tal como la ha obtenido”, dijo.
“El asesinato de mis hijos no puede quedar impune”
Sandra Cruz, madre de los desafortunados jóvenes asesinados el 21 de noviembre en la colonia Soto de Comayagüela, exigió que sus muertes no queden impunes.
Cruz se comunicó ayer a uno de los programas de HCH al ver las imágenes donde asesinaron a sus dos hijos. Aseguró que los dos jóvenes eran estudiantes con excelencia académica.
“Habla la mamá de los dos jóvenes que están tirados allí. Son Jeffry Joel Canales Cruz y Pedro Yoel”, dijo con una vez entrecortada Sandra Cruz.
“Ellos eran hermanos, ellos eran mis hijos. El asesinato de mis hijos no puede quedar en la impunidad”, enfatizó la acongojada madre.
Sin embargo, reflexionó y dijo: “Yo sé que Dios y le pido a Dios que Él va a poner la mano en ellos”.
El día que Jeffry Joel y Pedro Yoel Canales Cruz fueron asesinados por ocho criminales y cuyas imágenes quedaron grabadas en una de las cámaras instaladas a inmediaciones de la entrada al Cementerio General, habían terminado el año escolar en el instituto Hibueras y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Doña Sandra manifestó que asiste a la iglesia. “Lo único que digo es que lo que hicieron con mis hijos es una injusticia”.
Ellos eran unos muchachos sanos y trabajadores que no se metían con nadie. “Ellos tenían excelencia académica y me les quitaron la vida; pero Dios va a poner la mano. Para mí es muy triste y muy doloroso lo que ocurrió con mis dos hijos”, concluyó Cruz, lamentando la terrible forma en que mataron a los muchachos.
“Por qué no se le dio seguimiento al video”
Según Matías Funes, miembro de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), conocen denuncias que las cámaras de seguridad en la capital no están funcionando.
“Se supone que la tecnología debería ser un aliado en contra de la delincuencia y a favor de la seguridad; sin embargo, hay denuncias en el sentido de que esas cámaras que están en las calles y avenidas no están funcionando.
Realmente si existe un video por qué no se le ha dado un seguimiento al caso y por qué no se ha buscado a los delincuentes. Lo que ha aflorado es que se va castigar a quienes dieron ese video a la prensa, lo cual es lamentable porque parece que aquí las personas que corren más riesgo son las interesadas en contrarrestar la delincuencia y la inseguridad”.
“Faltan respuestas firmes frente a la criminalidad”
Ana Pineda, titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, afirma que la muerte de cualquier persona es motivo de indignación y condena.
“Yo vuelvo a señalar a los entes encargados de la investigación, mejoren la investigación de estos hechos porque cuando no hay investigaciones efectivas se reproduce la violencia. Lo que estamos viendo en Honduras es una espiral de violencia posiblemente por la falta de respuestas firmes frente a la criminalidad. No conozco si se ha retenido alguna evidencia para esclarecer el caso; pero para eso hay una Fiscalía General que es la que tiene el mandato de llevar a cabo la persecución penal”, agregó.
En la capital hay 650 cámaras: Mejía
Héctor Iván Mejía, vocero de la Policía Nacional, dijo que el proyecto de las cámaras de seguridad de Tegucigalpa que forma parte del programa de “Ciudades Inteligentes”, tiene un costo de 685 millones de lempiras.
El contrato que tiene vigencia de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2013 es un esfuerzo iniciado en abril de 2011 con la instalación de los primeros equipos que consisten en 650 cámaras, 68 botones de pánico en puntos claves del Distrito Central, lectores de placas, sensores de disparos y la colocación de sistemas de GPS en unidades de reacción. De abril a septiembre de 2012 se instaló el equipo que comenzó a dar los primeros resultados positivos con la grabación e identificación de 22 casos, los mismos que están en diferentes etapas del proceso judicial.
