El negocio de litigar contra el Estado de Honduras continúa brindándoles frutos millonarios a las compañías que celebran contratos con él en varios ámbitos.
En varias secretarías de Estado casi nunca ganan las demandas. Una de ellas es la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), que en los últimos tres años ha perdido varios juicios en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo obligando a pagar al Estado 369.2 millones de lempiras.
Los archivos de la Procuraduría General de la República (PGR) -el abogado del Estado- revelan cómo Soptravi, en las últimas tres administraciones, ha faltado a una serie de cláusulas en los contratos, lo que ha llevado a varias compañías a demandar y, como casi siempre sucede, terminan ganando las millonarias demandas.
Entre los últimos casos millonarios que el Estado perdió se encuentra la demanda que interpuso Tradeco Infraestructura S.A. de C.V. por una cuantía de 194.1 millones de lempiras. Esta compañía demandó a Soptravi por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato. Está en casación, pero expertos en procuración aseguran que es caso perdido.
Otras dos demandas que Soptravi perdió son la de Sercoin S.A. por 150.2 millones de lempiras en pago de daños y perjuicios -también en casación- y la de Construcciones e Inversiones Centroamérica S.A. de C.V. (Cica) por 15.3 millones de lempiras, que se halla en apelación.
El caso Tradeco
El 20 de marzo de 2003, Soptravi y Tradeco celebraron un contrato de construcción para la ejecución del proyecto “Rehabilitación de carretera Puerto Cortés–frontera con Guatemala, sección I” por un monto original de 389 millones de lempiras a un plazo de 18 meses. Ambas partes acordaron modificar el contrato original y subieron el monto a 476.8 millones de lempiras. El 5 de septiembre de 2005 se amplió el plazo de ejecución a 28 meses con 21 días, según consta en documentación en poder de LA PRENSA.
Los trabajos debían finalizar el 31 de octubre de 2005. Gobernaba en la Presidencia de la República Ricardo Maduro y al frente de Soptravi estaba Jorge Carranza Díaz. Tradeco informó en el juicio que cuando el proyecto estaba en su fase final presentaron reclamo por el pago, de las que solo se les canceló una parte. La compañía informó a la Dirección General de Carreteras que suspendería los trabajos por falta de pago. Soptravi guardó silencio.
El 27 de septiembre de 2005, Tradeco notificó a Soptravi la rescisión del contrato con el derecho de que el Gobierno le reconociera los costos por los daños y perjuicios motivados por la causa a partir de la suspensión de los trabajos.
Defensa de Soptravi
La Secretaría, liderada por Carranza en ese tiempo, alegó que el contratista (Tradeco) desde el inicio e injustificadamente retrasó la ejecución de la obra y en su oportunidad fue confirmado y avalado por el gerente del proyecto.
“Las causas que incidieron en los retrasos del contratista fueron falta de liquidez, en los primeros 16 meses, el mayor tiempo de retraso en el pago de estimaciones fue de 18 días, en un caso de 30”, explicó en el juicio Soptravi.
El Gobierno aseguró que Tradeco siempre estuvo sin fondos económicos suficientes para continuar la obra y, por si fuera poco, el supervisor de la obra afirmó: “El demandante abandonó injustificadamente el proyecto incurriendo en la causal de incumplimiento de contrato”.
Los supuestos incumplimientos de Tradeco no fueron suficientes para que Soptravi desvirtuara en el juicio lo que acordaron en la cláusula 19 del contrato, donde mencionaron que “el contratista podrá solicitar la rescisión o la cancelación de este contrato o suspender temporalmente los trabajos sin responsabilidad alguna de su parte si el Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales”.
Declaran procedente
No solo la falta de pago en algunas estimaciones llevó a Soptravi a perder este juicio, en este caso con Tradeco, sino también el reconocimiento que hicieron al retraso en el pago de las estimaciones, por lo que hubo incumplimiento de ciertas cláusulas del contrato por una de las partes. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo declaró procedente la acción incoada por Tradeco Infraestructura S.A. de C.V. contra el Estado de Honduras por un acto emitido por Soptravi por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.
Tradeco logró a inicios de 2007 que el Estado le pagara a través de Soptravi los costos generados por caso fortuito o fuerza mayor; costos generados por equipo disponible ocioso y mano de obra inactivos; costos indirectos de obra; costos ocasionados por falta de liberación del derecho de vía; intereses generados por atraso en el pago de estimaciones; importe de las estimaciones; devolución del fondo de garantía; intereses legales y comerciales y daño emergente.
La PRG apeló y el caso está en casación. El último recurso que el abogado del Estado puede hacer es acudir antes de que se otorgue la sentencia definitiva.
Carencia de experiencia
Daniel Rivera Mena, exasesor de la Procuraduría de la República, afirmó ayer que la falta de experiencia de los abogados contratados para defender al Estado es la causa de tantas derrotas en los tribunales de justicia que le significan millones de lempiras al erario público.
Miguel Ángel Gámez, ministro de Soptravi, denunció el lunes que el Gobierno hondureño tendrá que pagarle a la empresa Elsamex 18 millones de dólares, pese a que el tramo carretero no cumple los estándares de calidad.
Rivera Mena explicó que todo empieza cuando el Congreso Nacional designa a los abogados que formarán parte de la institución, “que no son malos, pero son recomendados del presidente o del secretario” de ese poder del Estado.
Aseguró que el 20% de la deuda pública de Honduras corresponde al incumplimiento del pago de los contratos del Estado debido a la crisis financiera.
“Los muchachos no son malos. No se trata de negligencia, sino de la experiencia de conocer lo que se esconde, que no se ve, en los contratos que suscribe el Gobierno”.
Agregó que no se ha entendido la función de la Procuraduría, ya que solo escuchan lo que dice el presidente de la República, pero no se han dado cuenta de su papel de apoderado legal del Estado.
“El procurador, constitucionalmente, es el jefe legal de los presidentes de los tres Poderes, que debe ser escuchado, pero debe ser la voz de la experiencia, de la coordinación legal de las acciones, no un órgano ejecutor, pero hasta que no comprendan (no) podrán manejar bien las cosas”.
Recomendó que debe existir un departamento de consultoría para revisar las condiciones en que se pacta con las empresas para construir obras.
El jefe de la bancada nacionalista en el Congreso, Celín Discua, mocionó para citar a la procuradora Ethel Deras, que explique los detalles de la resolución con que se obliga al Gobierno a pagar por una obra mal hecha. Comparecerá en dos semanas.
“Los funcionarios son los responsables”
Debido a que el Poder Ejecutivo es el mayormente demandado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo por incumplimiento de contratos o despidos injustificados, el experto en derecho laboral y también diputado, Germán Leitzelar, manifestó para LA PRENSA que no se debe culpar al Juzgado o a los abogados de tratar de perjudicar al Estado de Honduras, sino a los propios funcionarios que no cumplen los códigos.
“Todas las decisiones que ejecutan son por criterio político partidario o de intereses que no obedecen a un equilibrio con criterio jurídico.
Todas las actuaciones ejecutadas están normalmente al margen de la ley, en especial en materia laboral y civil. No es que los abogados son buenos o que los juzgados quieren perjudicar al Estado, sino que no aplican los códigos correctamente.
Muchas veces despiden queriendo pagar las prestaciones sin recordar el principio de la estabilidad del trabajo, quieren pagar con dinero del Estado para separar personas e incorporar nuevas de sus partidos”, explicó Leitzelar.
Todas las secretarías también son demandadas por reintegro y además de eso el Estado debe pagarles los salarios que han dejado de percibir.
“En el Ejecutivo se produce el mayor despido por clientelismo político. Esto demuestra una malintencionada administración; el verdadero responsable es el funcionario.
En el caso de Soptravi hacen contratos hasta con intencionalidades y eso no está bien”, advirtió el abogado Leitzelar.
Para conocer
Las instituciones que más demandas han perdido en los últimos tres años:
• Secretaría de Seguridad: 62
• Instituto de la Propiedad: 46
• Dirección Ejecutiva de Ingresos: 42
• Industria y Comercio: 29
• Secretaría de Educación: 22
• Secretaría de Salud: 22
• Soptravi: 21
• Secretaría de R. Exteriores: 19
• Secretaría de Agricultura: 18
• Secretaría de la Presidencia: 16
• Secretaría de Finanzas: 13
• Secretaría de Gobernación: 11
• Secretaría de Recursos Naturales: 9
• Secretaría del Interior y Población: 7
• Secretaría de Trabajo: 6
• Secretaría de Defensa Nacional: 6
• Migración y Extranjería: 6
• Ministerio Público: 5
• Congreso Nacional: 3
• Secretaría de Cultura y Deportes: 3
• Empresa Nacional de Artes Gráficas: 3
• Marina Mercante: 2
• Comisión Nacional de Bancos: 2
• Dirección de Desarrollo Rural: 2
• Defomin: 2
• Setco: 2
• Dinaders: 1
• Alcaldía del Distrito Central: 1
• Programa Nacional de Prevención y Rehabilitación: 1
• Fonaders: 1
• Banco Central de Honduras: 1
FUENTE: PGR
