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L800 millones decomisados distribuyó la Oabi en 2012

  • 14 enero 2013 /

La Oficina Administradora de Bienes Incautados administra 4 millones de dólares y 12 millones de lempiras.

Más de seis millones de dólares y casi 800 millones de lempiras decomisados por las autoridades se distribuyeron en 2012 entre instituciones del Estado que La Oabi administra 4 millones de dólares y 12 millones de lempiras.

Falta de agilidad

Francisco Zavala, subdirector ejecutivo de la Oabi, explicó que uno de los problemas actuales para el aprovechamiento de bienes es que a veces las instituciones que combaten directamente el crimen organizado mantienen durante tiempo excesivo dichos bienes en estado de evidencia, o sea como valor probatorio, impidiendo que pasen al estatus de bien de valor económico relevante y se subasten o aprovechen. Incluso hay casos en que cuando finalmente deciden permitir que se proceda a disponer del dinero o bien, este ya está dañado y por lo tanto ha perdido su valor.

“Una de las problemáticas que hemos tenido es, por ejemplo, con las avionetas que están siendo manejadas como evidencia por dos y hasta tres años. Una avioneta, sin tener el adecuado mantenimiento, se destruye en ese tiempo, por lo cual estamos en pláticas con representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional para que estos procesos para levantar las evidencias sean mucho más rápidos, logrando la adecuada administración y el mantenimiento de los bienes en procura de que no se pierdan porque hay una expectativa de que los bienes puedan pasar al Estado”, indicó el subdirector ejecutivo de la Oabi.

Para agilizar este proceso se ha propuesto que, por ejemplo, en el caso que una avioneta, que podría tener dentro droga o dólares, tras ser incautada se proceda a usar los medios tecnológicos y escritos mediante actas para fijar los hechos que se pretenden probar por el órgano acusador y así, una vez que se han fijado estos hechos, ya la avioneta deje su condición de valor probatorio y pase a ser un valor económico relevante.

Las malas costumbres

En Honduras es casi un hábito que el Gobierno, sus instituciones, Municipalidades o hasta ONG usen fondos que ya tienen un fin específico para cubrir “otros gastos”; por eso, el gran reto cuando hay dinero o bienes disponibles para distribuir es garantizar que se les dé el uso adecuado y sean aprovechados para los fines con que realmente se entregan.

Zavala dijo que para contrarrestar este “hábito” inicialmente solo se le notifica al órgano beneficiario, con base en el artículo 78 de la Ley sobre Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito, que tiene una asignación contable por cierta cantidad de dinero, dependiendo de cuánto sea lo que se declaró en comiso.

Después, el órgano beneficiario está obligado a remitir un plan de inversión o de compra, que es revisado por los técnicos de la Oabi, y luego de esto puede ser aprobada o improbada, total o parcialmente, la asignación de recursos. Cuando es aprobada total o parcialmente se inicia la fase de ejecución, es decir que la Oabi autoriza que se ejecute el plan de inversión o plan de compra.

“El órgano beneficiario es totalmente independiente en su administración y responsable de los procesos de contratación que realice con base en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento. Cuando ya nos notifican quién es el adjudicatario del proceso de contratación ya sea de compra o lo que ellos definan, la Oabi procede a hacer el traslado de los fondos para cubrir la ejecución. Es decir que los fondos se entregan con base en ejecución y en etapas, parecido al proceso utilizado con las donaciones, que también son fondos extrapresupuestarios”, explicó Zavala.

Presupuesto

En noviembre de 2011, el Poder Ejecutivo aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Oabi, donde quedó constituida como un órgano dependiente de la Secretaría de la Presidencia y se establecieron todas las funciones y obligaciones de dicha institución en torno a la administración y adecuada gestión de los bienes incautados y decomisados. Esto ya se determinaba en la Ley de Eficiencia de los Ingresos y el Gasto Público.

En enero de 2012, la Oabi comenzó a funcionar como una dependencia del Poder Ejecutivo, pero, tras este paso, la institución debió trabajar todo el año anterior sin presupuesto asignado.
“Tenemos la convicción de que, dados los resultados de la Oabi en 2012, se le dará el apoyo necesario para que funcione mejor, con miras a que todos estos bienes puedan ser reutilizados en la lucha o la prevención del crimen organizado”, expresó Zavala.

Las autoridades de la Oabi señalaron que, aunque todavía no hay una cifra establecida, han “adelantado pláticas”, ya que esta institución no puede tener una planificación de cuántos serán sus ingresos, como otras instituciones, porque todo depende de lo que el Ministerio Público o el Poder Judicial puedan poner a su disposición por medio de sus órganos especializados y las incautaciones que hagan. Según dieron a conocer los representantes de la Oabi, necesitan un presupuesto fijo, que han estimado en unos 20 millones de lempiras.

Desde que la Oabi pasó al Poder Ejecutivo no ha hecho subastas de bienes, pero comenzará a hacerlo este año, cuando se apruebe el Reglamento de administración de bienes incautados y decomisados, que debe aprobar el Poder Ejecutivo.

Reducción de recursos

Con la Ley del Delito del Lavado de Activos, la asignación a favor de la Oabi era de 25%, producto de las sentencias de comiso de los diferentes casos que se sometían a los juzgados, pero luego, con la Ley de Privación de Dominio, cuando fue aprobada, se bajó hasta 8% y posteriormente se dio una reforma, donde se fijó que la Oabi solo recibiera 4%.

“Esto nos llama poderosamente la atención, ya que la Oabi debe contar con suficientes recursos para hacerles frente a sus obligaciones, pues tiene la función y la obligación de administrar avionetas, buques, lanchas rápidas, casas lujosas como las que se han visto en los últimos allanamientos, y también joyas, semovientes y cualquier otro bien que pueda servir o al que puedan acceder las organizaciones que combaten el crimen”, dijeron los representantes de Oabi.

Recibirán primer lote de joyas

Por primera vez desde que la Oabi pasó a formar parte del Poder Ejecutivo, tendrá que administrar joyas y artículos llenos de ellas.

Esto tras las inusuales incautaciones que este mes han hecho las autoridades, como un lote de armas con diseños exóticos, entre las que había un Ak-47 de oro o las fajas de este mismo material precioso y de plata encontradas en un cuarto blindado de una lujosa casa en San Pedro Sula.

Los miembros de la Oabi aseguran que están preparados para recibirlas, pues ya tienen definido el proceso de recepción de joyas.

El primer paso es enviar las joyas o los artículos hechos con material precioso a la bóveda de un banco, donde son custodiados.

Luego se contrata a un especialista, en este caso un joyero, para determinar la calidad de los materiales utilizados y las joyas y el precio de mercado. Al tener esta información se procede a subastarlo todo y la Oabi pasa a administrar el dinero. Si el juez ordena hacer una devolución, se entregará el dinero obtenido en subasta a los dueños de las joyas y los artículos que las contengan, más los intereses, pero si el juez ordena el decomiso de las joyas, se distribuirá, según la ley, el dinero obtenido en la subasta, más los intereses que haya generado en el banco.

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